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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
Periscopear no es transparentar
Los ciudadanos pueden filmar abusos de las autoridades, las autoridades no pueden hacer lo mismo con los ciudadanos.
Por Antonio Martínez
24 de febrero, 2016
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Un agente del gobierno filma a las personas mientras hacen actos presuntamente ilegales. Las personas sin ningún tipo de proceso que lo acredite son exhibidas públicamente por las autoridades a través de redes que llegan a cientos de miles de usuarios. El funcionario piensa que está haciendo su trabajo, que la tecnología, de hecho se lo está facilitando; quienes son exhibidos reclaman una intromisión excesiva a su privacidad amplificada por la tecnología.

Estoy hablando de Arne Aus Den Ruthen Haag, city manager de la Delegación Miguel Hidalgo y del operativo #vecinogandalla que ha ridiculizado a vecinos de la delegación (donde vivo) en aras de cumplir la ley.

Una persona mientras camina por la calle observa que un policía o cualquier otro funcionario público abusa de la ley. Para documentar el abuso de autoridad registra en video lo ocurrido, el policía o funcionario amedrenta a la persona, «no puede grabar», «es ilegal», «déme su cámara», en algunos casos quien documentaba estos abusos acaba detenido por eso.

Ambos casos ponen –en apariencia– la rendición de cuentas en ángulos opuesto. En ambos casos interviene la tecnología: en un lado para vigilar (o ridiculizar), en el otro para denunciar. En ambos casos es evidente que la legislación u ordenamientos administrativos han sido rebasados por la tecnología. En ambos casos se crea una sensación de que se diluyen y fusionan los límites entre lo privado y lo público.

La tecnología va más rápido que la ley, sí; el antídoto es verlo a través de los derechos humanos. El asunto aquí tiene que ver con la privacidad de las personas.

El funcionario público:

Cualquier persona con un grado de autoridad tiene un estatus jurídico distinto. De acuerdo al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le mandata, mientras que el ciudadano podrá hacer todo aquello que no esté prohibido. Las nuevas capacidades tecnológicas alteran este principio. Por ejemplo, como lo ha hecho Arne, se puede decir que filmar ciudadanos es parte de cumplir con el «principio de máxima publicidad»; esto es, que los actos de gobierno puedan ser accesibles por la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de formatos. En el caso en particular es dudoso: 1) que se trate de un acto de gobierno en sentido estricto, 2) que esté sustentado en la norma y que ordene a la autoridad actuar de «x» o «y» forma y 3) que esté en internet no lo hace público.

En la práctica, lo que hacen este tipo de funcionarios no se diferencia de la vigilancia masiva gubernamental a través de video vigilancia o software de intervención de comunicaciones. La diferencia, claro, es que el acto es ejecutado «en vivo» por una persona, estos dos elementos «en vivo» y «por una persona» generan la ilusión de transparencia que esconde un acto ilegal por parte de la autoridad al violar la privacidad de las personas.

En el caso del uso de Periscope a diferencia de otro sistema de almacenamiento es su carácter de efímero y que como dice sus términos de servicio “Usted entiende que a través de su uso de Periscope que acepta la recopilación y uso de esta información, incluyendo la transferencia de esta información a los Estados Unidos y / o otros países para el almacenamiento, el procesamiento y el uso de Twitter, Inc.», la pregunta es: ¿los afectados también dan este consentimiento? ¿Se les pregunta? Hasta ahora hemos podido constatar que no.

Las personas:

Si una persona comete un acto ilegal o una falta administrativa, las autoridades tienen la obligación de cumplir un proceso para sancionarla. En el cumplimiento de este proceso descansa la relación entre sociedad y gobierno, cumplirlo significa garantizar plenamente los derechos de quien comete la falta frente a los posibles abusos de autoridad. El proceso pues no es un asunto accesorio. Es por ello que, como indica el artículo 16 constitucional, «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento».

Las personas, por el contrario, tienen la prerrogativa de fiscalizar por cualquier medio a la autoridad: grabar los abusos de autoridad es una de estas. No solo eso, si las personas son violentadas en su privacidad por una autoridad, deben poder tener acceso a la información recopilada por la autoridad en todo momento y poder apelarla, en su caso, en la autoridad competente (de esto también se trata el principio de máxima publicidad).

Conclusión

Los ciudadanos pueden filmar abusos de las autoridades, las autoridades no pueden hacer lo mismo con los ciudadanos. La relación asimétrica de poder y la violación a la privacidad, inhibe la libertad de las personas al tiempo que desafía el cumplimiento de cualquier proceso que garantice los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, habría que preguntarse ¿qué hace la autoridad con los datos que recaba mediante estos operativos? ¿Qué hacen los terceros con estos datos e imágenes? (Podríamos hablar de que la autoridad, al exhibir datos como placas y rostros, ponen en peligro la integridad de las personas a quienes deben cuidar) ¿Qué defensa tienen las personas frente a estos actos? ¿Cómo pueden repelerlos? ¿Cómo reparará la autoridad el posible daño a las personas exhibidas?

 

@antoniomarvel

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