Autonomía política y operativa de las Fuerzas Armadas
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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Autonomía política y operativa de las Fuerzas Armadas
¿Cuál fue, es y será la relación entre la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas en México? Acaso jamás lo sabremos en términos precisos, habiéndose construido una barrera política y social que, bajo el paraguas narrativo de la seguridad nacional, exime a las instituciones militares de la deliberación pública y la fiscalización eficaz sobre ellas.
Por Ernesto López Portillo
4 de abril, 2022
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Vaya paradoja, exactamente cuando más logramos saber sobre qué hicieron la Sedena y la Semar en torno a la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa y la posterior investigación, es a la vez cuando mejor confirmamos el tamaño de la opacidad de esas instituciones. La decisión de López Obrador a favor de la transparencia de esas instituciones constituye un logro democrático de la mayor relevancia; el desafío, sin embargo, lo trasciende a él mismo ya que como lo han dicho miembros del GIEI, la auténtica rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas debe trascender a las personas e institucionalizarse.

Cuando el GIEI nos informa que al propio presidente le costó trabajo lograr que la Sedena y la Semar compartieran la información solicitada, y que de hecho el Ejecutivo Federal no ha logrado que se entregue todo lo que se ha pedido, se desnuda, al menos en parte, la verdadera relación entre aquél y éstas.

En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX llevamos más de tres años pidiendo información a la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional y podemos confirmar un déficit estructural de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las tres instituciones (la evidencia al respecto es amplia y se puede ver en múltiples documentos aquí).

Si las instituciones castrenses pueden retrasar o negar la entrega de información ante una orden presidencial o funcionar por debajo de los estándares mínimos de transparencia, por ejemplo, en materia de uso de la fuerza, es porque el sistema político así lo tolera.

En la investigación comparada internacional sobre la reforma policial democrática se tiene bien claro que es imposible que los mandos sepan todo lo que hacen las personas subordinadas, especialmente durante el despliegue operativo. Ahí está el dolor de cabeza mayor del diseño y quehacer policial en los regímenes democráticos: cómo lograr el verdadero control del desempeño. Y sucede exactamente lo mismo sobre los militares cuando asumen funciones policiales. La teoría y el derecho exigen la aplicación de los mismos estándares de control, en especial sobre el uso de la fuerza.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez  ha dado a conocer una síntesis del informe III del GIEI y, habiendo mirado a profundidad todos los hallazgos y jugando un rol protagónico en la defensa de las víctimas, esa organización se hace la pregunta fundamental: “Si el Ejército y la Marina ignoraron un decreto presidencial que les obligaba a entregar información, no puede dejar de preguntarse a quién obedecen las Fuerzas Armadas“.

Escribí en mi anterior entrega que lo que nos enseña el informe del GIEI son problemas sistémicos y estructurales en las instituciones militares. No se encontraron manzanas podridas, se encontraron barriles podridos. No se encontraron comportamiento aislados, sino desviaciones que incluyeron decenas y acaso centenas de voluntades que podrían representar redes criminales incrustadas en esas instituciones.

¿Cuál fue, es y será la relación entre la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas en México? Acaso jamás lo sabremos en términos precisos, habiéndose construido una barrera política y social que, bajo el paraguas narrativo de la seguridad nacional, exime a las instituciones militares de la deliberación pública y la fiscalización eficaz sobre ellas.

No nos tenemos que imaginar la autonomía política y operativa de la Sedena y la Semar; el GIEI la ha evidenciado. La pregunta es si llegarán las medidas estructurales que aseguren su auténtica subordinación al poder civil o más bien, como ha reflexionado Wolf Grabendorff con respecto a la región entera, seguirá el poder civil cediendo a los militares más tramos de control de la gobernabilidad, debilitándose aún más la rendición de cuentas por parte las Fuerzas Armadas.

¿Menos o más autonomía política y operativa?

@ErnestoLPV

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