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Caso Galeana: la tortuosa ruta para obtener la reparación integral del daño en México
Llevó más de cinco años lograr que un tribunal dictara una sentencia favorable a las víctimas y solo se ha obtenido la indemnización económica por daño moral. El Ayuntamiento de Guadalajara aún no ha cumplido con las garantías de restitución, de no repetición ni de una disculpa pública, ordenadas por un tribunal jurisdiccional, y no da signos de cumplir.
Por Agustín Verduzco Espinosa
2 de marzo, 2020
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El caso de los hermanos Rodrigo y Eviud Galeana Rodríguez, que fueron torturados por policías municipales de Guadalajara, es una muestra de la tolerancia de las autoridades ante los excesos de la policía en el uso de la fuerza y de la continua violación a los derechos humanos de las víctimas, derivada de la indolencia y el menosprecio que sienten los funcionarios, así como de los obstáculos jurídicos que ponen ante los reclamos de reparación del daño. Llevó más de cinco años lograr que un tribunal dictara una sentencia favorable a las víctimas y solo se ha obtenido la indemnización económica por daño moral. El Ayuntamiento de Guadalajara aún no ha cumplido con las garantías de restitución, de no repetición ni de una disculpa pública, ordenadas por un tribunal jurisdiccional, y no da signos de cumplir. Han pasado cuatro administraciones municipales y la estrategia jurídica para obtener el cumplimiento cabal de la reparación integral del daño se ha agotado.

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2011. Ese día, los hermanos Rodrigo y Eviud Galeana Rodríguez, junto con Elena, su mamá, realizaban compras en un puesto de juguetes en la calle de Obregón al oriente de la ciudad de Guadalajara, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal (hoy Comisaría de la Policía) iniciaron una discusión con las personas que atendían el puesto, en la que se vio envuelta la familia Galeana Rodríguez. En la discusión, un agente de la policía tomó a Elena por el pecho y la aventó, comenzando así una pelea entre los hermanos y los gendarmes.

Los hermanos Galeana fueron sometidos y esposados por cinco policías. Uno de ellos presionó con su rodilla la mandíbula de Eviud contra el pavimento, ocasionándole una fractura. Los agentes policiales subieron a los hermanos a una patrulla, los siguieron golpeando y los llevaron a una calle, donde los bajaron, los hicieron hincar -con las manos esposadas por la espalda- por aproximadamente 15 minutos. Luego, los subieron a una patrulla distinta para llevarlos a la parte posterior de una gasolinera cercana, donde había una tienda de conveniencia. En el trayecto siguieron golpeándolos, amenazándoles de muerte y también con sembrarles mariguana.

En ese lugar, a Rodrigo y a Eviud ―en ese momento menor de edad―, los agentes policiales les propinaron electroshocks en los testículos, les quitaron sus pertenencias, revisaron sus celulares y se apropiaron de los chips que contenían información personal.

Posteriormente, Rodrigo Galeana fue puesto a disposición del agente del ministerio público del fuero común, bajo los cargos de agresión a policías, robo de un cargador de arma y posesión de mariguana. Eviud fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado donde lo retuvieron en una celda, para luego dejarlo libre, sin cargos, a las 2:00 de la mañana del día 23 de diciembre.

En los diversos partes médicos de lesiones expedidos por instituciones médicas como la Cruz Verde, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y por los servicios médicos adscritos a los Juzgados Municipales y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Jalisco, se asienta que Eviud sufrió fractura de mandíbula, quemaduras de primer grado en los testículos, contusiones en el ojo izquierdo y en la nariz, y escoriaciones en las mejillas. Rodrigo sufrió heridas en la oreja, escoriaciones en cara, brazos y piernas, presentó huellas de violencia física, moretones en ambos ojos y en el hombro izquierdo, lesiones en ambas muñecas provocadas por esposas, lesiones por quemaduras producidas por agente eléctrico en los testículos, además de pérdida de conocimiento. Los dictámenes psicológicos elaborados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinaron que Rodrigo y Eviud presentaban síntomas del trastorno de ansiedad clasificado como trastorno por estrés postraumático.

El 28 de diciembre de 2011, Elena Rodríguez Torres presentó una queja a favor de sus hijos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por los hechos mencionados, y el 29 de noviembre de 2012, en la Recomendación 43/2012 dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado en ese momento por Ramiro Hernández García, del partido Revolucionario Institucional, la Comisión tuvo por probados todos los actos de tortura y emitió las siguientes conclusiones: que los policías violaron los derechos a la integridad, seguridad personal y seguridad jurídica de Eviud y Rodrigo, que debía resolverse el procedimiento administrativo abierto en la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento para sancionar a los agentes de seguridad pública involucrados, que el Ayuntamiento debía reparar los daños de una forma objetiva y directa a los hermanos Galeana causados por el actuar irregular de los policías como un gesto de reconocimiento por las violaciones de derechos humanos cometidas, y que se emitiera una circular a la institución policial para reiterar el compromiso de respetar los derechos humanos y evitar este tipo de actos por medio de capacitación en la materia.

En este artículo muestro el itinerario jurídico y el tiempo que llevó a las víctimas obtener la reparación integral del daño ante el Ayuntamiento de Guadalajara y analizo algunos factores sobre la accesibilidad de la justicia administrativa municipal y de los tribunales a las demandas de reparación de violaciones a los derechos humanos, que funcionan como barreras para su obtención y que generan exclusión de las víctimas.

La accesibilidad a las peticiones de reparación integral del daño tiene que ver con la forma en que los tribunales aplican las reglas de legitimación activa. Es decir, de las normas que reconocen a los demandantes la capacidad para demandar; con la aplicación de la inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas; con prácticas de los operadores jurídicos dentro de los procesos destinadas a disminuir desigualdades; o con la interpretación de las normas conforme a los principios constitucionales de derechos humanos.

En enero de 2014, la familia Galeana acudió al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, para solicitar asesoría para obtener la reparación del daño considerada en la recomendación de la CEDHJ. En mi calidad de profesor y asesor jurídico me tocó atender el caso. Rodrigo y Eviud narraban su historia sumamente exaltados y de manera atropellada, mostrando en su cuerpo algunas huellas de golpes y cicatrices de raspones que aún seguían visibles. Ninguno había terminado la secundaria, Eviud trabajaba en la construcción y Rodrigo como ayudante en un comercio. Después de los hechos de tortura no habían tenido un trabajo estable. Padecían insomnio y depresión, aseguraban. Elena relató lo que sintió y pensó cuando buscaba a sus hijos, la angustia de no saber su paradero ni qué hacer ni a dónde acudir, el trato en las agencias del ministerio público sin asesoría y lo que sintió cuando vio a sus hijos golpeados, humillados y torturados.

Después de analizar el caso, se tomó la decisión de brindar el patrocinio jurídico en el Bufete Ignacio Ellacuría, S.J., del ITESO. El 31 de enero de 2014 se presentó ante el Ayuntamiento de Guadalajara la solicitud de reparación integral del daño, que comprendía el daño moral, el lucro cesante, la atención médica y psicológica, y las garantías de restitución y de no repetición. El litigio tenía varios objetivos: lograr la reparación integral conforme al bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos; que se reconociera a Elena como víctima secundaria, conforme a los estándares internacionales y a la Ley General de Víctimas (aún no se encontraba vigente la ley estatal), ya que la recomendación de la CEDHJ no indicó nada al respecto, y visibilizar la actuación de las autoridades municipales con relación a violaciones graves a los derechos humanos como la tortura. De igual manera, como parte de una estrategia mediática, solicité a académicos del ITESO que en sus colaboraciones en la prensa local dieran a conocer la magnitud del caso, la ineficiencia y la falta de compromiso de las autoridades municipales y jurisdiccionales con la garantía y el respeto de los derechos humanos.

El 24 de abril de 2015, el Ayuntamiento resolvió que era improcedente la reclamación de indemnización, aduciendo que las víctimas no acreditaron el daño sufrido ni el nexo causal entre la actividad irregular de los agentes policiales y dicho daño. Es decir, la autoridad reconocía los actos de tortura perpetrados por los policías, pero no el daño causado por esa tortura. Además, determinó que tampoco se acreditó el daño moral, ni los gastos médicos, ni el daño psicológico de las víctimas, a pesar de estar probados por la recomendación de la CEDHJ. Tampoco reconoció a Elena como víctima indirecta por no haber acreditado su personalidad ni su interés jurídico. Con base en esas razones, el Ayuntamiento negó a la familia Galeana la reparación integral del daño.

El 15 de julio de 2015, interpusimos una demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco en contra de la resolución del Ayuntamiento de Guadalajara. Casi dos años después, el 10 de marzo de 2017, el Tribunal de lo Administrativo declaró la nulidad de la resolución del Ayuntamiento y lo condenó a pagar la indemnización económica, a brindar atención médica y psicológica y a brindar garantías de no repetición. Contra esta resolución, el Ayuntamiento dirigido por Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, promovió un juicio de amparo directo el día 9 de marzo de 2017, aduciendo la indebida fundamentación jurídica de la acreditación del daño moral y del nexo causal entre la actividad administrativa irregular y la obligación de pagar el daño moral, y también del reconocimiento de Elena Rodríguez como víctima indirecta, porque no se presentó como afectada en el procedimiento sancionador interno en la Comisión de Honor y Justicia. El Ayuntamiento también adujo que el Tribunal aplicó de forma retroactiva la Ley General de Víctimas en perjuicio del Ayuntamiento.

Trece requerimientos del Tribunal de lo Administrativo al Ayuntamiento de Guadalajara fueron necesarios para obtener el cumplimiento de la sentencia. Pasaron dos años desde que causó estado el amparo directo, en julio de 2017, hasta la expedición del último requerimiento en octubre de 2019. Los funcionarios municipales hacían caso omiso de los apercibimientos realizados por la autoridad, a pesar del incremento de las multas; solicitaban prórroga para el pago de la indemnización, una figura no permitida por la ley administrativa, o bien, informaban falsamente al Tribunal que estaban en negociaciones con las víctimas para retardar el cumplimiento.

Pasaron casi seis años para que Eviud, Rodrigo y Elena obtuvieran la indemnización económica por daño moral, pero no la reparación integral. El 31 de enero de 2014 las víctimas presentaron ante el Ayuntamiento de Guadalajara la solicitud de reparación integral del daño y fue hasta el 19 de noviembre de 2019, cinco años y diez meses después, el día en que el Ayuntamiento, ahora a cargo de Ismael del Toro Castro, emanado también de Movimiento Ciudadano, cumplió con la indemnización económica. Pero incumplió con su obligación de brindarles atención médica y psicológica, y con las garantías de restitución y no repetición solicitadas como parte de la integralidad de la reparación, en específico, con la disculpa pública por parte de un funcionario de alto rango dentro del municipio o de la institución policial.

La accesibilidad de la autoridad municipal a las demandas de reparación fue muy restringida, ya que no valoró los partes médicos y psicológicos como prueba de la tortura, fue inflexible en las reglas de legitimación activa para reconocer a Elena el carácter de víctima indirecta, la interpretación de la legislación aplicada para el daño moral no fue conforme a los principios constitucionales, y alegó inaplicación de la Ley General de Víctimas por irretroactividad. Todo esto puede ser observado en la resolución del Ayuntamiento, en su contestación de la demanda de juicio de nulidad y en el amparo directo interpuesto contra ésta. Seis años y tres instancias llevó a los funcionarios municipales defender el incumplimiento de su deber constitucional de reparar integralmente el daño a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, como en el caso de tortura.

En este caso, los funcionarios municipales litigaron por años contra ciudadanos que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos fehacientemente probadas, sin que ninguno de ellos los recibiera personalmente a través de todo el litigio, lo que muestra su menosprecio hacia los afectados y también muestra la violencia institucional que ejercen, manifestada en prácticas legales que tratan de impedir que se haga justicia, dilatando la expedición de resoluciones, convocando reuniones y simulando acuerdos, presionando a las víctimas para aceptar términos y condiciones de cumplimiento, y litigando por años bajo interpretaciones jurídicas de los derechos humanos sin entender su sustento y su fin, la protección de la dignidad humana.

El menosprecio, la falta de reconocimiento y la invisibilización de las víctimas por la falta de una adecuada respuesta legal y administrativa a sus peticiones por parte de los funcionarios públicos, constituyen mecanismos de exclusión que generan mayor agravio y precariedad en los afectados. La disculpa pública por los tratos crueles, degradantes e inhumanos a que fueron sujetos Eviud y Rodrigo es una forma de reconocimiento y de restauración a la que tienen derecho y es obligación constitucional del Ayuntamiento cumplirla. Pasaron cuatro administraciones municipales, una del PRI (2012-2015) y tres de Movimiento Ciudadano (2015-2020), que no tuvieron la voluntad política para el cumplimiento de su obligación constitucional de reparar integralmente los daños ocasionados a la familia Galeana. Hoy la estrategia jurídica para exigir las garantías de restitución, de no repetición y de una disculpa pública está agotada, ya que el paso a seguir es la procedencia del juicio político por desacato de la autoridad, que tendría poco éxito e implicaría mucho más tiempo y desgaste para las víctimas.

La garantía mediante recursos idóneos y eficaces para la obtención de la reparación integral del daño, la eliminación de barreras y obstáculos que impidan la accesibilidad a la justicia municipal, y la sanción a los funcionarios públicos encargados de aplicar la ley, son obligaciones del Estado derivadas de las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, que los municipios están obligados a cumplir.

Para Rodrigo, Eviud y Elena, ni una resolución judicial fue suficiente para resarcirles el daño ocasionado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, perpetrados por los policías de Guadalajara. Tampoco fue suficiente para que los funcionarios municipales cumplieran con su deber. El itinerario jurídico de los Galeana para obtener la reparación integral del daño a la que tenían derecho ha terminado, pero las huellas de la tortura no.

* Agustín Verduzco Espinosa es Doctor en Estudios Científico Sociales, profesor investigador y Contralor en Aspectos Normativos del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.

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