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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Militarización en la 4T, el informe que viene
¿Hacia dónde va el gobierno del presidente López Obrador, por este sendero que abre paso a las fuerzas armadas, a pesar de que su intervención en la seguridad pública no ha logrado reducir las violencias y sí en cambio las ha involucrado en un conflicto con los derechos humanos ampliamente documentado?
Por Ernesto López Portillo
22 de junio, 2020
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El próximo jueves 9 de julio a las 11 de la mañana el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX-Tijuana presentará en formato Webinar su nuevo informe denominado Militarización en la 4T. Haremos una amplia difusión de la invitación desde @IncidenciaIbero @Ibero_mx y @ErnestoLPV y en otras plataformas. A modo de adelanto, les comparto la presentación del reporte de investigación.

Militarización en la 4T es el segundo informe que presenta el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX-Tijuana en la materia, luego del reporte publicado en mayo del 2019, denominado Seguridad Pública Enfocada en el Uso de la Fuerza e Intervención Militar, la evidencia en México 2006-2018.

Con estas investigaciones, llevadas al portal Seguridad ciudadana: la vía civil junto con materiales  de una amplia gama de especialistas, pretendemos contribuir al debate informado sobre las implicaciones y consecuencias del paradigma hegemónico que sostiene las políticas de seguridad en México, ofreciendo un creciente abanico de evidencias que, en suma, permiten cuestionar a profundidad esta ruta.

Siendo México uno de los países con la curva creciente más pronunciada de homicidios violentos en el mundo en lo que va del siglo, nadie debería dudar de la urgencia de poner a discusión la preferencia por la vía militar que ha seguido el Estado, en particular desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Son dos reportes que establecen un punto de partida de lo que esperamos sea una referencia sólida y duradera para el análisis nacional y regional, habida cuenta de que esta ruta enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar se extiende a lo largo de América Latina.

Esta investigación clarifica, al menos, lo siguiente: el gobierno de López Obrador continúa y profundiza la dinámica expansiva de transferencia de la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, pero además impulsa nuevas vías de influencia militar en funciones públicas que van más allá de la seguridad, desbordando más y más los parámetros del rol militar fijados en el marco constitucional y convencional.

La información agregada en este reporte funda dudas mayores respecto a la posible alteración estructural en curso, del principio de subordinación militar al poder civil democráticamente electo. Dudas que se multiplican luego de la publicación del acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020, que autoriza al Ejecutivo Federal disponer de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, sin incluir los mecanismos que deben garantizar que la intervención militar, según ordena la propia Constitución, sea extraordinaria, subordinada, fiscalizada y complementaria, justo como lo hizo notar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchos otros actores.

¿Hacia dónde va el gobierno del presidente López Obrador, por este sendero que abre paso a las fuerzas armadas, a pesar de que su intervención en la seguridad pública no ha logrado reducir las violencias y sí en cambio las ha involucrado en un conflicto con los derechos humanos ampliamente documentado?

La reforma constitucional de marzo de 2019 dispuso que la Guardia Nacional es una policía civil, que se regirá por una doctrina precisamente policial fundada en el servicio a la sociedad. De cara a la evidencia aquí reunida, la Guardia Nacional no es una institución civil y tampoco es una policía, comenzando precisamente por el hecho de que no se ha mostrado que su concepción y desarrollo se soporta en doctrina policial alguna.

Nuestras fotografías profundas a través de estas investigaciones abarcan los dos sexenios anteriores y la primera parte del que corre; pero necesitamos aunque sea por un momento ir un poco más atrás, para hacer notar que el presidente López Obrador es el quinto desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el tercero desde que se intensificó el escalamiento militar. Ha transitado el espectro ideológico más ampliamente representado -formalmente- en las últimas décadas (PRI, PAN, Morena), por una misma ruta que se soporta en dos grandes ejes: reproducir políticas de seguridad que no se sostienen en resultados sostenibles y dar cada vez más preferencia a la vía militar.

No es un problema de un partido político u otro, es un fenómeno que debe ser leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y la intervención militar.

¿Hacia dónde va un país donde la política de seguridad  hegemónica no resiste las pruebas de la eficacia y de la legitimidad? No lo sabemos, pero sí sabemos que la sociedad debe levantar la voz, cuestionar y promover otras vías.

El Programa de Seguridad Ciudadana, enclavado en la Dirección General de Formación e Incidencias Ignacianas, es un instrumento de la Universidad Iberoamericana CDMX-Tijuana y de la sociedad que asume su encomienda de construir conocimiento a favor de la transformación y la justicia social, en particular ante la emergencia de un contexto donde todas las violencias posibles se ensañan en especial contra las personas en condiciones de pobreza.

Con la evidencia en la mano, lo decimos fuerte y claro: no llegará la seguridad y la paz sin políticas conducidas bajo un liderazgo civil que rinda cuentas, multidimensionales, participativas, profesionales, especializadas y focalizadas, primero, en las poblaciones más lastimadas por la exclusión.

@ErnestoLPV

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