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¿Cómo vamos en el Proceso Penal Acusatorio a nivel federal? Parte I
¿Cómo se puede explicar tan bajo nivel de eficacia si la persona fue detenida en el momento de estar cometiendo un delito?
Por Romeo Utrilla Molina y Ernesto Cárdenas Villarello
3 de agosto, 2020
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Este artículo se divide en dos partes. El objetivo es revisar aquellos datos que a nuestro juicio son claves en cada etapa del proceso penal acusatorio y sean de utilidad a otros estudios a partir de series de tiempo y múltiples variables. En la primera parte, analizaremos paso a paso la información proporcionada por la Fiscalía General de la República que se refiere al avance de las causas penales que se iniciaron por detenciones en flagrancia y se judicializaron al cierre de 2019, así como algunas de sus implicaciones relevantes; en la segunda parte de próxima publicación, revisaremos los avances de las causas penales que fueron vinculadas a proceso, que se resolvieron por procedimiento abreviado y juicio oral y las sentencias alcanzadas e imputados. Los datos utilizados se obtuvieron de información publicada de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación.

1) Detenciones en flagrancia

De acuerdo a la información de la Fiscalía General de la República, en el año 2019 se iniciaron 98,285 carpetas de investigación por delitos federales. De este universo, 17,121 carpetas de investigación se iniciaron por detenciones en flagrancia, de las cuales se judicializaron 7,187, (42%) y el resto de las carpetas con personas detenidas, 9,934 (58%), no fueron judicializadas, es decir, no continuaron a un proceso penal al cierre de 2019.

Cuando una persona es detenida cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, el Artículo 16 de la Constitución y el 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que las y los agentes del Estado que realizan la detención están obligados a ponerlo sin demora a disposición del Ministerio Público, donde entregarán a la persona, los indicios del hecho y el respectivo Informe Policial Homologado. Una vez hecha la entrega, el Ministerio Publicó iniciará la carpeta de investigación, en la que su primer actuación es verificar que la detención haya sido motivada por un hecho que la ley señala como delito y que la detención y la posterior puesta a disposición se hayan realizado de manera adecuada.

Para considerar una detención como ilegal pueden darse varios supuestos: que la persona sea detenida por un hecho que no puede considerarse delito, pero que los agentes hayan modificado el evento, por ejemplo, sembrando indicios; que la detención se realice fuera de los supuestos de flagrancia; que la persona sea detenida de manera ilícita, por ejemplo, en una intromisión al domicilio sin orden de cateo; que la persona sea retenida por los policías para obligarla a dar información o confesar algo, en vez de llevarla sin demora al Ministerio Público o que la persona sea torturada física o psicológicamente.

De acuerdo con el marco normativo vigente, no sólo las policías preventivas y de investigación de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de realizar detenciones en flagrancia; tanto la Guardia Nacional, como el Ejército y la Marina están obligadas a cumplir con esta función. En relación con estas atribuciones, las y los agentes del Estado encargados de realizar funciones de seguridad pública, como tareas de prevención del delito y recorridos de vigilancia, deben realizar las detenciones apegados a los principios constitucionales y legales relativos a la detención en flagrancia y la puesta a disposición sin demora.

Si el Ministerio Público detecta cualquiera de las anomalías mencionadas, debe ordenar que la persona detenida sea puesta en libertad, según lo dicta el Artículo 16 de la Constitución y el 149 del CNPP. Sin embargo, estas anomalías procesales también son violaciones a los derechos humanos o delitos en agravio de la persona detenida. Por ello, debería iniciarse una investigación y en su caso sancionar por la vía administrativa y/o penal las irregularidades cometidas en la detención y puesta a disposición.

2) Retención ante el Ministerio Público

Ahora bien, si la detención cumplió con los requisitos legales, el Ministerio Público emite un Acuerdo de Retención Ministerial, lo que le faculta a tener retenida a la persona por agentes de la Policía Ministerial durante un plazo de 48 horas, para investigar los hechos ocurridos y resolver si se cuenta con elementos probatorios suficientes para llevar el caso a un proceso penal ante un Juez de Control o, de lo contrario, dejar en libertad a la persona por no acreditarse que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que la persona detenida probablemente lo cometió o participó en él o por considerar que el delito cometido no requiere una medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, en las 48 horas en que la persona está a disposición del Ministerio Público puede pasar cualquier cosa. En un estudio de referencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo que el 45% de personas encuestadas considera que el Ministerio Público y la Policía de Investigación son responsables de cometer actos de tortura. Debe tenerse en cuenta que las personas detenidas tienen derecho a no autoincriminarse, incluso cuando la detención haya ocurrido en flagrancia.

Sin embargo, debido a las deficiencias en la metodología de investigación criminal y por otras causas se han reportado casos de tortura física o psicológica para que la persona detenida confiese o brinde información de lo ocurrido o con cualquier fin. Sea lo que sea, cualquier declaración de la persona detenida, especialmente las realizadas bajo tortura deben ser anuladas, pero para ello es necesario que la persona detenida denuncie que fue víctima de tortura y que la investigación de dicha tortura concluya que ésta efectivamente ocurrió.

3) Control judicial de la legalidad de la detención en flagrancia

Si el Ministerio Público en el plazo de 48 horas considera que tiene elementos suficientes para llevar a la persona a un proceso penal, solicitará a un Juez de Control la realización de una Audiencia Inicial que como primer acto tendrá un Control de Legalidad de la Detención (Artículo 308. CNPP). En ese control la autoridad judicial revisará que la puesta a disposición de la persona detenida en flagrancia y durante las siguientes 48 horas de retención ministerial, no haya ocurrido alguna irregularidad. Si el Juez de Control considera que no se cumplen los requisitos de ley, declarará la detención como ilegal y ordenará la libertad de la persona detenida.

Analicemos ahora desde otra perspectiva y con otros números: según las cifras del Poder Judicial de la Federación, en 2019 los Jueces de Control federales realizaron 3,210 controles de legalidad de detenciones en flagrancia. Cifra que no es compatible con los datos reportados por la Fiscalía General de la República que asciende a 7,182 carpetas de investigación judicializadas, como vimos arriba. Esto quiere decir que no se sabe qué fue de las otras 3,972 carpetas que llegaron ante un Juez de control con los datos disponibles. De las 3,210 carpetas mencionadas, la detención se ratificó como legal en 3,162 casos (98.50%). En 30 de estos controles (0.93%) se decretó la libertad de la persona detenida y de los 18 casos restantes no se identificó el tipo de resolución, lo que llama la atención, ya que en un Control de Legalidad de la Detención sólo existen dos tipos de resoluciones.

Sin embargo, la labor del Juez de Control no debe limitarse a declarar la legal o ilegal detención. Si el Juez de Control encontrase que el agente del Ministerio Público que solicitó la audiencia, de forma deliberada o negligente, no señaló las anomalías ocurridas en una detención en flagrancia, puesta a disposición o retención ministerial, también debe dar vista a la Fiscalía. Es decir, solicitar que se inicie una investigación para sancionar a quienes sean responsables de las irregularidades encontradas, lo que conlleva además a la exigencia en la adecuada investigación de delitos como pueden ser la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes o la desaparición forzada.

Como reflexión de cierre de esta primera parte hay que decir que no solo es recomendable, sino totalmente necesario un ejercicio de transparencia, donde esté disponible información lo más detallada posible acerca de las características de las detenciones en flagrancia del año 2019 que no reunieron los requisitos de flagrancia y puesta a disposición sin demora. Hace falta mayor documentación para comprender cómo se hacen esas detenciones y desarrollar índices de eficacia de las detenciones realizadas por las instituciones mencionadas anteriormente, para establecer cuáles son las necesidades y los problemas que se están sucediendo, de tal suerte que se pueda pensar en una agenda de cambios. Lo anterior, tanto en lo relativo a las/los operadores del sistema y la urgencia de emprender procesos de profesionalización, desarrollo y escrutinio del desempeño, así como en todo lo relativo al propio procedimiento de detención en flagrancia, a partir de un riguroso análisis de los problemas o situaciones problemáticas que se presentan y que demandan nuevas fórmulas de solución.

Los números mostrados hasta aquí ilustran con claridad desafíos urgentes por superar en el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Cómo se puede explicar tan bajo nivel de eficacia si la persona fue detenida en el momento de estar cometiendo un delito? Persiste una fuerte carencia de análisis jurimétricos en las instituciones para poder comprender y definir de manera más fina y clara cuáles son los recursos de control interno y externo, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que el Estado debe garantizar para que una carpeta de investigación derive en una vinculación a proceso y avance, lo que hoy no esta sucediendo como debería. Sin lugar a duda, mucho ayudaría contar con una instancia independiente y ciudadana por derecho establecido, que tuviese como parte de su mandato contribuir a darle legitimidad a los procesos institucionales en materia de detenciones, sobretodo si las actuales autoridades realmente quieren comenzar a combatir la añeja ineficiencia, la omisión como rutina y la corrupción como costumbre.

* Romeo Utrilla Molina es Consultor Senior de Insyde. Ernesto Cárdenas Villarello es Director del área de Justicia Penal y Derechos Humanos en Insyde.

 

 

Nota: Para la elaboración de este artículo únicamente se tomaron como referencias las estadísticas oficiales del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República de los asuntos tramitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio durante el año 2019. Los procedimientos y procesos penales del Sistema Tradicional no forman parte de este estudio.

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