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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
#LeyTelecom y representación política
Pese al discurso oficial, la ley aprobada se quedó corta para generar incentivos a un mercado verdaderamente competitivo, abandonó la idea de generar un verdadero sistema público de telecomunicaciones, dejó a un lado el derecho de las audiencias, mantuvo el castigo a radios comunitarias y permisionarios, legisló a favor de la vigilancia masiva en telecomunicaciones, geolocalización sin control judicial y retención de datos personales.
Por Antonio Martínez
10 de julio, 2014
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La nota se leía así: “En el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó con 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención la legislación por la que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. El mensaje enviado desde San Lázaro fue decepcionante y al mismo tiempo no creo que alguien haya esperado un resultado distinto.

Pese al discurso oficial, la ley aprobada se quedó corta para generar incentivos a un mercado verdaderamente competitivo, abandonó la idea de generar un verdadero sistema público de telecomunicaciones, dejó a un lado el derecho de las audiencias, mantuvo el castigo a radios comunitarias y permisionarios, legisló a favor de la vigilancia masiva en telecomunicaciones, geolocalización sin control judicial y retención de datos personales. La lógica de la ley está pensada en disminuir la capacidad de un actor dominante para generar la competencia a través de otro actor dominante. Una ley cuyo único fin (aun en ese se queda corto) es beneficiar a pocos a costa de un asunto de interés público como lo son las telecomunicaciones.

Desde la sociedad civil organizada hubieron un sinnúmero de críticas a la ley, expusieron sus argumentos en donde les fue posible, trataron de hacer una labor didáctica hacia la sociedad, pero también hacia los legisladores. Los medios, por su parte, difícilmente lograron cubrir por completo un tema tan complejo. Por un lado perdieron tiempo en entender la reforma y todas sus implicaciones a la vez que se dedicaban a reproducir boletines y declaraciones; por el otro, las demandas eran tan específicas que en un punto parecían minimizar el resto del articulado.

Sin embargo se ha reparado muy poco en el fenómeno que atestiguamos y es que se trata de uno que nos refiere al problema de representación política. Este problema se ha exhibido en distintas ocasiones en los últimos años, ya sea el voto nulo del 2009 o el movimiento #yosoy132 en el 2012; desde allí se ha denunciado una sola cosa: quienes dicen representarnos no nos representan y eso atrofia la calidad de nuestra democracia.

La votación en la ley de telecomunicaciones revela que, aún cuando los legisladores hayan tratado de escuchar las críticas ciudadanas e incluso pensar que no era buena idea votar la ley en el sentido que tenía, de todos modos lo hicieron, ¿por qué? Una manera de pensarlo es que toda representación política es ilegítima en sí misma dado que la traición es condición sine qua non a la misma. La otra manera de hacerlo es atender al diseño institucional de una democracia cuya transición fue operada por el mismo régimen que no la permitía. La primera reduce todo a pensar que la democracia o es totalmente directa o no es, la segunda, sugiere identificar al régimen actual y los mecanismos a través de los cuales se niega la acción política.

Con esto quiero decir que si la sociedad no logró influir en las decisiones del legislativo (y porque vimos a legisladores burlarse de la ciudadanía, i.e @jlozanoa) es porque la carrera política de los legisladores no depende del electorado en ninguna medida, por el contrario, depende primordialmente de las cúpulas partidistas y, sobre todo, de los poderes fácticos. Imaginemos que el senador “X” quiere ser gobernador del estado “Y”, al final del día quien puede ofrecer incentivos para que eso suceda es, precisamente, una buena exposición en la televisora que concentra más audiencia; votar en contra de ésta resulta un contrasentido para los intereses del senador “X” aunque no esté del todo de acuerdo con su voto. Dicho de otro modo, hay una privatización de lo público cuando el disenso no se procesa desde la acción política y la vía democrática sino que ese disenso es ejercido desde los poderes fácticos y atendido de manera encubierta. Ellos son los grandes electores.

El alejamiento entre representantes y representados tal vez se encuentre en el propio diseño de las instituciones políticas que “no fueron diseñadas para efectivamente representar, sino para neutralizar; no para permitir la acción política, sino para crear vetos contra ella” (Atria, Larraín, Benavente, et al.), así estos vetos se encuentran de manera constante y vertical en el diseño interior del congreso y los partidos y en las puntas de las pirámides de manera horizontal con los otros entes de poder, real o factual. Entonces, ¿nos “dobló” televisa (para parafrasear una impresentable columna de Rubén Cortés)? Sí, sin duda. Si pensamos que lo hizo porque nuestros legisladores nos traicionaron quizá nos estemos equivocando y con ello omitimos —o por lo menos no enfrentamos— una batalla mucho más grande e importante: la de rediseñar nuestro arreglo político y recuperar el llamado “régimen de lo público”.

 

@antoniomarvel

 

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