Chile: in-seguridad en tiempos de pandemia
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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Chile: in-seguridad en tiempos de pandemia
Tuvimos la ilusión de que la violencia y la delincuencia común bajarían por el estado de excepción de catástrofe decretado en Chile, y aunque las cifras han cedido, también han proliferado ciertos modus operandi adaptados a las condiciones de confinamiento.
Por Patricia Arias
2 de noviembre, 2020
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La eterna discusión sobre el concepto de seguridad adquiere un nuevo significado en tiempos de pandemia. Del sacrosanto concepto de orden público en época de dictaduras y conflictos armados internos en la Región, y la seguridad pública centrada en el imperio de la ley, pasamos en los años ‘90s -de transición democrática- al concepto de seguridad ciudadana, redefiniendo aquellos. Esto, enfocados en la protección de los derechos y libertades de las personas, incluyendo la percepción de inseguridad y temor. 

En Chile, y en muchos países de la Región, la pandemia por COVID-19 representa una crisis de tal magnitud que, para abordarla,  resulta necesario integrar al tradicional concepto de seguridad ciudadana elementos del enfoque de seguridad humana; y así, ayudar al Estado “a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”; y porque exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención (sin sustituir a la seguridad de Estado).

A los estragos provocados por la pandemia sobre la salud física -y también sobre la salud mental-, se agrega una larga lista de derechos y libertades afectadas como consecuencia de las estrategias adoptadas para su control. La vida de las personas se ha visto trastocada de un modo impensable. Las actividades regulares han sido significativamente alteradas, restringidas o suspendidas; donde el miedo, la impotencia y la confusión ante la pandemia han propiciado incluso actos de violencia y amenazas contra el personal médico y la infraestructura sanitaria, y las profundas diferencias sociales se han visto exacerbadas. 

En este escenario, pudimos tener la ilusión de que la violencia y la delincuencia común tendrían una baja acorde con el estado de excepción constitucional de catástrofe, que en Chile fue decretado en marzo, por 90 días, y renovado en dos ocasiones, con largas cuarentenas y la instauración del toque de queda en todo el territorio. Ciertamente la expectativa de que la violencia y la delincuencia común tendrían una baja importante no se cumplió del todo; sin embargo, aunque ha cedido, lo ha hecho con intensidades distintas según el delito, y también han proliferado ciertos modus operandi adaptados a las condiciones de confinamiento. Otras violencias se han agudizado en razón de estas mismas condiciones.

Lo que dicen las estadísticas en Chile

Si observamos los casos conocidos por las policías, en el segundo trimestre 2020 vemos que han disminuido con intensidades distintas al compararlos con mismo periodo del 2019 (Tabla 1). Así, los delitos de mayor connotación social (DMCS: robos, hurtos, lesiones, homicidios y violaciones), muestran una significativa caída en el segundo trimestre del 2020, con 35% menos que en mismo periodo de 2019; situación similar ocurre con los casos de abuso sexual, que disminuyen 46% el 2° trimestre del 2020 en comparación con mismo trimestre del año anterior; lo que es coherente con las restricciones de movimiento -disminución de contactos en frecuencia y diversidad- durante la pandemia. En cuanto al total de casos ingresados por violencia intrafamiliar (VIF), hay una baja de 18% en el segundo trimestre de 2020 respecto a ese periodo de 2019; muy inferior a lo que ocurre con los otros dos grupos de delitos. Esta cifra debe mirarse con cuidado pues, tratándose de conductas al interior del hogar, es probable que la baja se deba a las mayores dificultades para denunciar. 

Por su parte, las cifras de la Fiscalía Nacional (Tabla 2) muestran una situación distinta a los casos policiales. Así, el total de homicidios ingresados a las Fiscalías el primer semestre de 2020 presenta un alza de 39% con respecto al primer semestre de 2019 (1.356 y 978, respectivamente), muy superior al alza de 2% en ese mismo periodo de 2019 con respecto al 2018. En cuanto a las lesiones, bajan 11%, y los robos violentos sólo 4%.  

Sabemos que las cuarentenas han estresado fuertemente a las familias, con consecuencias e impacto diferenciado en las mujeres y los niños/as; ya en los últimos 10 días de marzo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) informaba un aumento de 125% de los llamados al teléfono de orientación en VIF. Por su parte, en Carabineros, al mes de agosto los datos muestran un alza de 107% en las llamadas por VIF, y una baja de 13% en las denuncias formales.

El SERNAMEG informa 17 feminicidios entre abril y septiembre del 2020; con 23 en 2019, y 26 en mismo período de 2018. En cambio, los datos de las Fiscalías (Tabla 3) informan un ingreso de 107 feminicidios el primer semestre de 2020, con una alza de 29% respecto al mismo periodo de 2019, un punto más que el alza de 2019 con respecto a 2018. Además, los ingresos por parricidio y otros homicidios en contexto VIF, presentan un alza de 38% y 23% el primer semestre 2020, respecto al mismo periodo de 2019. El ingreso total de delitos de VIF el primer semestre de 2020, muestra una baja de sólo 6% respecto al mismo semestre de 2019, con una la frecuencia mayor que en ese periodo de 2018.

Queda en evidencia el aumento de la violencia en tiempos de pandemia, como lo muestran los homicidios en general, la leve disminución de los robos violentos y, más aún, el alza en las expresiones más graves de la violencia doméstica y de género. 

El rol de los municipios en escenario de pandemia

La pandemia también ha mostrado su cara más dura sobre las consecuencias diferenciadas en los territorios, subrayando la urgencia de considerar las determinantes sociales y económicas en la toma de decisiones sobre las estrategias a implementar. El estrés, la frustración, el temor y la impotencia han golpeado en forma desigual a las personas, exacerbando las desigualdades ya existentes. Las personas han mirado hacia el Estado, pero la realidad los ha llevado a reclamar, más que nunca, por un mayor protagonismo de los gobiernos locales en las decisiones para enfrentar la pandemia, más allá de los aspectos sanitarios. Un sondeo liderado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM, sept/2020) para conocer la opinión ciudadana sobre la gestión municipal y las medidas para enfrentar la pandemia, reveló que 70% reconoce el importante rol que los municipios han jugado en este escenario, y 83% prefiere que sean estos los que administren más recursos para las ayudas sociales. Frente a esto, las municipalidades han puesto el acento sobre la crisis presupuestaria y la disminución de ingresos por las deudas en salud, educación, contribuciones, permisos de circulación, entre otras; y, 81% declaran haber aumentado sus deudas en este periodo, por lo que muchas estaban en riesgo de insolvencia financiera. Señalan, que la ayuda del gobierno central ha sido insuficiente.

En mayo, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la AChM realizó una encuesta en 40 comunas de 10 regiones, la que  reveló que en el 85% de ellas se percibía un alza en los delitos, asociado al aumento de robos más violentos y la violencia intrafamiliar; percepción coherente con los datos señalados anteriormente. En las comunas de Santiago, los alcaldes coincidieron en el aumento de la actividad de bandas delictuales y la proliferación del microtráfico que, aprovechando la pandemia, ha llegado incluso a entregar ayudas en alimentos y dinero a las familias, intentando comprar su silencio.

Adicionalmente, una encuesta realizada en el Gran Concepción, sobre la pro-actividad municipal en pandemia, mostró que los municipios -sus alcaldes- y las organizaciones sociales son las entidades mejor evaluadas por la ciudadanía, “por ser próximos, proactivos, y tener una acción decidida en la protección de la población”; siendo mal evaluado el gobierno central y regional. Así, 72% de los encuestados señaló estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con descentralizar y/o delegar la gestión sanitaria de la pandemia en las municipalidades., apuntando al valor de “la gobernanza adaptativa, las soluciones flexibles a los conflictos … una gobernanza inclusiva de saberes”, porque en Chile, “las soluciones no están adaptadas a los modos de vida de las comunidades locales o autóctonas”.

La necesidad de considerar las determinantes sociales y económicas en la toma de decisiones sobre políticas y estrategias aplicadas en el nivel local, ha sido ampliamente destacada durante la gestión de la crisis por el covid-19. Esto supone involucrar la voz de los territorios en los análisis para la toma de decisiones, y también involucrar la mirada experta desde las ciencias sociales, junto a las disciplinas en salud. La pandemia ha afectado integralmente la vida de las personas, tejiendo una imbricada trama de factores en la situación de inseguridad y temor.

 En Chile, las autoridades locales no tienen la real posibilidad de hacer en materia de seguridad ciudadana aquello que se encuentre fuera de las definiciones generales dadas por el nivel central, y se ven constreñidos a accionar -y solicitar financiamiento- ajustándose a las directrices del gobierno central.

El valor de los municipios radica en su proximidad con las personas, y debe fortalecerse su capacidad para resolver problemas cotidianos y construir vínculos de confianza entre las personas, y entre éstas y el Estado. La confianza y legitimidad son esenciales para la democracia y la gobernabilidad, y es sobre las experiencias personales que aquellas se construyen.

En Chile, el rol preponderante que debe darse a los gobiernos locales en la definición de las necesidades en materia de seguridad humana requiere de una descentralización efectiva, y para ello una modificación de las normas.  Esto, debe ir acompañado del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los municipios. La rendición de cuentas, y la transparencia son también exigencias a cumplir. Tal como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16), “se debe promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; así como garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”.

* Patricia Arias es Criminóloga, Mg. Docente de la Agencia Nacional de Estudio Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile. Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.

@InsydeMx

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