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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Con las Fuerzas Armadas, ¿ya no nos preocupamos?
Si la estrategia no cambia, los resultados no cambian. Y, por desgracia, todo indica que la estrategia no ha cambiado.
Por Insyde
18 de mayo, 2020
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En el libro de Wilbert Torre Narcoleaks. La alianza México–Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado, se describe con gran detalle la colaboración del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con las Fuerzas Armadas mexicanas durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). El autor se refiere a la capacitación e intercambio de información en materia de inteligencia para coordinar operaciones estratégicas contra importantes líderes del crimen organizado: el acuerdo en aquellos años permitió el uso de tecnología de punta para realizar sofisticadas operaciones para reaccionar contra grupos delictivos. La militarización del país se establecía con gran fuerza y llegaba para no irse en un buen rato.

En la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las Fuerzas Armadas permanecieron desplegadas en el país, hasta llegar a tener presencia en por lo menos 28 estados y el número de efectivos en las calles ya era cerca de los 54,980.

Los fallidos resultados de esta estrategia de militarización de la seguridad pública durante esos doce años fue documentado ampliamente por organizaciones nacionales e internacionales. Para las elecciones de 2018 era claro para muchas mexicanas y mexicanos que algo debía cambiar en la estrategia de seguridad. Es por ello que, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su estrategia para mejorar los niveles de seguridad tendría dentro de sus componentes clave la creación de la Guardia Nacional – un cuerpo que aunque en el papel es de naturaleza civil, sería conformado en el momento de su creación por las divisiones de la Policía Militar del Ejército Mexicano y la Policía Naval de la Marina Armada de México- provocó gran desconcierto en quienes suponían que el presidente retiraría a los militares de la lucha contra el crimen.

El 27 de mayo de 2019, se publicó la Ley de la Guardia Nacional donde se establece que este cuerpo de seguridad tiene como funciones principales: la prevención de faltas y delitos, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, informar a la persona al momento de su detención sobre sus derechos, poner a disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas, realizar el registro de la detención y preservar el lugar de los hechos, entre otras. Es decir, realizar las funciones de primer respondiente que realizan todos los días las policías municipales y estatales.

Unos meses antes de esto, en el decreto publicado el 26 de marzo de 2019 con el que se modificó la Constitución y se establecieron las características de la Guardia Nacional, también se incluyó un artículo transitorio, el ya famoso “Quinto transitorio”, que señala que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Ese día tenía que llegar. El pasado 11 de mayo de 2020, fue publicado en el DOF el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. El argumento posiblemente más contundente refiere que la presencia de los militares se requiere, ya que las instituciones policiales no se encuentran preparadas ni son lo suficientemente sólidas como para enfrentar la dimensión del problema criminal. Pero, si esa es la lógica, entonces a partir de la presencia de las fuerzas armadas, ¿cuáles son los resultados?

En los datos que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , podemos observar, por ejemplo, que en el primer trimestre de 2020 los casos de homicidios dolosos se han duplicado con respecto al mismo periodo de 2015, así como los feminicidios se duplicaron también entre 2015 y 2019. No sólo las cifras de homicidio se incrementan cada año, la prevalencia delictiva en los hogares ha estado por encima del 30% desde 2012, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

Las Fuerzas Armadas como Primer Respondiente, ¿qué implica?

Desde al año 2016, las Fuerzas Armadas impulsaron una inédita legislación conocida como Ley de Seguridad Interior. Uno de los principales objetivos de dicha legislación sería regular la posibilidad de que los militares y marinos actuaran como primer respondiente, situación que por aquellos días era una demanda incluso de los propios mandos militares.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que el recién publicado decreto tiene como finalidad facultar a las fuerzas armadas para funcionar como “primer respondiente”. Y aquí surge, entre muchas otras, una pregunta. En el caso de que, efectivamente, la Guardia Nacional esté bajo las órdenes de la SSPC, como se establece en la estructura orgánica de la institución, ¿será el secretario Durazo quien instruya a los soldados y marinos para que actúen? Justo en este punto se pone en entredicho la palabra “subordinada”, criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora veamos, ¿qué significa ser “primer respondiente”? Se refiere a que, ante la comisión de un delito, los militares y marinos deberán ejecutar las acciones que se refieren en el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y, si es el caso, realizar detenciones de personas para presentarlas ante el Ministerio Público porque, aunque usted no lo crea, a pesar de los años y a que las Fuerzas Armadas se encuentren desplegadas en por lo menos 28 estados del país, ser primer respondiente es una actividad que prácticamente no realizan. Por el contrario, se siguen haciendo acompañar de un policía local (estatal o municipal) que realice la puesta a disposición, es decir la documentación que incluye, por ejemplo, el Informe Policial Homologado que, a pesar de que es elaborado por miembros de las Fuerzas Armadas, en la práctica es firmado por algún agente policial que, en muchos de los casos, ni siquiera participó en los hechos que dieron lugar a la detención.

Pero, ¿cuál es la consecuencia? Una vez que el fiscal que va a recibir a la persona detenida empieza a realizar preguntas al agente y se da cuenta que él no participó directamente en lo relatado en el informe, lo usual es que decrete la libertad inmediata de la persona presentada. De hecho, precisamente por esta razón, un gran número de detenciones no llega a presentarse ante el juez de control.

Otra razón para preocuparse es el tiempo que tardan en la puesta a disposición. Si bien las instituciones policiales en muchos lugares del país llevan a las personas detenidas a un cuartel o jefatura en donde realizan la documentación necesaria para la presentación ante el MP, el Ejército y la Marina han tenido comportamientos muy delicados en este sentido, ya que trasladan a la persona detenida a una instalación militar antes de llevarla a la sede ministerial, lo que supone un riesgo mucho más alto y aumenta la posibilidad de que las personas sufran actos de tortura que podrían ir desde golpes, asfixia, descargas eléctricas, hasta otras violaciones graves a derechos humanos.

Los datos muestran que las cifras de impunidad (98%) no han mejorado a lo largo de los años y el proceso penal frecuentemente depende de la actuación apegada a derecho del primer respondiente. Al respecto, Amnistía Internacional documentó hace poco más de un par de años, el impacto en materia de impunidad a causa de arrestos y detenciones arbitrarias.

Si la estrategia no cambia, los resultados no cambian. Y, por desgracia, todo indica que la estrategia no ha cambiado.

A todo lo anterior, se suman otras preocupaciones como ¿quién supervisa las labores de las Fuerzas Armadas? ¿Será posible que realicen las tareas de seguridad con apego a los derechos humanos? ¿Ante quién rendirán cuentas los soldados que incumplan las normas y que consecuencias disciplinarias habrá? Es decir, ¿cómo fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas? En la próxima entrega, les contaremos de algunas propuestas para hacerlo.

@InsydeMx

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