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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Centralización en vía militar, la reforma que viene
¿Se calculó acaso que la misma persistencia de la violencia sería la mejor gasolina para una reforma constitucional que centralice la función de la seguridad pública en vía militar?
Por Ernesto López Portillo
22 de noviembre, 2021
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En junio pasado, López Obrador anunció que presentaría una reforma constitucional en el 2023 para llevar la Guardia Nacional a la SEDENA. Ya sabemos, el presidente calcula los tiempos políticos con extraordinaria sagacidad. Así que una de las preguntas obligadas fue por qué en el 2023. Imposible saber con precisión qué escenario o escenarios previó, pero mi primera hipótesis fue que el ejecutivo federal habría proyectado un efecto de acumulación de la legitimidad política y social a favor de la Guardia Nacional y del control de facto sobre la misma por parte de la SEDENA, de manera que el tiempo ampliaría el apoyo a la referida reforma.

Por mucho tiempo he sostenido que la militarización de la seguridad es una suerte de “trampa de Estado”, de manera que las instituciones de los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno y en la inmensa mayoría del país pusieron de su parte para condenar a la policía a una crisis crónica, abonando así a la única vía de reemplazo imaginable para el poder político y para la sociedad: la vía militar.

Cada noticia del colapso policial y de la incompetencia asociada por parte de las autoridades locales electas es un paso hacia atrás de la vía civil y un paso hacia adelante de la vía militar. Por ejemplo, cuando el alcalde de Cuauhtémoc, Zacatecas, invita a la gente a no salir de casa y declara además: “No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy atendiendo solo el problema”, luego de acudir a interponer denuncias en medio de hechos de violencia extrema y renuncias de policías. O cuando, en el mismo contexto, el gobernador de la entidad, David Monreal, declara: “Estoy en espera del arribo del presidente de la república para que venga también al rescate a participar, apoyar, atender la problemática social que estamos viviendo”.

La ruta no puede ser más evidente. Monreal sustituyó al responsable civil de la seguridad pública por un general del Ejército en retiro. Además, “los nuevos encargados de la seguridad pública en al menos siete estados con gobiernos de Morena, pertenecen al Ejército o a la Marina y en común tienen haber sido recomendados por el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y casos similares se han acumulado por décadas.

Lo que enseña en el fondo la “trampa de Estado” es que la vía militar de la seguridad se construye desde arriba y desde abajo a la vez. Las autoridades electas de los tres órdenes de gobierno dan pasos hacia atrás, y lo hacen con el endoso social. Aniquilada la expectativa social de que las autoridades civiles pueden resolver la inseguridad, el reemplazo militar aparece como la única opción.

Pero, como lo dije en mi entrega pasada en este espacio, el apoyo político y social a la vía militar no pasa por la evidencia de su eficacia. Con la promesa basta, anoté. Ahora agrego la posibilidad de una sombría paradoja: acaso la incapacidad militar para reducir las violencias es, al final, parte de la tracción política y social justamente a favor de la vía militar.

Como he dicho antes, la política de seguridad respira desde su propio fracaso. Si no se reducen las violencias, es necesaria más intervención militar; pero con más intervención militar, de igual manera, no se reducen o no hay evaluación de impacto que demuestre lo contrario. Y así sucesivamente. Afirmo que la ausencia de una alternativa de política pública en seguridad empuja la repetición de las mismas decisiones.

¿Se calculó acaso que la misma persistencia de la violencia sería la mejor gasolina para una reforma constitucional que centralice la función de la seguridad pública en vía militar? Me refiero a una reforma que, más allá de entregar la Guardia Nacional a la SEDENA, ampliaría las hipótesis normativas para ceder la función de la seguridad pública desde los gobiernos municipales y estatales a favor del gobierno federal.

Hablo de la reversión constitucional del pacto federal en seguridad pública, por la vía militar.

@ErnestoLPV

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