Justicia para la población migrante
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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Justicia para la población migrante
El Centro Prodh, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentamos un amicus curiae ante la SCJN, que documenta los abusos y violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por la Guardia Nacional, y denuncia las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado por los riesgos y consecuencias que representa su involucramiento en tareas migratorias.
Por Ernesto López Portillo
14 de junio, 2022
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La migración es un derecho humano. Migrar es desplazarse de un territorio a otro, sin embargo, este derecho ha sido restringido por la limitación territorial y administrativa de los Estados, lo cual constituye solo una de las formas posibles de organizar políticamente la complejidad de las sociedades humanas modernas.

Las dinámicas y flujos migratorios han existido desde el principio de los tiempos y a lo largo del mundo como una forma de configuración cultural y social. En México, por ejemplo, convergen poblaciones de origen, tránsito y destino que se desplazan en nuestro país con diversas necesidades y en búsqueda de condiciones de vida dignas, es decir, lejos de la miseria, las violencias, la persecución y la muerte.

Ante las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, uno de los derechos inapelables, como lo establece nuestra Constitución Política, es la libertad de tránsito.

Si bien cada Estado tiene un amplio margen decisorio para definir e implementar su política migratoria, los derechos humanos fijan el marco superior de referencia para construir y ejecutar dichas políticas, y por ello no es en absoluto aceptable que el reconocimiento jurídico o regularización respondan únicamente a las necesidades o presiones políticas de los Estados y de los mercados. Sin embargo, dadas las condiciones geopolíticas actuales, la realidad responde ciertamente a estas lógicas.

En este sentido, organismos internacionales, activistas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la academia han documentado y visibilizado ampliamente la presencia de dinámicas de contención, disuasión, discriminación, expulsión, criminalización y persecución de las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en México.

Ante tal contexto, es urgente construir una política con un enfoque humanitario real en el que México deje de fungir como un filtro migratorio para los Estados Unidos. Nuestro país no debe asumir más la migración irregular como una cuestión principalmente de seguridad, enfoque que apalanca la agudización de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y que además provoca la dilución de las competencias y capacidades estatales de las instituciones que están encargadas de estas tareas, como lo son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

En este sentido, una de las consecuencias más contundentes en términos de militarización de la política migratoria es la presencia y ocupación de oficiales militares en instituciones civiles como el INM, y también lo es la participación activa y masiva del despliegue de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX hemos concentrado parte de nuestros esfuerzos en explicar y descifrar la composición de la Guardia Nacional, 1 confirmando más allá de toda duda que es un cuerpo de seguridad con perfil castrense; además, venimos construyendo evidencia sobre la militarización de las fronteras, 2 en donde los asesinatos, los actos de tortura y las detenciones arbitrarias contra personas migrantes y sujetas de protección internacional son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado a tres años del despliegue de este cuerpo de seguridad militarizado.

Frente a este preocupante contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentamos un amicus curiae 3 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto de las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

El amicus presentado este martes 14 de junio de 2022 acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución, y denuncia las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado por los riesgos y consecuencias que representa su involucramiento en tareas migratorias.

Este recurso es una herramienta de incidencia y también es una exigencia política y jurídica hacia la búsqueda de justicia para la población migrante.

Con colaboración de Jiroko Nakamura Zitlalapa López (@Jiroko_nzl).

@ErnestoLPV

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

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