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¿Cómo vamos en el Sistema Penal Acusatorio a nivel federal? Parte II
Falta mayor apertura y debatir la viabilidad de construir un nuevo sistema de registro y control de información sobre el conjunto del sistema penal, pues el que hoy se tiene no permite dimensionar con mayor certeza y precisión ni la magnitud de los problemas ni los desafíos institucionales que hay que enfrentar.
Por Romeo Utrilla y Ernesto Cárdenas
10 de agosto, 2020
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En la primera parte de este articulo publicado el pasado de 3 agosto en este espacio, comentamos solo dos datos proporcionados por la Fiscalía General de la República en su Informe Anual de Actividades 2019: de un total de 17,121 carpetas de investigación abiertas por delitos en flagrancia, únicamente el 42% se judicializaron; el 58% restante no llegó a ese punto. Dicho informe carece de una explicación sobre las causas de este resultado, lo que impide señalar las implicaciones que en términos de acceso a la justicia esto significa. En esta segunda parte comentaremos algunos datos que corresponden a subsecuentes etapas del proceso penal hasta antes de la etapa de juicio oral. 1

Vinculaciones a proceso

El denominado Auto de Vinculación a proceso se dicta en la Audiencia Inicial, en el que las y los Jueces de Control deciden si la persona será llevada a un proceso penal o si deberá decretarse su libertad, lo que se traduce en que la investigación del delito que realizó el Ministerio Público -haya sido con persona detenida o sin persona detenida- logró obtener suficientes elementos de prueba para acreditar que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que la persona imputada probablemente intervino en ese hecho. En caso contrario, cuando se dicta un Auto de No Vinculación a Proceso, la investigación realizada por el Ministerio Público se realizó de manera deficiente.

El dato base reportado en el Informe antes citado es de 98,285 carpetas de investigación iniciadas en 2019 por delitos federales; el universo de causas penales federales vinculadas a proceso fue de 11,897 (12.1%) que representaron 16,973 imputados vinculados dicho año, incluyendo personas detenidas en flagrancia, personas detenidas por orden de aprehensión, así como las citadas a Audiencia Inicial por Jueces de Control. Estas 11,897 causas penales vinculadas a proceso incluyen carpetas de investigación iniciadas desde la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en 2016, es decir, el dato así presentado no permite apreciar el avance neto para 2019.

A partir de los datos anteriores cabe preguntarse, ¿qué sucedió con el 87.9% de las carpetas de investigación que no se vincularon a proceso, es decir, con 86,388 carpetas de investigación iniciadas en 2019? Entre las resoluciones que impiden que una carpeta de investigación continúe a un proceso penal son la “Facultad de abstener a Investigar” conforme a los criterios establecidos en el Artículo 253 del CNPP; el “Archivo temporal” (Art, 254 del CNPP), que significa que la investigación no logró reunir elementos suficientes para continuar al proceso, dejando la continuidad de la investigación sujeta a que aparezca nueva información o indicios (en la práctica estas carpetas se convierten en un archivo indefinido y es una de las causas importantes del rezago); el “No Ejercicio de la Acción Penal” (Art.255 del CNPP), que significa: la investigación concluyó en que el hecho investigado no es delito, que la persona imputada no es responsable del hecho, o que existe alguna causa de Sobreseimiento; en los “Casos en que opera un Criterio de Oportunidad” (Artículo 256 del CNPP), que significa que a pesar de que el hecho se considera delito y que hay una persona responsable, el Ministerio Público decide conforme a los criterios establecidos que no se continuará al proceso penal; por último, también existe la posibilidad que el Ministerio Público determine que las partes llegaron a un Acuerdo Reparatorio. La complejidad de estas causales hace necesario el análisis de sus alcances de tal manera comprensibles para todo público.

Como se mencionó arriba, el dato base de la Fiscalía General de la República es de 16,973 imputados vinculados. Sin embargo durante 2019, el Poder Judicial reportó un total de 4,187 procesados y/o imputados a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso por parte de los jueces de control o garantías. De ellos, 84.5% (3,537) fue vinculado a proceso y 15.5% (650) no fue vinculado. Esta discrepancia de los datos disponibles de ambas instituciones, en sí misma delicada, no permite aclarar la situación jurídica de las 12,786 personas que la Fiscalía General reporta.

Conclusión del Proceso Penal antes de la etapa de Juicio Oral

Según el Poder Judicial de la Federación, en 2019, las y los Jueces de Control federales resolvieron 13,552 causas penales para igual número de personas procesadas. De este número, 6,838 personas (50.46%) concluyeron el proceso con una sentencia condenatoria en Procedimiento Abreviado (artículos 201 al 207 del CNPP), es decir, mediante un acuerdo con la Fiscalía aceptaron la responsabilidad de los hechos y obtuvieron una sanción menor a la que se les impondría en un Juicio Oral.

Por otra parte, 3,133 casos (22.21%) finalizaron a través de las Soluciones Alternas, cuyo efecto es la extinción de la acción penal y por lo tanto el sobreseimiento de la causa, lo que conlleva que la persona sea absuelta de la responsabilidad penal. De estas soluciones alternas 2,798 personas (20.64%) recibieron del Juez de Control una Suspensión Condicional del Proceso (artículos 191 al 200 del CNPP) y cumplieron con las condiciones que les fueron impuestas. Otras 335 personas procesadas (2.47%) lograron llegar a un Acuerdo Reparatorio (artículos 186 al 190 del CNPP) con las víctimas u ofendidos, reparando el daño causado.

Un número reducido de 34 asuntos (0.25%) concluyeron por actualizarse alguna causal de Sobreseimiento (artículo 327 del CNPP), es decir, quedaron sin materia y ya no pudo continuarse con el proceso. El restante de 3,547 procesos (26.17%) se resolvió de forma no especificada. Esta última cifra merece mayor claridad, ya que más allá de la acumulación de causas penales (dos asuntos tienen relación y se decide que uno será absorbido por el otro, convirtiéndolo en uno solo) y la incompetencia por fuero, no existen otras formas de dar por concluido un proceso antes de la etapa de Juicio Oral.

Hasta aquí hemos comentado -preliminarmente- algunos pares de cifras hasta antes de los resultados de la etapa de juicio (oral), reportadas al cierre de 2019 por la Fiscalía General de la República y algunos otros con datos del Poder Judicial de la Federación, los cuales ilustran el multicitado margen de impunidad que algunos analistas ubican en más de 90% y en algunas entidades federativas hasta del 98%. El problema de la impunidad se origina naturalmente de múltiples factores, donde la tradicional incapacidad de investigar es tan solo la cara más visible del problema, pero no la única.

Cada procedimiento establecido en el CNPP nos remite a un algoritmo relativamente complejo donde la buena actuación del o la servidora pública responsable requiere nuevos sistemas y procedimientos de control de carácter interno y externo donde los datos -llamémosle, “sistema-producto”- concuerde con nombre y apellido de víctimas e imputados. Para esto se requiere verdaderos “datos abiertos”

La solidez y consistencia de la información cuantitativa es tan solo el primer paso -indispensable- para comenzar a construir una relación de confianza entre autoridades y la ciudadanía. De ello deviene también la necesidad de contar con análisis cualitativos de contexto a nivel de detalle, dado que la información que actualmente presenta la autoridad es sumamente limitada, incluso considerando los llamados datos abiertos. Falta mayor apertura y debatir la viabilidad de construir un nuevo sistema de registro y control de información sobre el conjunto del sistema penal, pues el que hoy se tiene no permite dimensionar con mayor certeza y precisión ni la magnitud de los problemas ni los desafíos institucionales que hay que enfrentar.

El rezago, la cifra negra, la eficiencia en la ejecución de “mandamientos judiciales” – es decir lo que debe ejecutar la policía de investigación por orden del juez- y los resultados y la dispersión de las sentencias alcanzadas, que analizaremos en próximas entregas, podrán confirmar que la impunidad es más que ineficacia.

* Romeo Utrilla es Consultor Senior de Insyde. Ernesto Cárdenas es Director del área de Justicia Penal y Derechos Humanos en Insyde.

 

 

1 Para la elaboración de este artículo únicamente se tomaron como referencias las estadísticas oficiales del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República de los asuntos tramitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio durante el año 2019. Los procedimientos y procesos penales del Sistema Tradicional no forman parte de este estudio.

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