Seguridad en México, el extravío se agudiza
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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigi... Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos. (Leer más)
Seguridad en México, el extravío se agudiza
Solo excepcionalmente encontramos narrativas de gobiernos que buscan demostrar, con base en el conocimiento científico aplicable, la relación de causalidad entre lo que hacen y el comportamiento de las violencias, la delincuencia y la inseguridad.
Por Ernesto López Portillo
6 de junio, 2022
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La semana pasada, conversando con las autoridades de uno de los municipios más relevantes del país en términos económicos, volví a confirmar la ausencia de una política pública de seguridad soportada en métodos idóneos y explícitos. Es cosa de todo el tiempo.

Ya bien entrado el siglo XXI y a casi 30 años de haberse creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Estado mexicano parece más extraviado que nunca de cara a la crisis de las violencias, la delincuencia y la inseguridad. La comprobación de lo anterior es evidente a simple vista cuando no encontramos narrativas oficiales que muestren qué se ha aprendido. Especialmente elocuentes son los programas en seguridad pública de los tres últimos gobiernos federales: ninguno incluye marcos teóricos y métodos que permitan comprobar qué funciona para reducir aquellos fenómenos.

Imaginen que la pandemia de COVID hubiera sido enfrentada sin recurrir a la ciencia. Algo así pasa con la seguridad en la gran mayoría del país, de manera que solo excepcionalmente encontramos narrativas de gobiernos que buscan demostrar, con base en el conocimiento científico aplicable, la relación de causalidad entre lo que hacen y el comportamiento de las violencias, la delincuencia y la inseguridad.

Esta discusión es extraña a los gobiernos y a la sociedad. Todos los días encontramos que la deliberación sobre estos fenómenos no incluye la oferta de política pública ni la exigencia social para comprobar qué funciona y qué no con lo que se hace con recursos públicos para darnos seguridad, comprobación que daría base al aprendizaje basado en la evidencia y la consecuente evolución de las políticas públicas.

Si se habla de homicidios o de feminicidios, por ejemplo, la conversación es circular, repitiéndose el relato de las atrocidades, luego el compromiso jamás cumplido de terminar con la impunidad, solo para después hablar de la siguiente atrocidad. Y, por increíble que parezca, nadie o casi nadie pregunta por los métodos que se usan para reducir esas violencias homicidas.

En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX estamos estudiando los incentivos que hacen posible la auto reproducción de este extravío. Tratamos de responder cómo es posible que la conversación sobre la crisis esté perfectamente instalada en el día a día por todas partes, sin que se generen las preguntas que cuestionen a fondo qué hacen las autoridades y cómo lo hacen.

La opacidad de las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y las militares complica todo porque no podemos saber, incluso usando al máximo posible el sistema de acceso a la información y la transparencia, las rutinas que alejan a esos aparatos de la comprobación de sus funciones.

Cuando la comprobación no es necesaria, entonces cualquier cosa que hagan las secretarías de seguridad, las policías, las instituciones militares, las fiscalías y cualquier entidad pública que dice hacer prevención de las violencias estará bien o mal, según la ocurrencia de cada quien. Como no hay método de soporte que delimite un marco de referencia, entonces nos quedamos con narrativas políticas que evaden el filtro de racionalidad, dejando a un lado la necesidad de responder para qué sirve lo que se hace contrastando la evidencia con los objetivos declarados.

Miren este ejemplo: el conocimiento internacional comparado viene confirmando que ahí donde hay violencia homicida extrema, lo más común es que las personas victimarias son un número muy reducido; un ejemplo cercano y actual que sí recoge esto es el programa Alto al Fuego de la Ciudad de México. Este hallazgo de la mayor relevancia, basado en la aplicación de métodos construidos por la investigación científica, es completamente irrelevante si tal o cual gobierno no se ve obligado a demostrar que usa los métodos adecuados para reducir las violencias homicidas.

Y con cada violencia es igual: hay métodos, experiencia, documentación disponible nacional y extranjera para dotar a las políticas públicas de marcos de referencia que permitan comprobar su funcionalidad, pero esto nunca sucederá si los incentivos dominantes continúan haciéndolo irrelevante.

¿Qué hacemos? De entrada, entenderlo bien: nunca habrá métodos idóneos si nadie los ofrece y nadie los exige. Segundo, mapear en dónde sí se recurre o se intenta recurrir a la teoría y los métodos asociados para reducir las violencias, la delincuencia y la inseguridad. Tercero, documentar, visibilizar, premiar y multiplicar el aprendizaje.

Cuando en 1994 redactamos el primer ante proyecto de ley del SNSP, incluimos un Centro Nacional de Investigaciones que iba a asegurar la conexión entre la ciencia y las políticas de seguridad. El Centro fue retirado del texto en la primera revisión de la Secretaría de Gobernación, aduciendo que “el Sistema no era un proyecto académico”. Tiraron a la basura la herramienta que habría forzado la creación de los marcos de referencia metodológicos que aún hoy, a tres décadas, generalmente no existen ni están en ruta de existir.

No tengan duda, el extravío está asegurado mientras no organicemos la presión social suficiente para que las políticas de seguridad tengan métodos de soporte. Vamos a ello.

@ErnestoLPV

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