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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Capacitación policial: aspirinas para un moribundo
Ni las policías ni los gobiernos de los que dependen se embarcarán por sí mismos en una reforma policial democrática, salvo mínimas excepciones. La incidencia para que esto cambie desde el sector de los derechos humanos, nacional e internacional puede activar la diferencia que la haga posible.
Por Ernesto López Portillo
5 de abril, 2021
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Cada nuevo escándalo provocado por el abuso policial se repite más o menos la misma historia. Todo mundo pone atención unos días, principalmente el sector de los derechos humanos, y luego, de igual manera, prácticamente todo mundo voltea para otro lado.

Dos ingredientes especialmente nocivos caracterizan este ciclo escándalo-silencio-escándalo-silencio… Primero, cuando hay más atención, la inmensa mayoría exige capacitación como salida para que no se repita más el problema; segundo, nadie o casi nadie se queda a mirar si en efecto se hace algo -la capacitación o lo que sea- para que no haya nuevos escándalos.

La reproducción del ciclo está garantizada, primero, porque la capacitación, incluso la mejor, no garantiza la no repetición, y segundo, porque el caldo de cultivo donde emerge una y otra y otra atrocidad es precisamente esa opacidad, a su vez soportada en la ausencia de una mirada externa sostenida hacia la policía.

Pedir más capacitación ante las atrocidades policiales es como pedir una aspirina para un paciente en medio de una crisis séptica. Es pedir una gota de agua para una persona muriendo por deshidratación.

A principios de siglo, cuando estábamos por arrancar el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la representante de una entidad privada que financia globalmente proyectos de fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, me dijo que no apoyaría con fondos para cursos de derechos humanos a la policía: “llevamos décadas haciéndolo en América Latina y no sirve para nada”.

No he conocido institución policial alguna en México que evalúe el impacto de su capacitación y lo documente bajo estándares metodológicos generalmente aceptados. Apenas fue publicado un espléndido reporte de Intersecta, según el cual la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional no cuentan “con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones… ni fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el ‘éxito’ de las capacitaciones”.

En el 2012, otro reporte fundamental explicó que una de las “Visiones tradicionales de la reforma policial” es la que “la restringe al rediseño institucional y cambio organizativo de aspectos formales, en particular… la que la limita a la redefinición de las bases curriculares y los sistemas pedagógicos de las escuelas policiales que imparten la formación inicial a los cadetes y aspirantes, con la esperanza de sentar así las bases de una nueva cultura institucional que dé lugar a prácticas que permitan superar los recurrentes abusos de poder de numerosos policías mediante actos de corrupción o el uso excesivo o ilegal de la fuerza”.

En el 2020 entrevisté a cuatro secretarios y exsecretarios de seguridad púbica de México, Colombia y Ecuador y a seis personas representantes de la academia, entre las más prestigiadas en América Latina, expertas en la promoción de reformas policiales, coincidieron: la capacitación, con toda la importancia que merece, no alcanza por sí misma, ni de lejos, para transformar el quehacer policial.

En el reporte de 2012 se define la reforma policial como “un proceso diversificado y complejo de reestructuración doctrinaria, orgánica y funcional basado en un conjunto de cambios institucionales en ocho dimensiones fundamentales… 1. Las funciones de la institución policial y del trabajo policial. 2. La organización. 3. La profesión policial. 4. La educación. 5. La formación. 6. La profesionalización del reclutamiento. 7. La infraestructura y el equipamiento. 8. El control y la evaluación”.

El mismo documento expone, además, que la reforma es “un proceso largo, que requiere de un desarrollo institucional a largo plazo, que supera la duración de un periodo de gobierno… para el… (mundo) político la reforma policial es un proceso intrincado, difícil, caro, seguido de respuestas extorsivas y sin réditos políticos a la vista, mientras que la policía está ahí, labora cotidianamente, no hay que crearla ni dotarla de medios y, además, está presta a resolver los problemas de gobernabilidad que preocupan a los políticos”.

La misma fuente afirma: “Reformar la policía supone reformar la política o, más bien, reestructurar el modo tradicional de relacionamiento entre las dirigencias políticas y, más específicamente, las autoridades gubernamentales y la institución policial”.

El asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza en Tulum el 28 de marzo pasado, a manos de policías municipales, puede ser una consecuencia -en parte, y solo en parte- de la falta de capacitación, pero jamás será razonable esperar que la mejora de los programas de formación, por sí misma, terminará las atrocidades a manos de las policías en México.

El sector de los derechos humanos nacional e internacional ha querido influir hacia la reforma policial democrática desde hace muchas décadas en América Latina, pero, según mi experiencia, lo viene haciendo generalmente desde un enfoque reduccionista que, al final, sin quererlo, ayuda a prolongar la crisis policial.

Nada es más fácil para las policías y los gobiernos de los que ellas dependen que administrar la crisis provocada por los escándalos metiendo la discusión en la caja de la capacitación. Así evitan pasar por el “proceso diversificado y complejo de reestructuración doctrinaria, orgánica y funcional” antes referido.

Hoy estoy más seguro que nunca: ni las policías ni los gobiernos de los que dependen se embarcarán por sí mismos en una reforma policial democrática, salvo mínimas excepciones. La incidencia para que esto cambie desde el sector de los derechos humanos, nacional e internacional puede activar la diferencia que la haga posible.

Solo que dicho sector necesita construir cuatro cosas: coaliciones amplias y duraderas en torno a este propósito, agendas concretas, planes de trabajo y estrategias de intervención.

Las atrocidades a manos de la policía seguirán mientras nadie ajeno a las lealtades policiales y políticas ponga en la mesa una propuesta de ruta transformativa de corto, mediano y largo plazo. Si no se hace desde el enfoque de los Derechos Humanos, lo más probable es que no se hará desde ningún lado y seguiremos, si acaso, dándole aspirinas a un moribundo.

@ErnestoLPV

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