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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Reinventar el Sistema Nacional de Seguridad Pública
En 25 años el Sistema no ha publicado una evaluación técnica que nos diga lo logrado, lo no logrado, lo aprendido, lo rectificado, lo fortalecido, todo lo anterior basado en modelos de comprobación científica.
Por Ernesto López Portillo
30 de enero, 2020
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La ley que lo creó data de 1995. En el 2009 se publicó una reforma legal de mayor calado. Su órgano rector, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha celebrado 45 sesiones ordinarias. Cuando inició operaciones había una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2018 la tasa llegó a casi 30.

El mandato del Sistema es amplio, solo me interesa recoger lo siguiente: “Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para… Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables”.

No hay referencia oficial alguna que en un cuarto de siglo nos permita comprobar que el Sistema ha funcionado para formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables. En todo este periodo he conversado con decenas de operadores de ese aparato burocrático y en particular con varios entre quienes han estado al frente del secretariado ejecutivo. Los testimonios han incluido un amplio repertorio de experiencias que muestran la persistencia de prácticas que operan en sentido contrario al mandato antes citado.

Si debemos escoger un solo ángulo de análisis para aquilatar el tamaño del problema, éste sería el déficit permanente de la evaluación. En 25 años el Sistema no ha publicado una evaluación técnica que nos diga lo logrado, lo no logrado, lo aprendido, lo rectificado, lo fortalecido, todo lo anterior basado en modelos de comprobación científica.

La defensa del Sistema ha estado a cargo de sus operadores, pero no con argumentos soportados en indicadores de impacto, sino de proceso. Así suele operar el relato oficial hegemónico en esta materia; grandes relatos de lo que se hace sin vincularlos al impacto en beneficio de la seguridad.

El relato auténticamente fundamentado de toda esta historia no está ni de lejos construido; según he indagado reiteradamente en el sector de la investigación académica que desde múltiples disciplinas aborda la seguridad, no he podido encontrar siquiera el intento de hacer la reconstrucción histórica del Sistema.

Para todo efecto práctico, el resultado es uno solo: no sabemos a ciencia cierta para qué sirve el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el asunto es peor; probablemente no lo sabremos nunca porque en el Consejo Nacional, ahí donde se ha decidido todo por unanimidad en todo este tiempo, se mantiene clausurada la posibilidad de una auténtica rendición de cuentas. Ahí deciden sin filtro de racionalidad alguno, sean cuales sean los resultados.

Una colega dijo hace unos cinco años que tal vez el Sistema no fue diseñado en estricto sentido para construir seguridad, sino más bien para asegurar el flujo de recursos. Puede ser. De lo que no hay duda es que el Sistema no se revisa a sí mismo, ni es revisado por mecanismo externo de rendición de cuentas alguno con poderes de imponer consecuencias ante la ausencia de aprendizaje y mejora.

¿Podemos afirmar que nada de lo hecho por el Sistema ha servido? No. Podemos afirmar que no sabemos a ciencia cierta para qué ha servido, reitero. Y en el camino del Sistema está un país cuya tasa de homicidios en el 2017 fue cuatro veces más que el promedio internacional.

No tengo la menor duda. Mientras el Sistema no sea reinventado, las políticas de seguridad seguirán descansando en decisiones unánimes del Presidente y las y los gobernadores, sin comprobación científica de su impacto, sin saber para qué sirven, sin rendición de cuentas.

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