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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Culiacán: ¿creer o saber?
Qué funciona y qué no funciona para construir seguridad en México son preguntas que enfrentan un vacío generalizado de investigación e información.
Por Ernesto López Portillo
21 de octubre, 2019
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El pasado miércoles 16 de octubre publiqué este tuit: “Seguridad en México: crisis humanitaria. Hoy mi duda fundamental se reduce a una: ¿dónde está la planeación? Nada que agregar”. Ese mismo día, por la tarde, discutí en entrevista radial el hecho de que el Estado mexicano jamás ha ofrecido una versión oficial sobre el tamaño y las características del desafío que enfrenta asociado a los grupos delictivos armados. Los enfrentamientos en Culiacán, al día siguiente, validaron de manera contundente ambos cuestionamientos. Aquí discutiré el trasfondo que los vincula: la debilidad crónica de la rendición de cuentas.

Rendición de cuentas quiere decir que toda política pública debe ser justificada; es un principio básico del Estado constitucional y democrático. Ninguna decisión de la autoridad se justifica en sí misma y existen mecanismos múltiples para escrutar esas decisiones y los recursos implicados en ellas, en todo el ciclo de políticas públicas. Esto quiere decir que debe ser posible verificar si esas decisiones y recursos cumplen o no los mandatos legales, cómo y por qué.

Casi nada se ha construido en México sobre análisis del presupuesto en seguridad, pero lo poco que se ha publicado desde investigaciones independientes señala deficiencias graves: “no existe información confiable sobre qué funciona y qué no”.

Pero si se sabe poco desde evaluaciones externas respecto al gasto en seguridad, es prácticamente imposible encontrar evaluaciones técnicas públicas en torno a la toma de decisiones, elaboradas desde la propia autoridad o bien desde actores de la academia y la sociedad civil. Qué funciona y qué no funciona para construir seguridad en México son preguntas que enfrentan este vacío generalizado de investigación e información.

Desde la más reconocida criminología en el mundo se vienen aportando protocolos, justamente para vincular la ciencia a la seguridad y la prevención, de manera que las decisiones, los recursos y las intervenciones sean pasadas por la sistematización de la evidencia para lograr la comprobación precisamente de lo que funciona y lo que no.

Luego de los enfrentamientos en Culiacán apareció nuevamente esta vieja paradoja: las mismas personas que se preguntan qué sucedió sin encontrar respuestas convincentes por parte de la autoridad, no conectan su propia duda a la exigencia del derecho a saber. Y sin tal exigencia social mayoritaria, resulta fácil mantener en apagón los mecanismos legislativos de fiscalización, creados en parte justamente para investigar hechos de especial gravedad, en este caso no a cielo abierto, sino con las reservas de publicidad que la propia ley prevé. No hay anuncio de comisión investigadora alguna, por ejemplo, desde la comisión bicameral de seguridad nacional.

Hemos pues construido un tejido político, institucional y social que gira en torno a la seguridad, pase lo que pase, sin saber qué funciona y qué no. ¿Solo queda creer?

@ErnestoLPV

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