close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Brasil: homicidios y Estado miliciano
El proceso que observamos en Brasil es que hay una expansión de la participación estatal en la economía de las muertes violentas. La magnitud de estas muertes indican que existe un recurso recurrente del Estado al uso ilegal de la fuerza.
Por Insyde
5 de agosto, 2019
Comparte

Por: André Rodrigues y Andrés Del Río

 

Forster cuenta que durante una de sus conversaciones con Kaváfis en Alejandría, el poeta le dijo: “Ustedes los ingleses no pueden entendernos: los griegos hemos quebrado hace mucho tiempo”. Creo que una de las pocas cosas que podemos decir con certeza es que desde entonces todos los pueblos de Europa (y quizás de la tierra) han quebrado. Nosotros vivimos después de la quiebra de los pueblos, tal como Apollinaire dijo de sí mismo: “Viví en la época en que morían los reyes”. Cada pueblo tiene su propia forma de quebrar, y ciertamente no es indiferente que para los alemanes los significados de Hitler y Auschwitz, para los españoles una guerra civil, para los franceses Vichy, para los otros pueblos, a su vez, los tranquilos y atroces años 1950, para serbios, las violaciones de Omarska. En definitiva, es decisivo para nosotros solo la nueva tarea que esta quiebra nos ha dejado como herencia. Quizás ni siquiera sea correcto definirlo como una tarea, dado que ya no hay personas que la asuman. Como diría hoy el poeta alejandrino sonriendo: “Ahora, al menos, podemos entendernos, ya que ustedes también han quebrado”.

Giogio Agamben, En este exilio. Diario italiano 1992-94.

 

Estas notas de Giorgio Agamben pueden haber tenido poco sentido para aquellos que enfrentan la reapertura democrática en América Latina a lo largo de la década de 1980. Pero el reflujo autoritario en la región hace que los significados de la falencia sean tan palpables como para el italiano que lo enfrentó con el surgimiento de Berlusconi. En el caso brasileño, las características distintivas de la falencia permanecen vivas bajo la contradicción de una democracia formal que poco cambió las estructuras políticas y sociales del régimen autoritario y se negó a avanzar de manera efectiva una agenda de memoria, verdad y justicia. La negación de la verdad sobre la dictadura mantiene latentes los cimientos del autoritarismo. Brasil revirtió una ecuación clásica, la historia de nuestra quiebra ocurrió primero como farsa, y segundo como tragedia. Primero, con el detestable bufón parlamentar que construyó su carrera exaltando los crímenes de la dictadura. Y luego con el presidente electo que oscila entre un hediondo dictador y un monarca delirante.

Fracasamos y, por más que el contexto brasileño nos acerque al vértigo, no es nada nuevo. Llevamos treinta años conviviendo con el indicador más significativo de nuestro fracaso: una escalada constante de homicidios. La magnitud de las muertes intencionales en Brasil es el resultado de un consorcio entre mercados criminales altamente lucrativos y un Estado que nunca se ha democratizado. Al igual que el poeta alejandrino citado por Agamben, una persona negra de periferia, difícilmente se engaña a sí misma acerca de nuestro fracaso, nuestra quiebra: ella sabe que nunca ha habido una democracia en Brasil.

En este artículo buscaremos centrarnos en el fenómeno del homicidio como expresión de nuestras circunstancias políticas. Por un lado, es un indicador básico de las contradicciones de los intentos de consolidación democrática en Brasil. Y es, por otro lado, el aspecto central de un orden político que define el régimen brasileño actual y lo denominamos como el “Estado miliciano”.

Homicidios, mercados criminales y Estado

A pesar de ser un fenómeno multicausal, además de poder estar relacionado con circunstancias fortuitas como los conflictos interpersonales, la alta incidencia y la constancia histórica de los homicidios en Brasil indican un vínculo con aspectos estructurales. Una sociedad profundamente desigual, con un pasado esclavista todavía no resuelto (y aún con fuertes sedimentos vivos), tiene muchas oportunidades de expresar sus conflictos de forma violenta. Pero esta no es una correlación necesaria. Asimismo, lo que convencionalmente se llama vulnerabilidades sociales en los estudios de violencia son insuficientes como elementos explicativos de la difusión de los homicidios. Es un hecho que se concentran en áreas pobres, pero porque en estas áreas se instalan mercados criminales que articulan la dinámica violenta que culmina en homicidios. La pobreza y la violencia no están necesariamente vinculadas. Tampoco hay una relación necesaria entre crimen y violencia. Pero determinadas redes criminales en Brasil, con fuertes vínculos con el Estado, engendran las circunstancias en que la pobreza, el crimen y la violencia convergen en un cuadro de corrosión política.

La estructura básica de estos mercados criminales es el control territorial armado. Dicho control permite el acceso a una variedad de mercados que abarcan actividades como el comercio minorista de drogas, el tráfico de armas, la venta de canastas básicas de alimentos y de gas, la explotación de transporte alternativo, el negocio de combustibles adulterados, la pesca ilegal, apropiación ilegal de tierras, la extracción ilegal de arena para construcción, televisión por cable clandestina, seguridad privada, entre muchos otros ejemplos. Los grupos armados también operan el negocio de lo que Michel Misse (2011) llamó como mercancías políticas: el control del voto como aspecto decisivo de la asociación con el poder público. El poder de matar es el elemento estructurante de este control territorial y, por lo tanto, es fundamental para el funcionamiento de estos mercados. Los grupos operan mercados lucrativos porque ejercen control territorial y ejercen control territorial porque tienen el poder de matar. La fuerza letal es la credencial esencial de estos mercados. Por lo tanto, los homicidios no son un efecto colateral y secundario de la operación de los mercados criminales: son el factor estructurante de estos mercados. Los grupos solo acceden a los mercados ilegales porque tienen fuerza letal para respaldar sus operaciones. Como un aspecto necesario de estos mercados basados en el control territorial, los homicidios se centran preferentemente en aquellos que representan un menor costo para los negocios: los jóvenes negros habitantes de barrios periféricos y favelas (ISER, 2018).

El Estado participa en estos mercados de dos maneras. Directamente, con la actuación de agentes activos de las fuerzas de seguridad, retirados, jubilados o actuantes en las pandillas armadas, así como la cobranza y recolección de dinero y propinas por parte de la policía para que los grupos puedan realizar sus actividades. O, indirectamente, con la elección de líderes de áreas controladas por grupos armados para alcanzar las casas legislativas, así como la elección para alcanzar el poder ejecutivo con votos significativos en colegios electorales dominados por estos grupos, en dinámicas que se remontan a los corrales electorales de la vieja república brasilera de fines del siglo XIX (Leal, 1976).

A partir de la década de los 90, la opinión pública se limitó a señalar que el comercio minorista del narcotráfico era el núcleo de los problemas de violencia urbana en Brasil. La “guerra contra el tráfico” y la “guerra contra las drogas” son los dos títulos que dominan el sentido común sobre la inseguridad y la violencia. Solo a fines de la primera década del nuevo milenio, las milicias fueron vistas y entendidas como organizaciones criminales relevantes. Este enfoque se debió en gran parte al establecimiento de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro sobre las milicias en 2008. La CPI fue coordinada por la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea, liderada por el entonces Diputado Marcelo Freixo, de cuyo equipo participaba Marielle Franco, la concejala asesinada en 2018 y que en esa época era asesora parlamentaria. Como nota es importante recordar que las investigaciones hasta ahora indican que los asesinos de Marielle Franco eran de un grupo de milicianos que actuaron como sicarios. Todavía no sabemos quién mató a Marielle. Ahora bien, las investigaciones de la CPI de las milicias revelaron que estos grupos criminales actúan como mafias, con gran penetración en las estructuras de poder público. La CPI tuvo como resultado el enjuiciamiento de 225 personas, incluidos funcionarios públicos, políticos, policías, agentes penitenciarios y bomberos.

Las milicias participan en todos los mercados criminales asociados con la letalidad violenta, incluido el tráfico de drogas, la asociación con ciertas facciones minoristas de drogas, participando en las disputas por el control territorial de las áreas de ventas. En algunos casos, las milicias abren parte de los territorios que controlan para las facciones del narcotráfico, cobrando parte de las ganancias del negocio. Bajo la cortina de humo de la guerra contra las drogas, las milicias ampliaron su poder y su cartera de negocios.

Aunque solo se observó recientemente, el negocio de las milicias se refiere a patrones de asociación entre mercados criminales y violencia letal que tienen una larga historia en Brasil. Desde el coronelismo en la primera mitad del siglo pasado hasta los grupos de exterminio que surgieron durante la dictadura militar de 1964, el uso ilegal de la fuerza con la participación de agentes estatales asociados con el control territorial para la operación de los mercados criminales es un importante pilar de la letalidad violenta en Brasil. Herederas de estas tradiciones que vinculan el crimen, la violencia y la política, las milicias son una forma de poder que tiene un papel central en la coordinación de la dinámica estructural de los homicidios en Brasil. Sea en padrones más sofisticados y acabados, como en el caso de Río de Janeiro y Espíritu Santo, o sea en forma de grupos de exterminio, las milicias tienen una amplia difusión en el territorio nacional.

La tabla muestra que entre 2015 y 2018, el número de muertes por intervención policial se duplicó en Brasil. El porcentaje de muertes cometidas por policías en relación con el total de muertes violentas intencionales también se duplicó, del 6% al 12%. Los gráficos que siguen muestran con precisión esta tendencia.

El proceso que observamos en Brasil es que hay una expansión de la participación estatal en la economía de las muertes violentas. La magnitud de estas muertes indican que existe un recurso recurrente del Estado al uso ilegal de la fuerza. La difusión de un discurso de los jefes de los poderes ejecutivos que aboga por el uso de la fuerza fuera de la ley acompañado por la escalada de asesinatos policiales es un escenario que puede interpretarse como una tendencia en la que el Estado parece estar buscando ampliar su monopolio sobre el uso ilegal de la fuerza. Este proceso expresa las líneas generales de lo que llamamos el Estado miliciano, es decir, un régimen en el que el uso ilegal de la fuerza es la herramienta prioritaria para la producción de orden y seguridad. Y la condición ideal para la consolidación del negocio criminal de las milicias es la existencia de un Estado completamente permeable a esta forma de poder: un Estado en el que la policía actúa como milicia y las milicias expanden sus negocios y son cada vez más reconocidas como fuentes legítimas de poder.

Hoy en día Brasil está en caída libre, construyendo diariamente un Estado miliciano, donde los peores horizontes están materializándose, y con ellos, el fracaso y la quiebra de los cimientos de lo que resta de la democracia.

* André Rodrigues y Andrés Del Río son doctores en Ciencias Políticas, Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro y profesores adjuntos de la Universidad Federal Fluminense UFF.

 

Referencia bibliográficas

Instituto de Estudos da Religião-ISER (2018). Homicídios no Rio de Janeiro. É possível reduzir, é possível prevenir!

Leal, Victor Nunes (1976). Coronelismo, enxada e voto, Alfa-Omega, São Paulo.

Misse, Michel (2011). “Crime organizado e crime comum no Rio de Janeiro: diferenças e afinidades” en Revista de Sociología y Política . Vol.19, n.40, pp.13-25.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.