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Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Guardia Nacional, tortura y desaparición forzada
La información disponible permite presumir la tortura y la desaparición forzada contra un número indeterminado de migrantes, a manos de la Guardia Nacional.
Por Ernesto López Portillo
30 de marzo, 2020
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Al momento en que escribo estas palabras, la información disponible permite presumir la tortura y la desaparición forzada contra un número indeterminado de migrantes, a manos de la Guardia Nacional (GN). Aquí los hechos denunciados en este comunicado:

“El lunes 23 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, un grupo de entre 50 y 70 personas mayormente centroamericanas (provenientes de Honduras y El Salvador), se concentraron en el patio del módulo de hombres de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula para protestar por la prolongación indefinida de los tiempos de detención, y exigir su puesta en libertad o devolución a sus países de origen. Las personas manifestaron temor por contraer el virus COVID-19 y anunciaron su intención de iniciar una huelga de hambre si no se les ponía en libertad. Frente a la protesta, entró la brigada de seguridad interna de la Estación Migratoria, compuesta por agentes de la Policía Federal (PF), y posteriormente arribaron alrededor de 20 agentes de la Guardia Nacional (GN), quienes llegaron a disuadir al grupo usando chorros de agua y gas pimienta. Una vez que lograron reducir al grupo, los agentes arrastraron a las personas a los baños, donde no hay cámaras de vigilancia, y en una medida de castigo y aplicando violencia absolutamente desproporcional, elementos de la GN golpearon a las personas y les condujeron a un autobús, con rumbo desconocido (…)

De acuerdo a lo documentado por el equipo del Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH, en el módulo de hombres, agentes de la Guardia Nacional hicieron uso de toletes, mangueras de agua, gas pimienta y dispositivos Taser de descargas eléctricas contra las personas, y algunos agentes del INM golpearon con sus propios puños y botas. De igual manera, en el módulo de adolescentes agentes de la PF y GN golpearon a algunos jóvenes con toletes, puños de hierro y sus propias botas y en el módulo de mujeres ya se les había confinado a sus celdas desde horas antes”.

Apenas unos días antes de los hechos denunciados, precisamente en el contexto de la pandemia del COVID-19, en otro comunicado, diversas organizaciones exigieron:

“Ante la emergencia debe primar la solidaridad en nuestras comunidades y medidas públicas planificadas que garanticen la vida y salud de todas y todos. En el actual contexto de expansión del coronavirus COVID-19 a nivel global y el aumento constante de casos identificados y sospechosos en distintos estados del territorio mexicano, urgimos al Estado en su conjunto a proteger y salvaguardar la vida de todas las personas que se encuentran en el país, incluyendo personas migrantes, solicitantes de protección internacional y residentes (…)

Haciendo eco de las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de compromiso político al más alto nivel y más allá del sector salud en México; desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado a las entidades públicas encargadas del tema migratorio encabezadas por la Secretaria de Gobernación, de protección social y salud para implementar acciones que reduzcan el riesgo de la población migrante y solicitante de protección internacional ante la actual pandemia”.

Por su parte, el pasado 25 de marzo, “La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19”.

El pasado 10 de febrero en este mismo espacio me pregunté cómo la propia Bachelet comprueba, por medios propios, qué hace la GN, en particular en materia de uso de la fuerza, dado que ella comprometió públicamente fortalecer la rendición de cuentas y el respeto a los Derechos Humanos por parte de esa institución armada militarizada.

Ya tenemos la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y también tenemos la ley de la propia GN, que la obliga a informar a detalle sobre la manera como usa la fuerza.

Todas esas leyes, y cualquier otra aplicable para someter a control a la GN, son letra muerta si no hay quien las haga eficaces. Tengo confirmación de especialistas de al menos tres instituciones de educación superior, en el sentido de que no están logrando acceder a información sobre lo que hace la GN. Encontré además testimonios según los cuales no habría ni una sola legisladora o legislador federal haciendo un monitoreo sistemático sobre el uso de la fuerza por parte de esa institución armada.

A seis días de su entrada a la estación migratoria, las personas que documentaron y hacen seguimiento sobre los hechos me confirman que no hay información oficial alguna sobre el paradero de las personas sustraídas. Lo he dicho centenares de veces y está bien documentado en el mundo: no hay uso profesional de la fuerza pública donde no hay control múltiple y simultáneo sobre ella, interno y externo a la propia institución.

Tortura y desaparición forzada a manos de la GN, sucedidos en la Estación Migratoria Siglo XXI. Ahí están los testimonios. La gravedad de los señalamientos pone a prueba a esa institución y a todos los mecanismos, a nivel nacional e internacional, que deberían funcionar para que no sucedan eventos así.

Por lo demás, el silencio de Bachelet sería profundamente ominoso.

@ErnestoLPV

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