Indignación y acción transformativa desde las universidades
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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Indignación y acción transformativa desde las universidades
Además de condenar el cobarde asesinato de los jesuitas en Chihuahua, propongo hacer de este terrible hecho un catalizador para la formulación de nuevas preguntas, pero sobre todo de acciones colectivas diferentes para desmontar el aparato político e institucional que reproduce la falla y el daño.
Por Ernesto López Portillo
23 de junio, 2022
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M inundan la tristeza y el miedo, pero más la indignación. Basta de las violencias. No más. No acepto normalizar las atrocidades. Menos acepto la resignación creciente. Declaro mi condena absoluta a las violencias y enfatizo, una vez más, la crítica a las políticas e instituciones de seguridad que he venido haciendo por más de un cuarto de siglo.

El hecho es evidente en sí mismo y quien no lo reconoce así está contribuyendo al daño: en la inmensa mayoría del país esa políticas e instituciones están rotas. No es nada más que no cumplen con la promesa de liderar la recuperación de la paz, es peor, no enseñan aprendizaje de la experiencia y hacen a a un lado los métodos adecuados para comprobar si reducen o no las violencias -las excepciones son ínfimas-.

Basta de simular. Basta de estrategias de prevención, instituciones policiales y fiscalías opacas y encerradas en burbujas de simulación. Comencemos por aceptar que las reformas constitucionales y legales sin parar no funcionan para lo que prometen. Las reformas son incontables y las prácticas son las mismas o incluso empeoran, rezagándose día con día ante la evolución igual cotidiana de esas violencias.

Solo unos ejemplos: creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, aprobada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada un año después, reformada la Constitución en materia penal en el 2008 y luego en Derechos Humanos en el 2011; o saltando a tiempos más recientes, creada la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en 2019, una reforma tras otra hasta acumular cientos -no exagero- y cuando miramos la implementación encontramos que cada cambio normativo no acumula comprobación de eficacia.

Baste saber, respecto a esta última ley, que ni la Guardia Nacional ni la Sedena ni la inmensa mayoría de las policías registran y evalúan el uso de la fuerza como lo ordena esa norma -lo afirmo con evidencia en mano-.

Es un círculo vicioso en el que estamos atrapados hace tanto tiempo: reformas, ineficacia, más reformas, ineficacia y así, alineados partidos políticos y la gran mayoría de los gobiernos en la misma oferta; ¿ejemplo? Uno es más que suficiente: la inflación penal. Siguen engañando o tratando de engañar a la gente incrementando las penas privativas de libertad, creando más tipos penales y abultando la prisión preventiva oficiosa, solo para tener más personas presas sin condena, pero a la vez dejando inalterada la impunidad casi absoluta. Se aprueban reformas que incluso hacen más daño.

Apenas informé que el despliegue militar se ha multiplicado por siete veces desde Fox hasta López Obrador.  Y desde el Programa de Seguridad Ciudadana venimos construyendo creciente evidencia sobre las consecuencias y costos asociados a la militarización de la seguridad y el militarismo. De hecho, hemos hecho nuestra la siguiente hipótesis: siendo que el despliegue militar no recupera la paz, acaso en el fondo tiene otros fines políticos no declarados que debemos descifrar y cuestionar.

Algunas personas afirman que ya fueron dichas todas las críticas; en alguna medida tienen razón, pero justo eso es parte de la definición del problema: la producción inédita y el acelerado crecimiento del análisis y la evidencia que confirma la falla estructural de las políticas e instituciones de seguridad no provoca su rediseño o genera tímidos ajustes que igual no modifican el resultado o en el mejor de los casos lo hacen de manera efímera.

Además de condenar el cobarde asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales, S.J., y Joaquín César Mora, S.J., en Chihuahua, propongo hacer de este terrible hecho un catalizador para la formulación de nuevas preguntas, pero sobre todo de acciones colectivas diferentes para desmontar el aparato político e institucional que reproduce la falla y el daño y construir alternativas, ya no enfocadas en más reformas constitucionales y legales, sino en la transformación de las prácticas de las instituciones responsables y en impulsar cambios conductuales de la sociedad misma.

La tristeza y el temor viven en mí, como en tanta gente; no es para menos, los “poderes salvajes” andan sueltos y tienen permiso; pero me enfoco en la indignación que anima la acción. Los rectores del Sistema Universitario Jesuita han expresado la exigencia de seguridad, justicia, verdad, reparación y no repetición y, más allá, han asumido la responsabilidad desde las universidades jesuitas para contribuir a la urgente reconstrucción de la seguridad y la justicia.

Desde el Programa a mi cargo nos sumamos a la acción transformativa.

@ErnestoLPV

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