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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Represión política y uso de la fuerza policial: la confusión
Vale reiterar, dada la enorme confusión que hay al respecto: el uso de la fuerza policial está formalmente diseñado a favor, no en contra de los derechos humanos.
Por Ernesto López Portillo
8 de octubre, 2019
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Primero los conceptos, luego el análisis. La represión política equivale a la restricción o supresión ilegal e ilegítima, por parte del poder público, del libre ejercicio de los derechos políticos fundamentales, principalmente asociados a la manifestación de las ideas y la asociación. En cambio, el uso de la fuerza policial es una atribución del Estado, a través de la cual ejerce su monopolio legítimo de la violencia mediante métodos profesionales y especializados, orientados a reducir los riesgos y daños al mínimo posible asociados a las violencias privadas. La represión política viola los derechos y las leyes, el uso de la fuerza policial hace valer los derechos y las leyes. Son directamente contradictorios.

Se puede discutir el concepto de represión política y es muy complejo someterlo a parámetros de medición, dada su connotación precisamente política. En cambio, el uso de la fuerza policial merece definiciones y métodos de ponderación precisos. La nueva Ley Nacional de Uso de la Fuerza, publicada el 27 de mayo pasado, en su artículo 3, fracción XIV, lo define así: “la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables.

En el 2004 la Oficina del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía. La lectura sistemática de este documento deja perfectamente clara la naturaleza del uso de la fuerza como herramienta de protección precisamente de los derechos fundamentales. Vale reiterar, dada la enorme confusión que hay al respecto: el uso de la fuerza policial está formalmente diseñado a favor, no en contra de los derechos humanos.

Por motivos que no han sido explicados, los gobiernos federal y de la Ciudad de México hablan de represión cuando se refieren a la decisiones y estrategia adoptadas, unas veces frente a la violencia asociada a la delincuencia, otras de cara a las manifestaciones públicas, en particular en la ciudad capital; en cambio, no refieren el concepto de uso de la fuerza policial. La inferencia es lógica: para tales gobiernos parece ser que usar la fuerza armada del Estado es reprimir.

La confusión, además de evidente, es delicada e incluso peligrosa. Si usar la fuerza policial es reprimir, y reprimir es una ponderación política, entonces esa atribución del Estado queda disponible según consideraciones precisamente políticas. La fuerza legal y legítima del Estado, la razón misma de que éste exista, bajo tal razonamiento, queda al libre arbitrio.

Una hipótesis razonable es que no se quiere usar la fuerza policial dada la historia de excesos; esa posición política tiene méritos en la intencionalidad, pero hasta ahí. Es intransitable en su ejecución. Impedir el uso de la fuerza por decisión política puede ser tanto o más grave que usarla en exceso. No es blanco y negro. No es cierto que dejar de usar la fuerza policial está bien y usarla está mal. Eso es maniqueísmo político. El conocimiento disponible al respecto es descomunal y los métodos para sí usar la fuerza policial en el momento y la proporción adecuada han llegado a la más alta especialización. Y con todo, en el mundo entero hay problemas antes (las reglas y la capacitación), durante (la supervisión en campo) y después (la evaluación) de su empleo.

¿Quieren estos gobiernos protegernos a todas y a todos de la violencia privada? Si es así, entonces deben usar la fuerza policial, no renunciar a ella, y superar esta delicada y riesgosa confusión. ¿Pueden usar adecuadamente tal atribución con estas instituciones armadas bajo su cargo? La evidencia disponible permite afirmar que no. ¿Pueden profesionalizar de una vez y para siempre el uso de la fuerza policial, reduciendo al mínimo posible los extremos de la inacción o el exceso? Desde luego. Solo que para lograrlo requieren invertir a fondo y por mucho tiempo en el antes, durante y después.

El trasfondo de esta discusión es el mismo que atraviesa todas las discusiones relacionadas a la función policial en México: la contaminación política. Es cierto, los abusos históricos en el uso de la fuerza policial (y militar) justifican la desconfianza posible desde estos nuevos gobiernos. El problema es que por el lado del exceso o por el de la inacción, la fórmula es la misma: la disponibilidad política del más importante y delicado poder del Estado.

La profesionalización del Estado mexicano en el uso de la fuerza policial llegará, entre otras cosas, cuando nadie tenga duda que es una técnica especializada que, por sí misma, nada tiene que ver con la represión política.

@ErnestoLPV

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