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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Auditor externo: institucionalizando las consecuencias del quehacer policial
El pasado martes 24 de marzo, el cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad la creación e instrumentación de un Auditor Externo, una figura independiente al poder ejecutivo diseñada exprofeso para formular recomendaciones y promover cambios en las políticas institucionales a fin de mejorar el desempeño de la policía. Es el primero en su tipo en América Latina.
Por Insyde
1 de abril, 2014
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Por: Alejandro Espriú Guerra (@alespriu)

Muchas veces he escuchado decir que ‘en México no pasa nada’. Sin duda, esta afirmación puede contener significados muy diversos dependiendo de la arena desde la que se sostenga (cultural, social, política, económica, recreativa). No obstante, cuando la frase se construye a partir de un contexto donde la intención es reafirmar que en nuestro país las instituciones del Estado son incapaces de cumplir con su trabajo ‘sin que nada más suceda’, las implicaciones pueden llegar a ser profundas y preocupantes: hablamos de una democracia fallida en donde el propio sistema es incapaz de mantener la creencia de que ciertas instituciones son las más apropiadas para el buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad.

Dos datos sostienen este argumento: por un lado, de acuerdo al informe regional Latinobarómetro 2013, el apoyo a la democracia en nuestro país ha caído notablemente en la última década al pasar de un 63% en 2002 a tan sólo 37% en 2013, uno de los niveles más bajos en América Latina. Por el otro, las caras más visibles del Estado, como el congreso, los partidos políticos, el poder judicial y la policía invariablemente ocupan los últimos lugares en las encuestas de confianza ciudadana (ver por ejemplo la Encuesta Nacional en Viviendas de Consulta Mitofsky y MUCD 2012 o la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y  Prácticas Ciudadanas ENCUP 2012).

Para la policía, tan bajo nivel de confianza se traduce indiscutiblemente en falta de legitimidad: los números implican al final del día que existe poca disposición entre los ciudadanos para seguirle cediendo a esta institución el poder del uso de la fuerza y la restricción de las libertades a cambio de proveerles seguridad. Dicha desconfianza está fincada sin duda en el desempeño de esta institución, aunque el grado de efectividad no suele ser el único elemento que impacta la percepción de la población. Cuando se trata de legitimidad, los ‘cómos’ y los ‘por qués’ son tan importantes como los ‘qués’. En otras palabras, la manera en que la policía actúa (los cómos) y las razones que la motivan a actuar (los por qués) resultan igual de trascendentes como su labor en sí (el qué).

En este sentido, lo que la policía requiere para ayudar a mejorar su desempeño y fortalecer (¿recuperar?) la confianza ciudadana es demostrar que está dispuesta y preparada para justificar los cómos y por qués de sus acciones. Es decir, demostrar que es capaz de responsabilizarse de su mandato y, particularmente, de rendir cuentas.

La vinculación entre efectividad, legitimidad y rendición de cuentas policial es muy sencilla. Cuando hablo de este último concepto, lo hago refiriéndome a un principio (accountability en inglés) que va más allá de la simple voluntad (pasiva) de transparentar datos, políticas y procesos; me refiero expresamente a la capacidad de la policía para transformarse en un organismo activo, preocupado y ocupado en administrar consecuencias de manera institucional. Esto implica naturalmente la creación de mecanismos que supervisen y controlen las prácticas (formales e informales), así como las conductas consideradas desviadas (uso excesivo de la fuerza, poderes discrecionales, corrupción, entre otros); no obstante, involucra otro componente igual de importante: la capacidad para institucionalizar el reconocimiento de las buenas prácticas y generar los incentivos necesarios para replicarlas.

Lo anterior implica que la policía debe aspirar a convertirse en una institución de (auto)aprendizaje capaz de superar el limitado enfoque de los casos individuales para procurar mecanismos sistémicos de análisis y mejora. Sancionar conductas aisladas y premiar algunos actos valientes o meritorios no es suficiente para impactar en la mejora y percepción de la institución si no se detectan y estudian los ‘cómos’ y ‘por qués’ que los propiciaron. Por el contrario, sistematizar y explotar esta información (sobre lo que se hace bien y se hace mal) puede proveerle a la institución los insumos necesarios para corregir errores, desarrollar alertas tempranas y reforzar círculos virtuosos (políticas integrales de desarrollo policial) que repercutan en un mejor desempeño; todo ello a la vez que paralelamente genera los recursos institucionales necesarios para legitimar sus acciones y recuperar el respeto y la confianza ciudadanas.

Existen diversos mecanismos, tanto al interior como al exterior de la policía, que pueden contribuir a fortalecer los sistemas de rendición de cuentas con este enfoque. Uno de ellos es el Auditor Externo, una figura independiente al poder ejecutivo diseñada exprofeso para formular recomendaciones y promover cambios en las políticas institucionales a fin de mejorar el desempeño de la policía. Hasta hace pocos días dicha figura era sólo un ejemplo de buena práctica en otras latitudes del planeta. Sin embargo, el pasado martes 24 de marzo, el cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad la creación e instrumentación de este mecanismo como parte de un proyecto integral de acompañamiento técnico que el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) ha emprendido con la administración pública de dicho municipio. En su reglamentación se especifica que, entre otras cosas, esta figura se encargará de “evaluar el desempeño de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante la recepción y trámite de quejas, validación y en su caso, emisión de recomendaciones para investigaciones internas, y emisión de propuestas que incidan en el cumplimiento y mejora de la labor policial”.

Lo anterior sin duda representa un acontecimiento relevante para el proceso de evaluación del quehacer policial en nuestro país y una iniciativa promisoria a la cual valdrá la pena darle seguimiento. Como primero en su tipo en América Latina, existe un sinnúmero de obstáculos, desafíos y lecciones que este mecanismo habrá de explorar; no obstante, el (auto)aprendizaje es justamente el motor que le da impulso.

La aprobación de la Dirección de Auditoría Policial en el Municipio de Querétaro representa también un avance simbólico en la construcción de democracia en nuestro país, particularmente si se considera la trascendencia que esta figura tendrá para equilibrar los poderes y el ejercicio de las atribuciones de la institución policial (local) en vinculación directa con la ciudadanía.

Adicionalmente, esta iniciativa rompe en dos sentidos la afirmación de que ‘en México no pasa nada’: por un lado, demuestra que sí existen liderazgos políticos locales preocupados por pensar de manera diferente, arriesgarse, innovar y procurar que las instituciones de nuestro país se transformen; por el otro, sienta un precedente para que en las instituciones policiales, donde es común que las acciones –buenas o malas– no tengan repercusiones estructurales, las consecuencias realmente comiencen a administrarse.

 

* Alejandro Espriú Guerra es investigador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de Insyde.

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