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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
El más grande acto de poder político
¿Qué hicieron ambos gobiernos para desmontar los efectos del expediente jurídico del general Salvador Cienfuegos y, sobre todo, por qué?
Por Ernesto López Portillo
23 de noviembre, 2020
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¿Cuáles son exactamente los motivos del giro en la situación jurídica del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en Estados Unidos? La pregunta al centro debe ser ésta, para entender por qué se le acusaba de 4 delitos y luego mejor no. La especulación ha sido intensa y pueden encontrarse todo tipo de versiones. Lo que parece merecer mucho menos atención son las implicaciones políticas de lo sucedido.

Puede opinar cada quien lo que quiera. Si alguien cree que no debe ser juzgado el general o cree lo contrario, está en su derecho. Lo que no debería estar sujeto a la opinión de cada quien son los hechos precisos que explican el acontecimiento. Qué pasó es una cosa, qué opinamos de lo que pasó es otra.

He propuesto en varias entrevistas que deberíamos separar la interpretación política y la jurídica, y luego hacer un análisis cruzado. Cuando se acepta la narrativa política oficial de ambos países y se olvida ir a fondo en la dimensión estrictamente jurídica, entonces se acepta que la discusión y justificación se agota en la dimensión política, sin importar las consecuencias jurídicas del acontecimiento.

Nos dijeron antes que había evidencia suficiente para llevar al general a juicio; ahora nos dicen que hay valoraciones políticas asociadas a la relación bilateral que son más relevantes que la acusación. Esto quiere decir que, sean cuales sean los hallazgos de la investigación (de 7 años, según esta nota), el expediente construido por la DEA, para todo efecto práctico, puede ser tirado a la basura (cuando menos en lo que respecta a la justicia en el país del norte). Las palabras precisas base de la decisión fueron las siguientes: “consideraciones de política exterior delicadas e importantes que pesan más que el interés del gobierno para perseguir y enjuiciar al acusado”.

Siendo el nuestro un país donde es muy difícil encontrar a alguien que crea que la procuración de justicia puede ser autónoma respecto de los intereses político-electorales, tal vez resulta imposible construir una narrativa creíble de que en el país vecino o acá el general podría ser acusado y juzgado sin manipulación política de las evidencias que se nos dijo se tenían.

Acaso por eso, luego de la noticia del recule, las opiniones dominantes confundieron sin miramientos las implicaciones políticas y jurídicas, aceptando así, a querer o no, que la justicia está a disposición de la política.

Una aproximación seria y diferenciada debería primero indagar en el terreno de todos los actos jurídicos que construyeron un expediente de 7 años de investigación, bajo parámetros de análisis, precisamente, propios del derecho aplicable. ¿Qué hizo exactamente la DEA y qué encontró?

Luego viene el otro análisis, orientado a descifrar el descomunal acto de poder que acabamos de presenciar, en este caso bajo parámetros de la ciencia política. ¿Qué hicieron ambos gobiernos para desmontar los efectos del expediente jurídico y, sobre todo, por qué?

Mi sorpresa principal en todo esto es que este acto de poder ha sido explícito, colocando las consideraciones jurídicas por debajo de las políticas de manera absolutamente transparente y, con todo, no parecemos haber entendido el tamaño del evento.

Con la muy escasa información confiable al alcance -no olvidar que el paradigma autoritario de la seguridad vive en buena medida de la opacidad-, mi hipótesis es que hemos sido testigos del más grande acto de poder político que las fuerzas armadas han hecho en la historia contemporánea de México.

Más temprano que tarde, según lo que haga la Fiscalía General de la República, podremos demostrar o refutar la hipótesis.

@ErnestoLPV

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