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Ruta Crítica
Por Ernesto López Portillo
Secretario Técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Ibero, Ciudad de Méxi... Secretario Técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Ibero, Ciudad de México. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow. (Leer más)
Seguridad: la responsabilidad de saber o no saber
Aprobar la Guardia Nacional sin una verdadera ponderación de riesgos en el uso de la fuerza, a partir de la evidencia disponible, implica una terrible irresponsabilidad.
Por Ernesto López Portillo
11 de enero, 2019
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Intervención de Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, presentada en las audiencias sobre la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Cámara de Diputados, Ciudad de México a 10 de enero de 2019.

 

A nombre del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, saludo y agradezco a todas y todos los presentes.

Conozco dos tipos de personas con respecto a la seguridad. Hay quienes quieren entender qué es la seguridad y hay quienes no. Hay quienes buscan de qué está hecha, cómo se construye y hay quienes no. Para la gran mayoría, y con justa razón, lo único que importa es estar y sentirse seguro y lo de menos es saber cómo se logra esto. El problema es cuando eso pasa también con quienes toman decisiones de política pública.

Es decir, cuando las y los tomadores de decisiones se recargan en la intuición y no recogen el conocimiento teórico y la evidencia empírica sistematizada, estamos ante un problema mayor.

¿Por qué? ¿Es mala la intuición? No lo es. Pero no es suficiente y de hecho puede ser contraproducente. Por ejemplo, cuando un legislador dice que apoyará la propuesta de Guardia Nacional porque la gente confía más en las fuerzas armadas, entonces se coloca solo del lado de la intuición.

Estamos pues ante dos posibilidades: los decisores aceptan o no adentrarse en la interpretación de la complejidad de la seguridad. Cuando lo aceptan, entonces se hacen cargo de reconocer la relevancia de la evidencia y así llegan al mundo de la causalidad: qué causas producen qué efectos para construir inseguridad y qué causas producen qué efectos para construir seguridad.

Por esta razón, porque las relaciones de causalidad son la esencia de la construcción de la inseguridad y de la seguridad, justo por eso hay consenso internacional en el sentido de que esa construcción es de abajo hacia arriba, es decir, primero es local.

Por eso un reciente reporte afirma: “El liderazgo municipal continuo es fundamental para una seguridad ciudadana exitosa. El componente clave para programas de seguridad urbana efectivos es una gestión local capaz, creativa y valiente, especialmente la proveniente de la oficina del alcalde. Los alcaldes y gobiernos locales son los que mejor entienden el contexto local y sus desafíos, y pueden impulsar los avances hacia una mayor seguridad ciudadana. Sin una dirección sólida y sin el involucramiento de actores locales clave del sector privado y de la sociedad civil, es difícil generar el impulso necesario para obtener resultados positivos”.

Entonces se puede hablar de seguridad y tomar decisiones en la materia sabiendo o no las causalidades. Por ejemplo, sabiendo o no qué violencias precisas suceden en determinada calle, barrio, escuela, parque, fraccionamiento, en los hogares, etcétera. También se puede hablar de seguridad sabiendo o no qué pasa cuando determinada institución pública hace lo que hace. Por ejemplo, la policía y las fuerzas armadas.

Es así que hay quienes deciden saber y quienes deciden no saber; el problema es que la gran mayoría de los que toman decisiones de política pública decide no saber o solo saber generalidades para así repetir supuestos no comprobados, usar la retórica más popular y conectar con el gran auditorio a cielo abierto, no porque se ofrece una política basada en causalidades probadas o al menos bajo experimentación controlada, sino porque se sabe “vender” la promesa. La seguridad entonces puede ser una promesa subjetiva o puede ser una política pública en estricto sentido.

Toda la narrativa que yo conozco de la propuesta de la GN, como fue la narrativa de la Ley de Seguridad Interior, se soporta en una promesa que no viene anclada en evidencia que permite interpretar relaciones causales en la forma de lo que se conoce como una “teoría de cambio”.

“Somos diferentes y vamos a hacerlo diferente”, nos dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hace unas semanas, dirigiéndose a un grupo de representantes de a sociedad civil y la academia. Yo le contesté, como lo hice ayer conversando con el diputado Mario Delgado, parafraseando a David Bayley, que las reformas –entendidas como los cambios reales, es decir, los que transforman las prácticas- no se decretan, se gestionan.

Los cambios creíbles se soportan en planes y en procesos de gestión, no en textos legales y menos en promesas. La GN es un texto legal, no soportado en un plan en estricto sentido, es decir, en una ruta; de la misma manera, no es un texto legal contextualizado en una política pública que coloque a la propia GN en un plano multidimensional coherente de intervenciones.

Ustedes, señoras y señores legisladores, tienen todo el derecho a creer o no creer en la GN, pero tienen la responsabilidad de fundar su convicción en argumentos y esos argumentos, sin evidencias y sin una referencia contextual de política pública, siguen siendo creencias subjetivas, precisamente ante una promesa subjetiva soportada en una potente retórica.

Cuando se decide tomar decisiones sin saber, entonces los factores precisos de riesgo ni siquiera se conocen; no referidos en general para cubrir la retórica políticamente correcta, como cuando se habla por ejemplo de deserción escolar, sino en particular asociados a las dinámicas de la deserción en una escuela determinada, a su vez vinculada a otros factores de riesgo comunitarios y familiares ahí mismo, todo ello entramado en un contexto de dinámicas que producen riesgos, daños y temores y que deben ser intervenidos, no con mirada satelital, sino de microscopio, si se me permite la metáfora.

Por eso la seguridad es primero local; por eso las intervenciones que construyen seguridad sostenida son las que se tejen mediante planos colaborativos entre autoridad local y las comunidades a las que gobiernan. Por supuesto, con intervenciones subsidiarias, excepcionales y temporales, en función de las necesidades de cada contexto, por parte de autoridades estatales y federales.

La más grave y delicada alerta cuando se decide sin conocer las relaciones de causalidad, se trasluce a través de la lupa de los derechos humanos. Qué causas producen qué efectos a favor o en contra de ellos, es lo que puede o no saberse. Abundan los ángulos de riesgos y daños pero voy al más crítico de todos: el uso de la fuerza.

Aprobar la GN sin una verdadera ponderación de riesgos en el uso de la fuerza, a partir de la evidencia disponible, implica una terrible irresponsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha revisado la evidencia respecto a México y otros países, una y otra vez, acumulando sentencias (contra Guatemala en el 2003; Venezuela, 2006; Ecuador, 2007; Venezuela, 2009; México, 2010; Brasil, 2010 y México, 2018 –dos sentencias-) que incluyen repetidamente la alerta de riesgos mayores por el uso de la fuerza a manos de las y los militares en tareas de seguridad ciudadana y el progresivo incremento de los estándares de control sobre la misma, hasta llegar al llamado caso Atenco donde, por vez primera, la Corte ordena crear un mecanismo externo de supervisión sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas la Policía Federal y la policía del Estado de México.

En todo caso, más allá de esto, los múltiples criterios de la Corte, en particular en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, invalidan en múltiples sentidos la propuesta de dictamen que hoy se discute.

Estas palabras amplían el fundamento que expliqué en este recinto el pasado 12 de diciembre, cuando presenté formalmente la propuesta de crear un panel plural de análisis de la evidencia, convocatoria que no recibió respuesta alguna.

La GN, con lo que sabemos hasta este momento, se parece mucho más a un modelo que la teoría conoce como fuerza de ocupación y no hay texto o discurso oficial alguno que la asocie en rigor con un modelo de servicio, propio de las policías en las democracias. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera muy afortunada, habla de construir un servicio policial que en efecto proteja a la gente; pero de manera muy desafortunada opta por la vía que no sirve para eso, la vía militar.

El dictamen en discusión no debe ser aprobado en sus términos. El camino es la refundación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y estamos abiertos a colaborar hacia ello tanto como sea necesario.

Ustedes legisladoras y legisladores federales tiene derecho a creer lo que quieran, pero no pueden votar sin base formal de conocimiento y evidencia detrás de ese acto.

La crisis de violencia es terrible y la gente tiene derecho a exigir soluciones ya. Ustedes, en cambio, no tienen derecho ni a refugiarse en la urgencia para improvisar ni a ofrecer soluciones cuya viabilidad no pueden demostrar.

Por su atención, muchas gracias.

 

@ErnestoLPV

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