close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Guardia Nacional: tensiones constitucionales
¿Fracasó la contención a la intervención militar en la seguridad pública o justamente eso es lo que se logró, ahora que existe un plazo de 5 años para el retiro militar de esa función?
Por Ernesto López Portillo
28 de febrero, 2019
Comparte

Respecto de la reforma que crea la Guardia Nacional (GN) aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, hay quien cree que debemos celebrarla porque la cámara alta “logró un consenso sorprendente para impedir la consagración militar” y en cambio hay quien afirma que es “el resultado de un enorme fracaso”. En realidad, ambas posiciones son ciertas. Así, tal cual, a pesar de cuán contradictorio pueda parecer.

La reforma es resultado y a la vez representa fielmente la tensión entre dos impulsos en la seguridad y el quehacer policial: el civil y el militar; impulsos para algunos contradictorios y para otros complementarios. Tensión que se mira a lo largo de todo el dictamen desde ángulos de interpretación que pueden llevar a la conclusión de que se impuso la vía civil o la vía militar. Opiniones diversas, informadas y especializadas van en ambos sentidos.

Si se mira solo el articulo 21 aprobado se puede declarar el triunfo de la visión civil; si en cambio se lee solo el quinto transitorio se concluye que el embate militar ha prevalecido. La GN es una institución de carácter civil, dice el artículo 21 reformado, mientras que la intervención militar en la seguridad pública ahora tiene fundamento desde la norma suprema misma, por un periodo de cinco años según mandata el transitorio referido.

Además, el mismo artículo 21 incluye la salvaguardia de la vida y las libertades entre los fines de la seguridad pública, al tiempo que vincula a la GN y a todas las instituciones policiales con una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. En contraste, la lectura sistemática de todos los transitorios relacionados con la propia Guardia enseña amplios poderes de intervención militar en su diseño, integración, mando, operación y capacitación, todo lo cual hacen sumamente difícil esperar la efectiva consolidación de una entidad de servicio policial civil.

La dependencia orgánica de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana crea -al menos formalmente- un esquema de control político civil sobre la operación que debería funcionar como un contrapeso a favor precisamente de la vía civil. Este ángulo del asunto es mucho más relevante de lo que suele reconocerse entre quienes han opinado sobre esto, según he comprobado.

El propio titular de esa dependencia asegura en esta entrevista que en esa institución serán conciliadas la disciplina militar y la doctrina policial propia de un modelo de proximidad social. Abunda sobre la manera como la GN y las Fuerzas Armadas se trenzarán en un esquema de colaboración interinstitucional que, afirma, terminará asegurando el perfil civil de aquélla. De ese tamaño su compromiso empeñado.

¿Fracasó la contención a la intervención militar en la seguridad pública o justamente eso es lo que se logró, ahora que existe un plazo de 5 años para el retiro militar de esa función?

La discusión si se quiere puede ser interminable. Pero en mucho ayudará a fijar una u otra posición el contenido de las leyes secundarias previstas en los artículos transitorios de la reforma (Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones), más el piso normativo y de controles que aseguren la eficacia de los criterios ordenados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para tal intervención (extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria).

En el diseño de esas herramientas normativas se colocará el andamiaje organizativo y de procesos que en mucho definirá la balanza en vía civil o en vía militar.

Dejo las enormes preguntas asociadas a la dimensión operativa y sus posibles impactos para otra colaboración. En todo caso, el estándar auto impuesto por el gobierno federal para evaluar a la GN es la promesa explícita y reiterada de que con ella se reducirá la violencia en México.

 

@ErnestoLPV

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.