close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Colombia y México: la paz antes de que se imponga la muerte como negación a la convivencia
No sobra recomendar al gobierno mexicano hacer uso del sentido común y abstenerse de llevar a las urnas decisiones trascendentales como el derecho a la paz, máxime si están consagrados en la constitución.
Por María Stella Baracaldo Méndez
2 de septiembre, 2019
Comparte

Colombia y México están separados por más de 3,600 kilómetros que, al cabo de cuatro horas, una ruta aérea permite el encuentro de sus habitantes para compartir la cultura que históricamente ha alimentado corazones a lado y lado: los colombianos queremos celebrar cumpleaños con mariachis y los mexicanos bailar cumbia. Esta comunión que causa tantas alegrías entre los dos países, se desvanece al hablar de paz y mirar los males mutuos que los aquejan como democracias en crisis con bajos niveles de cultura de la legalidad por parte de la sociedad política y la sociedad civil, tanto en sus acciones públicas como particulares.

La ausencia de ética en la comprensión y administración de lo “común a todos”, en los años 1980, hizo de Colombia y México el terreno fértil para el auge del narcotráfico que en poco tiempo acumuló e incorporó dividendos a las finanzas estatales (fenómeno denominado en Colombia narcopolítica). Esta mafia, con su acción criminal silenciosa, la operación rutinaria al lado del comercio legal y la magistral organización de redes locales e internacionales entre productores, comercializadores y distribuidores, logró controlar la estructura estatal, especialmente en lo concerniente a la actuación de los organismos de seguridad y justicia.

El narcotráfico como delito ilegal de orden trasnacional y exitoso fue en Colombia la fuente principal de financiamiento de los denominados señores de guerra (entre ellos, guerrilla, autodefensas, narcotraficantes y fuerzas institucionalizadas) según estudios de Gustavo Duncan.i Algo parecido sucedió en México, desde luego con actores de su propio contexto histórico. Nuestros territorios a falta de gobernabilidad, exceso de corrupción política-administrativa y baja corresponsabilidad de la sociedad civil continúan siendo terreno fértil para la prosperidad de la ilegalidad.

Somos parte de la región latinoamericana que el Informe Latinobarómetro 2018ii caracteriza así:

1) Los tres problemas que más preocupan al bloque de los 18 países estudiados son los económicos con un 35%, la delincuencia con el 19% y la situación política y la corrupción con el 9%.

2) La confianza en los partidos políticos presenta un promedio regional del 13%.

3) En los últimos tres años han aumentado las violencias más dañinas para la sociedad como la violencia contra las y la violencia familiara con un ascenso al 64%, la violencia hacia los niños con un 63% y el acoso escolar hasta 49% desde el 2016.

4) La violencia institucional aumentó de 36% a 42%; la violencia verbal de 36% pasó a 39%.Lla violencia más frecuente fue la violencia en las calles con un 37%. No se observa disminución de la percepción de violencia

5) Colombia y México están entre los siete primeros países con mayores índices de corrupción en América Latina.

Al evaluar el respeto a la vida como valor absoluto y que es negado desde la conducta criminal del homicidio, los dos países se sitúan entre los más violentos del mundo y del continente. En el 2018 México tuvo una tasa de 25.8 casos por cada 100 mil habitantes, un total de 33,341 víctimas según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Colombia contó con una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes y 12,311 víctimas, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Es decir, en Colombia la convivencia transcurre en ambiente de desconfianza, las inseguridades abundan, especialmente el hurto a personas. El conflicto se agudiza ante la incapacidad de atención y cobertura por parte de las autoridades policiales y de justicia comunitaria, restaurativa y punitiva. La paz a la que el común de la gente alude en Colombia se reduce a la contenida en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el gobierno nacional y las FARC. Dejando así a un lado la responsabilidad personal y colectiva en torno a la construcción de la paz desde la convivencia mediante el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, o de ésta como un estado de armonía y salud mental favorable a la vida en cualquier lugar de la tierra. En Colombia, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, contenido en el Art. 22 de la Constitución.

Desde la mirada de la seguridad ciudadana en la que deben prevalecer los derechos humanos y la garantía de la protección social de la población por parte del Estado, las condiciones de convivencia e índices de violencia obedecen al contexto histórico de cada país y así conviene abordar su análisis.

En efecto, la realidad de México revestida de un pensamiento revolucionario con conquistas sociales puede resultar compleja, pero la de Colombia lo es aún más al revisar “a vuelo de pájaro”, hechos como estos: sus 100 conflictos civiles (guerras) del siglo XIX y extendidas hasta mediados del siglo XX protagonizadas por los partidos políticos; la aparición y sobrevivencia de grupos guerrilleros desde los años 1960; los más de 10 acuerdos de amnistía transcurridos desde 1950; el acuerdo bipartidista para gobernar al país durante 16 años; el genocidio de los miembros del partido político Unión Patriótica constituido por los amnistiados del M 19; el surgimiento de las autodefensas (AUC) como grupo irregular auxiliar del Ejército Institucional para combatir la guerrilla (a la vez que desde la figura de falsos positivos mataron a más de 5000 inocentes) y, en sí, un conflicto interno sostenido por más de 40 años financiado con el narcotráfico por todos sus actores.

De esta “horrible noche”, como lo expresa la letra del himno nacional, Colombia despertó en 1991 con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (primera iniciativa de este género en América Latina) y en nombre del “Pueblo en ejercicio del Poder Soberano” se promulgó la Constitución que define al país como un Estado social de derecho. Figura en permanente crisis si se juzga en la ausencia de garantías para la ocurrencia de la vida en el marco del sumo respeto a los derechos humanos y el transcurrir durante 40 años de un conflicto armado, finalmente reconocido por el presidente Santos en el 2010, y cifras que superan más de 60.000 personas desaparecidas. Desde otras circunstancias en México la violación sistemática de los derechos humanos y el fantasma de la muerte violenta es una realidad cercana a la colombiana, en donde pese a la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, hoy muestra cifras preocupantes.

Desde el 2016 en Colombia se han asesinado más de 269 líderes sociales. El 80% de los homicidios se debe a disputas por tierras y protección de recursos naturales. La mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas y comunidades afrodescendientes. En la actualidad, más de 4,447 líderes sociales están amenazados de muerte y esperan protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Los grupos criminales siguen operando en este período post Acuerdo con las FARC. Más de 1,600 personas vinculadas a 28 grupos operan en 51 municipios antes controlados por las FARC. En el 2019 se han asesinado a más de 92 exguerrilleros de las FARC. iii

El diario vivir en un ambiente de miedo, de extrema polarización política, desgastante hasta para la misma oposición en buen uso de las bondades de la democracia y de cuestionamiento permanente del Acuerdo de Paz por el gobierno nacional, sumado a la atención de las víctimas del conflicto armado y la población migrante de Venezuela, se torna en un laberinto en el que la ansiedad da paso, minuto a minuto, a nuevas formas de violencia. El principio constitucional de la constitucionalidad fijado en el artículo 1 y el derecho a la paz contenido en el artículo 22 agonizan ante la matanza sistemática de líderes sociales, miembros de la fuerza pública y demás actores particulares.

En octubre de 2016, Colombia por iniciativa presidencial realizó el Plebiscito por la Paz al que más de 6,300,000 ciudadanos dijeron SI A LA PAZ y más de 6,400,000 dijeron NO A LA PAZ.   Este resultado, despojado del sentido común, fortaleció la polarización del presidente de la República con las que pide la revisión del Acuerdo de Paz bajo el argumento de querer una “Justicia transicional sin impunidad”. Con fortuna esta discusión, que involucró a todo el país, se cerró con el concepto de la Corte Constitucional, el 29 de mayo de este año, al declarar no procedentes las objeciones a la Justicia Especializada Transicional(JEP).

Volviendo a la necesidad de paz para que la vida transcurra en tranquilidad en todo lugar de la tierra, no sobraría recomendar al gobierno mexicano hacer uso del sentido común y abstenerse de llevar a las urnas decisiones trascendentales como el derecho a la paz, máxime si estos están consagrados en la constitución, conforme al caso de Colombia. Los resultados de la fórmula de la “mitad más uno” de la democracia participativa y representativa puede reversar de manera dañina la historia y aumentar los índices de justicia por mano propia al margen del derecho. Por encima de las adversidades, Colombia -“una nación a pesar de sí misma”, según David Bushneliv- se empeña en hallar la paz, como valor que da sentido a la vida, y avanza en miles de iniciativas para fortalecer la convivencia desde el reconocimiento del otro(a) como legítimo otro(a) y la apelación a la condición de dignidad humana de la que nadie me puede despojar ni otorgar la facultad para arrebatar a los demás.

En este plano, hoy más que nunca resuenan las palabras de Gabriel García Márquez, ciudadano de Colombia y México, que en los diálogos de pareja en su obra El amor en los tiempos del cólera, nos recuerda que la paz aquí, allá y donde sea es necesaria porque “(..) ya hemos vivido juntos bastante como para darnos cuenta que el amor es el amor en cualquier tiempo, en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca se está de la muerte”.

* María Stella Baracaldo Méndez es asesora independiente de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca en educación para la convivencia, seguridad y justicia.

 

i Politólogo colombiano, autor de los libros Más que plata o plomo (2015) y Los señores de la guerra (2006).

ii Para una consulta más extensa del informe, aquí.

iii Véase sección “Análisis” en Revista Semana, mayo 30 de 2019.

iv Bushnell, David (1994): Colombia una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días, Planeta, Colombia. Disponible aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.