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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
La orfandad política y social de la seguridad ciudadana
A más de un cuarto de siglo de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a quince años de agudizada la crisis de violencias, es casi imposible encontrar a un gobierno que pueda responder qué es la seguridad ciudadana y cuente con una política especializada al respecto.
Por Ernesto López Portillo
20 de septiembre, 2021
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¿Alguna vez le han pedido que haga algo y no sabe cómo? Supongo que ha optado por no hacerlo o ha ido a preguntar a quien sí sabe. ¿Es grave hacer cosas sin saber cómo? Depende. Construir un puente sin ser competente puede ser una tragedia. Preparar un pastel sin saber la receta puede ser desastroso, pero no fatal. Pero qué tal cuando hablamos de políticas públicas. Ahí la cosa se pone muy complicada porque muchas veces está a discusión el parámetro para medir las competencias necesarias para diseñar, implementar y evaluar una determinada política pública.

Por ejemplo, si hablamos de una política de vivienda, sería demencial tomar decisiones sin el apoyo de quien tiene el conocimiento especializado para, con base en la evidencia, enseñar un diagnóstico y una propuesta; o qué tal una política de educación: también sería inaceptable decidir sin una base de conocimiento especializado por ejemplo para la evaluación. Lo mismo una política fiscal, laboral, de salud y un largo etcétera.

Podrá discutirse cuál debe ser la especialización, los enfoques y las prioridades en cada una de esas políticas, pero es muy difícil encontrar a alguien que proponga la barbaridad de tomar decisiones sin conocimiento experto a la mano.

Esta regla generalmente aceptada se rompe todos los días y por todos lados cuando se trata de la política de seguridad ciudadana. A más de un cuarto de siglo de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a quince años de agudizada la crisis de violencias, es casi imposible encontrar a un gobierno que pueda responder qué es la seguridad ciudadana y cuente con una política especializada al respecto.

¿Qué funciona y qué no funciona para construir la seguridad ciudadana? ¿De qué está hecha? ¿Qué incluye y cómo se hace un diagnóstico de seguridad ciudadana? ¿Qué quiere decir una política integral de seguridad ciudadana?  ¿Qué saberes disciplinares y adisciplinares están llamados a participar y cómo? ¿Desde dónde se opera esta política? ¿Quién la lidera? ¿Qué andamiaje institucional debe soportar una política de seguridad ciudadana multidimensional?

Cada una de estas preguntas -y tantas otras asociadas- jamás ha merecido respuesta por gobiernos de todos los colores, salvo contadas y efímeras excepciones.

La seguridad ciudadana no tiene identidad, no tiene casa y no tiene cuadros expertos. Gustavo Beliz se refiere a esto como uno de los “nudos estratégicos” dentro de “un mapa de ruta para la gestión de políticas de seguridad ciudadana en la región”.

Acaso la mayor potencia de la seguridad ciudadana es al mismo tiempo su peor debilidad. Resulta que esta política pública solo funciona si es coproducida por gobierno y sociedad. No solo eso, requiere además enfoques especializados diversos para la prevención de las múltiples violencias. Se trata de una política que tematiza las violencias (nuevamente en palabras de Beliz). Y ahí está probablemente el motivo principal de la resistencia política y social: no hay incentivos para hacer la gestión política y social que auténticamente construya redes colaborativas duraderas.

Los incentivos están alineados en cambio hacia la toma de decisiones propias de un paradigma de seguridad diferente: el enfocado en el uso de la fuerza, la intervención militar y el castigo penal. Esto es así por dos potentes razones: la urgencia y el espectáculo. Los gobiernos y la sociedad quieren soluciones rápidas y es el despliegue policial y militar, así como el aumento de penas, por donde se crea la imagen que supuestamente construirá la seguridad.

Es un círculo vicioso: la prolongación de las violencias es motor de la urgencia y el espectáculo, mismos que abonan a esa prolongación. El paradigma fallido de seguridad, al final, se alimenta de su propio fracaso.

@ErnestoLPV

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