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Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
SEDENA y SEMAR le dicen no al presidente
Cuando las fuerzas armadas avisan expresa y formalmente que no cumplirán una ley y un acuerdo, ambos promovidos y firmados por la autoridad política a la cual están formalmente subordinadas, estamos ante un verdadero escándalo.
Por Ernesto López Portillo
13 de abril, 2021
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México padece una crisis de inseguridad y violencias de proporciones catastróficas y la principal inversión al respecto del gobierno federal actual -agudizando la tendencia de los dos anteriores-, es acelerar al máximo posible la transferencia de funciones policiales a las fuerzas armadas.

Y en ese camino de militarización -y militarismo-, de pronto cae esta noticia descomunal que pasa de largo como si se tratara del reporte diario del clima; resulta que la SEDENA y la SEMAR no reconocen su obligación de informar cómo usan la fuerza.

No tendría que explicarse el tamaño de este despropósito. Debería ser evidente en sí mismo, sobre todo porque ya se sabe desde hace muchos años que las fuerzas armadas usan de manera creciente la fuerza letal, de manera que en los enfrentamientos con civiles, según acabamos de saber, por cada militar caído, fallecen 39.5 civiles, “récord de los últimos 15 años” y “quinto años consecutivo en el que este indicador aumenta”.

Desde 1990 la ONU aprobó las reglas para el uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales y tuvieron que pasar tres décadas para que México promulgara la Ley Nacional de Uso de la Fuerza (LNUF); esto es, 6 gobiernos federales transitaron para que este país formalizara las reglas mínimas de uso de la fuerza que el mundo reconoció y recomendó hace treinta años. De ese tamaño la resistencia.

Una vez habiéndose logrado esa ley, y en un contexto donde en 24 de las 32 entidades federativas ya hay más personal desplegado bajo el mando operativo de la SEDENA que policías estatales (un promedio mensual de 146 mil miembros de la SEDENA y la Guardia Nacional desplegados hasta julio de 2020), las fuerzas armadas expresamente se exceptúan de su cumplimiento.

Es en el texto arriba citado, firmado por Estefanía Vela (@samnbk), donde nos enteramos que la SEDENA dice no estar obligada a publicar el informe anual previsto en el articulo 35 de la LNUF, mientras que la SEMAR respondió que si bien está facultada para realizar tareas de seguridad pública, según este acuerdo presidencial, “no se le transfirió la obligación de emitir ‘informes y partes policiales’, por lo que carece ‘de atribuciones u obligaciones para la elaboración’ de estos informes”.

¿De dónde vienen tales interpretaciones? En su artículo tercero, el acuerdo presidencial citado dice a la letra que, “en el desempeño de las tareas de seguridad pública… la Fuerza Armada permanente… observará la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”. ¿Hay espacio a la duda? Claramente no.

Dejo a un lado -e invito a leer- la diversidad de datos que la autora incluye en su texto y que arrojan múltiples y graves alertas en torno al uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas.

Entiendo, circula tanta información que de pronto parece imposible distinguir o siquiera detectar lo relevante. Pero me parece que cuando las fuerzas armadas avisan expresa y formalmente que no cumplirán una ley y un acuerdo, ambos promovidos y firmados por la autoridad política a la cual están formalmente subordinadas, estamos ante un verdadero escándalo.

Treinta años pasaron para que México llevara a la ley los principios de uso de la fuerza de la ONU. Y una vez que lo hizo, la incontenible invasión militar sobre las tareas policiales ahora viene acompañada del impulso explícito para cubrirla de opacidad.

SEDENA y SEMAR dicen no a la aplicación de una norma y un acuerdo que el presidente firmó, entre otros fines, al menos formalmente, para someterlas a control en tareas de seguridad pública.

Un escándalo, reitero.

@ErnestoLPV

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