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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
Ya tenemos a Mubarak, sólo nos falta la Plaza Tahrir
No estamos en medio de una revolución evidente, quizá sí de una resistencia silenciosa. No llevamos un gobierno cuyo presidente ha ocupado el cargo los últimos 30 años como Mubarak, pero nuestro sistema político que transitó de la autocracia (1929-1997) a la democracia procedimental, lo ha hecho lento y sin renovar del todo las instituciones que conforman nuestro pacto social. Los informes de Human RightsWatch de México y Egipto sugieren que aquí el Estado violenta tantos derechos como allá.
Por Antonio Martínez
2 de abril, 2014
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Desde finales del año 2010 y durante todo el 2011, el mundo volteó a Medio Oriente. El 18 de diciembre de 2010 en Túnez comenzó la Revolución de los Jazmines tras la auto inmolación de Mohamed Bouazizi. La resistencia civil y las protestas en las calles acabaron con la huida del expresidente Zine El Abidine Ben Ali, la desestabilización política y una disputa por el poder e imaginación de un nuevo país que subsiste actualmente.

Algo similar sucedió en Egipto. Las protestas de enero de 2011 y la toma de la Plaza Tahrir por semanas acabaron por el derrocamiento de Hosni Mubarak, quien se mantuvo 30 años al frente del gobierno egipcio. Me detengo en Egipto. El 27 de enero de 2011, cuando la resistencia se encontraba en su punto más álgido, Hosni Mubarak cortó las telecomunicaciones (servicios de telefonía celular e internet) en todo el país.

¿Cómo hizo Mubarak para lograrlo? Revisemos el contexto. Para el 2011, según el reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Egipto tenía una penetración del internet de 15.4%, lo que lo colocaba por encima de la mayoría de los países africanos. Asimismo, a diferencia de la mayoría de los países árabes, Egipto liberó los servicios de Voz sobre IP (VoIP),  también llamada telefonía por internet. Existían más de 200 operadores de servicios de internet y datos, haciendo de Egipto uno de los países con las tarifas más bajas de África. El gasto para el crecimiento de las tecnologías de la información creció de 9.8 mil millones de dólares en 2008 a 13.5 mil millones proyectados para ese año.

La legislación egipcia, desde el año 2008 dio potestad al Estado para solicitar a los proveedores de servicio de internet la suspensión de las comunicaciones y a éstos la obligación de cumplir. Cuatro son los proveedores que controlaban en ese momento más de 90% del tráfico de internet  e infraestructura de datos y telefonía móvil en Egipto: Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt y Etisalat Misr; tal como explicó Vodafone, en cumplimiento de la ley los proveedores de servicio de internet, estaban obligados a atender la petición del gobierno de suspender las comunicaciones.

El resto es historia.

Ahora analicemos el proceso: el parlamento egipcio pasó una ley que ensanchaba el poder de control del Estado sobre internet y las telecomunicaciones; esto la hace —formalmente— una norma legal y legítima (en tanto que transitó por el proceso legislativo). El Estado, por su parte, no dudó en usar esta facultad cuando la crisis, que puso en aprietos al gobierno, se encontraba en su punto más alto. Podemos decir que cuando la norma no incluye contrapesos, es decir, cuando parte de una fe ciega en el Estado (deformando el contrato social), es el propio Estado, a través del gobierno, quien abusa de sus poderes.

Egipto cuenta con un sistema de internet donde pocos competidores concentran casi todo el universo de usuarios y la penetración de los servicios está localizada en las ciudades más grandes (El Cairo, Alejandría, Guiza, Puerto Saíd y Lúxor). En algún lugar este esquema suena parecido: en México.

No estamos en medio de una revolución evidente, quizá sí de una resistencia silenciosa. No llevamos un gobierno cuyo presidente ha ocupado el cargo los últimos 30 años, pero nuestro sistema político que transitó de la autocracia (1929-1997) a la democracia procedimental, lo ha hecho lento y sin renovar del todo las instituciones que conforman nuestro pacto social. Los informes de Human RightsWatch de México y Egipto sugieren que aquí el Estado violenta tantos derechos como allá (pese a que aquí llevemos años de estabilidad e instituciones).

Dar potestades a un gobierno sin contrapesos es una mala idea aquí como lo fue allá.

La iniciativa para la ley secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo al Senado apunta en dos sentidos: ampliar las capacidades de control del Estado en materia de telecomunicaciones y generar un esquema donde ganen los actuales beneficiarios del modelo imperante. Como ejemplo de lo primero se encuentran las disposiciones para “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes” (art. 197), así como las disposiciones de geolocalización en tiempo real y retención de datos. Como ejemplo de lo segundo se encuentra el aplazamiento de la transición digital, la renuncia por generar, de una vez por todas, un sistema de medios públicos, y la transferencia de facultades del IFETEL a la SEGOB se encuentra en la intersección de ambos.

Esto debería de importarnos: estamos frente a una reforma que apuesta por el control y no por la distribución de la información. Internet es una infraestructura que conecta personas, es una comunicación de muchos para muchos; esto cambió el paradigma de los medios masivos de comunicación por medios sociales. En México, los medios tradicionales de comunicación han abandonado su función de interés público, así, la comunicación que fluye en la red es fundamental para zanjar los vacíos de información.

Con un internet controlado por el gobierno éste se convierte en filtro y censor, así se perdería el contrapeso a la “verdad oficial”, a la retórica de la salvación y el elogio del consenso. La transmisión de información por internet ha servido para reportar abusos. De perderse esta posibilidad, se nubla nuestro camino a una sociedad más democrática. Pensemos en los abusos de las autoridades contra manifestantes, en las agresiones contra periodistas, en los tuiteros terroristas, en los partos en la intemperie, en los casos de discriminación. Todo eso se esfumaría al contravenir los intereses del gobierno.

El artículo 197 de esta ley secundaria no es distinto al que usó Mubarak aquel 27 de enero. El panorama, tampoco. Enrique Peña Nieto, a la Mubarak, se arroga de facultades de las que fácilmente puede abusar: la desconexión, una red no neutral y la vigilancia masiva. En otras palabras, EPN piensa en un país en el que pueda desconectar a cualquiera, definir qué puede o no ser transmitido por internet, y en el que todos son sujetos de intromisión por parte del gobierno. ¿Es ese el mismo país que tú piensas?

 

@antoniomarvel

 

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