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Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Aquiles y la tortura
Una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura que admite márgenes para defraudar el debido proceso y los derechos de las partes, nacerá muerta.
Por Insyde
28 de abril, 2016
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Por: Silvano Cantú (@silvanocantu)

Así reseñó Borges la carrera paradójica entre Aquiles y una tortuga: “Aquiles […] le da diez metros de ventaja [… ,] corre esos diez metros, la tortuga corre uno; Aquiles corre ese metro, la tortuga corre un decímetro; Aquiles corre ese decímetro, la tortuga corre un centímetro […] y así infinitamente, de modo que Aquiles puede correr para siempre sin alcanzarla”. Los posibles usos –o más bien, abusos– de este relato incluyen el que le daré aquí: en México parece que por cada nuevo control normativo que se adelanta para eliminar la tortura, la tortuga de la sutileza formalista y de la ilegalidad avanza en su micrométrica pero letal ventaja, así que nunca se alcanza el objetivo. Hablar de esto importa hoy, porque la absurda carrera podría reproducirse esta semana con el dictamen que discuten las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación del Senado de la República para contar – ¡por fin! – con una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura.

Claro que es necesario y urgente contar con esa Ley ya, aquí en el país de la tortura selfie, autograbada, en el país que no hace investigación penal con la inteligencia sino con las manos. Hace años que cientos de víctimas y organizaciones que las acompañan lo exigen del Estado, principalmente para superar el laberinto de los casi treinta y tres(1) tipos penales diversos que cruzan el derecho penal sustantivo del país, que a juzgar por la información disponible están mal hechos; me refiero, por ejemplo, a la cifra que consigna el hecho de que entre 2006 y 2014 se han producido menos de una decena de condenas contra cuatro mil cinco denuncias, de las cuales apenas el 0.3% (once) se convirtieron en consignaciones.

La Ley General que se discute en el Senado incluye medidas que permiten superar muchos de estos déficits normativos de un golpe y para todo el país. También medidas para que se practiquen peritajes independientes, con perspectiva de género, y que la investigación atraviese la muralla de opacidad que cubre los centros de detención y el sistema penitenciario. Entre las propuestas de la sociedad civil, organismos internacionales y aportes de servidores públicos y legisladores sensibles al tema que también trascendieron al dictamen, hay pautas estrictas para que las detenciones se registren y se acompañen por regla general de examinaciones médicas oportunas y exhaustivas, así como para que las víctimas encuentren la puerta abierta a reparaciones integrales frente al inmenso e incorregible daño que la tortura produce. Y hay muchas otras innovaciones que valdría la pena destacar y aplaudir si el espacio lo permitiera. ¡Pero Aquiles sigue a la zaga!

No es bastante que se haya elevado el nivel del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, que se creen las fiscalías especializadas en este delito, ni que se haya tropicalizado y desgranulado en el proyecto parlamentario el Protocolo de Estambul, porque a estos formidables pasos correspondió la tortuga con sus patas de estorbarlo todo, al menos en dos sentidos: por una parte, hay en el Senado actores interesados en postergar la discusión al próximo período de sesiones, aunque ella se ha dilatado ya por años y los casos se siguen apilando día con día; por otra parte, hay contenidos en el dictamen que urge replantear cuanto antes para que la prisa no corra contra el más elevado interés jurídico.

De los aspectos a modificar, además de los que constan en un pormenorizado análisis con propuestas de redacción alternativas elaborado por un grupo amplio y plural de organizaciones de la sociedad civil –ya entregado a las comisiones dictaminadoras–, destaco los tres que me parecen más alarmantes:

1) Las tenaces ambigüedades del tipo penal.

2) La omisión sobre reparaciones a las víctimas de un proceso cuya contraparte hubiera sido liberada tras la regla de exclusión de prueba ilícita.

3) La arbitraria extensión de la prisión preventiva cuando el imputado denuncie haber sido sometido a tortura.

Sobre el tipo penal

La iniciativa del Ejecutivo creaba dos tipos distintos, uno para tortura y otra para “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, consistente en una tortura de menor intensidad. Observamos que esto favorecía a la reclasificación de la conducta y, con ello, a la impunidad, ya que las sanciones podían reducirse y podía evitarse la aplicación de las reglas de imprescriptibilidad y exclusión de pruebas. La posición de la sociedad civil en el tema fue que si había diferencias en la gravedad, éstas deberían verse reflejadas en la sanción y no en la creación de un delito autónomo. Es como si hubiera un delito de homicidio y otro de “trato privativo de la vida”, con menores garantías de justicia. ¡Es un sinsentido!

Las Comisiones Unidas tomaron nota de la observación y convirtieron los tratos crueles en “Aquellos actos u omisiones distintos al delito de tortura que produzcan afectaciones a la integridad personal, estén tipificados o no como delitos”, incluyéndolos en la definición de “delitos vinculados” a la tortura, a saber: “Aquellos delitos previstos en esta ley o en las legislaciones penales federal o de las entidades federativas, que se cometan en concurso o sean conexos al delito de tortura; así como cualquier otro delito o hecho constitutivo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Con todo, en el capítulo relativo a los “delitos vinculados” no aparece ninguna referencia que permita sancionar los “tratos o penas crueles…”, lo cual tiene sentido si se considera esas conductas dentro del tipo de tortura, como el derecho internacional precisa.

Pero entonces se incluyó un extrañísimo artículo 7 que facultaba a las entidades federativas a legislar por su cuenta los famosos “tratos o penas crueles…” y con eso se descarrilaba por completo la Ley, porque aunque hubiera un tipo único en tortura para todo el país, habría treinta y tres de “minitortura”, y si –como la experiencia enseña– contar con una versión deslactosada de un delito grave da incentivos para la reclasificación en perjuicio de la justicia, debía conjurarse el peligro de conceder tantas facilidades al abuso.

Al parecer las Comisiones Unidas hicieron caso a las nuevas alertas encendidas y el artículo 7 (2) se refraseó para constreñir las acciones contra la tortura al marco de la Ley General. Lo que no se aclaró, porque se había pensado dejarlo a las entidades federativas, es dónde van finalmente los tratos crueles: ¿en el tipo de tortura, en los delitos vinculados; son imprescriptibles y ante su comisión procede la exclusión de prueba ilícita como en la tortura? Estos restos de la conceptualización previa no deben quedar sueltos: los tratos crueles deberían estar contenidos en el mismo tipo de tortura, eliminarse de las definiciones (porque no pueden castigarse si no están tipificados) y, estando dentro del tipo principal que fija la Ley, gozar de las mismas características que aquél, y producir los mismos efectos jurídicos.

Hay otro cabo suelto en la tipificación, y sobre ese no ha habido reacción de las Comisiones Unidas, a saber: el motivo o fin con el que se realiza la tortura no está limitado a un catálogo de hipótesis, por amplio que pueda ser, por lo que no importa si el delito se comete para obtener confesiones o por puro placer, la tortura es en todo caso un dato objetivo que debe castigarse por haberse cometido, y fin. Cuando el tipo dice que las conductas constitutivas de tortura se cometen “con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin ilícito” casi es compatible con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, salvo porque puede haber fines lícitos invocables como pretexto para cometer tortura. La prohibición de la tortura debe ser absoluta, tanto para fines lícitos como ilícitos, es decir, como debería leerse: “con cualquier otro fin”.

Segundo: exclusión de prueba con reparaciones a las partes

El pasado 16 de marzo un conjunto de víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones enviamos una carta pública al Senado en la que exigimos que, a la par de aplicar sin excepción la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante tortura “se ordene a la institución de adscripción de quien fuera responsable de , así como a las instancias contempladas por la Ley General de Víctimas, que adopten las medidas de reparación integral procedentes” para las partes, a fin de no “dejar en la impunidad los delitos ni defraudar la expectativa de verdad, justicia y reparación de las víctimas”. No hay contenidos en el dictamen que hagan eco de esta exigencia.

Sobre el “miniarraigo”

Finalmente apunto a lo que parece un truco de prestidigitación legislativa sobre lo que en su momento llamamos “miniarraigo”. Antes que el Ejecutivo enviara la iniciativa al Senado, el debate entre sociedad civil y PGR sobre el particular redundó en eliminar la figura conforme a la cual si una persona denunciaba ante el juez la tortura se le podía retener hasta por 60 días adicionales para que el Ministerio Público se allegara de mayores pruebas sobre el caso. Resulta que el 26 de abril de este año, en el cuerpo de la miscelánea penal que se discute en el Senado se incluyó una reforma al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la prisión preventiva se amplíe de uno a dos años en los casos en los cuales “…el imputado o su defensor manifieste o el juzgador advierta la existencia de tortura y esta deba resolverse primeramente”. Ya no son 60 días, es hasta un año adicional de castigo precondenatorio por denunciar abusos.

¿A qué debemos estos juegos inescrupulosos; será la tortuga de la simulación batiendo récords? ¿De veras no hay vías serias y democráticas para investigar los delitos e implementar el sistema acusatorio sin incurrir en ilegalidades? ¿De veras no pueden procesar los delitos sin electroshocks y ninguneos procesales?

Reiteramos lo que hemos dicho mil veces: un sistema acusatorio decorativo, que admite márgenes para defraudar el debido proceso y los derechos de las partes, nacerá muerto. Si no se legisla conforme a derechos humanos habremos impulsado otra vez la mejor ley del mundo en el tema, que de nuevo llevará en su seno el germen de su propia ilusoriedad. Así como algunos objetos industriales se fabrican con su obsolescencia incorporada, en México estamos maquilando leyes con su ilegalidad incorporada. ¿Vamos a hacerlo otra vez, senadores? ¿A quién le apuestan, a Aquiles o a la tortuga?

 

* Silvano Cantú es consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia @InsydeMx

 

 

“Casi” porque hay estados en los que ni siquiera existe el delito, como en Michoacán donde los diputados lo desaparecieron durante los tiempos en los que el gobierno federal designó a un Comisionado de Seguridad para la entidad.

(2) Artículo 7. Las autoridades de la Federación y de las entidades federativas deberán prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar, en el ámbito de su competencia, los delitos vinculados al delito de tortura de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en las demás normas aplicables.

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