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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Efectos contraproducentes de la Intervención militar
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz documenta que las intervenciones militares aisladas no aportan a la reducción de las condiciones de violencia y, por el contrario, vulneran los derechos de las poblaciones.
Por Ernesto López Portillo
23 de septiembre, 2019
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La intervención militar en la seguridad ciudadana es una tendencia generalizada en América Latina. En nuestra Segunda Conferencia Internacional Seguridad La Vía Civil, Adam Isacson lo enseñó con claridad. Por su parte, México viene incrementando la intervención militar en seguridad y lo hemos documentado en este reporte publicado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, investigación que concluyó que dicha intervención militar no ha reducido las violencias y sí ha traído graves costos asociados.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) acaba de publicar un espléndido reporte denominado Civilizar la Seguridad. El documento incluye recomendaciones que “son el resultado del trabajo realizado entre marzo de 2018 y abril de 2019 en los municipios antioqueños de Briceño y Cuacasia”.

“La FIP acompañó a las administraciones de los dos municipios con el fin de fortalecer la gobernanza local de la seguridad ciudadana y recoger las lecciones aprendidas para transformarlas en recomendaciones y propuestas a ser incorporadas en la política pública”. En ese periodo, el Gobierno Nacional inició operaciones de carácter militar en los dos municipios. Las acciones militares, “cuya receptividad variaba al interior de las dos alcaldías, fueron un factor disruptivo del trabajo de acompañamiento que adelantó la FIP y evidenciaron la diferencia que existe entre la intervención militar y policial con respecto a la gobernanza civil como base de la seguridad ciudadana. En los dos municipios se pudo observar cómo las decisiones en materia de seguridad y convivencia se concentraron, de manera exclusiva, en la Fuerza Pública; las autoridades civiles locales fueron ignoradas o jugaron un rol pasivo”.

“La FIP partió de la hipótesis de que las intervenciones militares aisladas no aportan a la reducción de las condiciones de violencia y, por el contrario, vulneran los derechos de las poblaciones, ya que la acción represiva del Estado pareciera estar orientada a lograr objetivos militares”. Los métodos cuantitativos y cualitativos establecidos permitieron medir el impacto y el reporte concluye que “Las intervenciones militares aisladas no contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y debilitan la legitimidad institucional”.

Termina el reporte: “Es posible que estos resultados estén relacionados con dos elementos: primero, los factores asociados a la inseguridad no necesariamente tienen solución a través del fortalecimiento militar o policial, y segundo, la actividad y presencia de la Fuerza pública no es cercana a la población civil. La mayor parte de los encuestados reportó que factores económicos y sociales tienen un rol importante en la determinación de las condiciones de inseguridad de los municipios, por lo que las intervenciones militares no necesariamente deberían tener un efecto sobre la actividad delictiva (de hecho, durante el año de la intervención militar, Caucasia registró un incremento significativo en la actividad delictiva). Ahora bien, en cuanto a la cercanía de la Fuerza Pública, si la población no percibe como cercana la actividad de la policía o el ejército, es poco probable que se desarrollen relaciones de confianza. Esto es particularmente importante para el caso de Briceño que, al ser un municipio rural con una presencia institucional tradicionalmente baja, reportó que las intervenciones militares incrementaron los abusos de autoridad. Esto permite concluir que las intervenciones militares de la seguridad no producen efectos positivos sobre las condiciones de percepción en los municipios; por el contrario… se producen efectos sobre la legitimidad institucional distanciando aún más a los ciudadanos del Estado. Algo que debilita la gobernanza de la seguridad ciudadana”.

El reporte de la FIP encierra en una sola frase la orientación hacia la civilización de la seguridad: “el valor instrumental de la intervención militar y policial debe estar en función de la política de seguridad ciudadana en la que intervengan los niveles nacional, departamental y municipal”.

De cara al prometido despliegue a todo Mexico de la Guardia Nacional, el extraordinario valor de la investigación es auto evidente. Este brevísimo texto no le hace justicia al trabajo de Jerónimo Castillo y María Acosta, quienes logran ahí una potentísima reivindicación del “liderazgo civil en el direccionamiento de las políticas de seguridad”.

Vaya aportación para América Latina, donde más violencia hay y donde más avanza la intervención militar.

@ErnestoLPV

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