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Confinamiento de cristal: discriminación y violencia fóbica en México
A pesar de que en este período de contingencia no ha habido denuncias formales de agresiones en contra de la comunidad LGBTTTIQ, existen señalamientos cotidianos que alertan al respecto.
Por Paola Lazo Corvera
8 de junio, 2020
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El pasado mes de mayo se celebró el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, y junio es considerado el mes de la diversidad sexual. Son fechas simbólicas que reconocen las diferencias como esencia de la condición humana. Este año la conmemoración sucede en el contexto de confinamiento sanitario a raíz de la pandemia de COVID-19, lo que permite reflexionar sobre la situación que viven las y los integrantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ) en tiempos de coronavirus. Las condiciones diferenciadas con que enfrentan la cuarentena tienen relación directa con las vivencias históricas de violencia y discriminación por las que han atravesado. La pandemia hace visibles desigualdades estructurales que les afectan directamente e invita a discutir su origen, así como el rol que juegan las familias, el Estado y la sociedad en el mantenimiento de la violencia fóbica.

La contingencia de salud ha significado ansiedad e incertidumbre para la mayoría de la población, especialmente por las implicaciones de una crisis que ha afectado en forma desproporcionada a las niñas y mujeres, así como a las poblaciones comúnmente desatendidas: migrantes, indígenas, personas en situación de calle, personas con discapacidad, adultos mayores y la comunidad LGBTTTIQ, exacerbando sus vulnerabilidades.

Las acciones, políticas y programas implementados han tenido impactos diferenciados en la población y, en este sentido, la población de la diversidad sexual se ha visto proporcionalmente más afectada en sus condiciones de vida, por la disminución del ritmo de la actividad económica y por el confinamiento obligado. Según datos del INEGI, 59% de la población mexicana trabaja en el sector informal y en el caso de las personas LGBTTTIQ un porcentaje muy alto labora en este sector, quedando fuera de la posibilidad de tener ingresos permanentes; una buena parte no posee vivienda propia, vive al día, y debido a la pobreza y exclusión se encuentra en alto riesgo durante esta contingencia. Los gobiernos no les contemplan en sus programas de subsidios y al no tener prestaciones sociales no tienen acceso a servicios públicos de salud, licencias por enfermedad, seguro de desempleo, acceso a estancias infantiles; todos éstos esenciales en épocas de inestabilidad social.

Durante estos meses de confinamiento y aislamiento social se ha documentado un incremento en los niveles de violencia dentro de los hogares, generando tensiones diversas frente a la incertidumbre por la inestabilidad laboral y económica. Las llamadas por violencia de género aumentaron en un 60% y la solicitud de asilo a refugios en un 30%, según manifiesta la Red Nacional de Refugios. Estas cifras no reflejan de manera específica las violencias que viven las personas LGBTTTIQ, ya que no hay un registro segregado de datos que permita un análisis más preciso con base en la orientación sexual o la identidad sexo-genérica.

Sin embargo, relatos cotidianos en redes sociales expresan que, ante la contención sanitaria, ha resurgido la homofobia y la discriminación; ambas conductas parecen originarse en una serie de preceptos, normas y convencionalismos sociales, morales y culturales que asumen que según el sexo con el que se nace (características bio-anatómico-genitales) los individuos desarrollan una identidad de género femenina o masculina desde la cual se forman como hombre o mujer. Y que, a partir de esa determinación biológica, su atracción física, amorosa y sexual debe orientarse hacia personas del sexo opuesto. Desde esa idea, binaria y única, es que se juzga y se mira la vida personal, y la de los demás. Y es también desde ese cristal, que se valora y establece lo que es “bueno” o “malo”, “normal” o “anormal” (extraño, raro, antinatural, patológico) en términos del desarrollo de la sexualidad y las relaciones entre las personas. Esta visión limitada de la configuración humana propicia la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, y sitúa a las personas LGBTTTIQ en una posición de vulnerabilidad, impidiendo su acceso a la igualdad y el pleno ejercicio de la ciudadanía (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013).

Las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a esta comunidad se encuentran especialmente expuestos, ya que en muchos casos no viven un ambiente de respeto y aceptación en sus hogares, y se enfrentan a tratos indignos y humillantes, producto de una violencia que perpetua las relaciones desiguales e inhibidora del desarrollo integral, plural y libre en los chicos y chicas. Las situaciones que se viven a nivel individual, tienen una relación directa con las estructuras sociales, culturales y políticas del sistema social. Esto obliga a repensar la noción que se tiene de la familia y el hogar, ya que solemos concebirla como un espacio “seguro y amoroso”, cuando no siempre lo es o no lo es para todas las personas. Judith Butler en una reciente entrevista señala que debería haber otras formas de refugio que no dependan de una “falsa idea de hogar”, pues, aunque la familia es pensada como el lugar donde hay sostén, contención y cohesión, las prácticas y las representaciones sociales no siempre van de la mano.

Los derechos humanos son un mínimo ético universal que tienen como finalidad asegurar que los grupos minoritarios y en situación de exclusión o vulnerabilidad gocen de los mismos derechos que todos y todas, y estén protegidos por el marco legal y por las instituciones que fueron creadas para hacerlos valer y ser respetados. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos incorpora el principio pro persona que sostiene que siempre se debe buscar la protección más amplia, y en muchos casos ésta puede no ser la que la mayoría percibe o desea para sí. Semanas atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución No. 01/20 instó al empeño para la inclusión de los grupos de la diversidad sexual, quienes durante el confinamiento experimentan situaciones de exclusión y precariedad social, así como falta de vivienda, pobreza y ausencia de respaldo familiar y social para sobrellevar las medidas de contención propuestas y superar la crisis. Recomendó a su vez, la formulación de políticas de asistencia social durante la emergencia, así como su inclusión en los planes eventuales de reactivación económica.

El desempleo, la disminución de ingresos y la exposición al contagio son factores que aumentan la precariedad en las condiciones de vida de las personas. Si a esto le sumamos el factor de aislamiento social, y la obligatoriedad de permanecer en casa, cuando los límites físicos de la vivienda no permiten a las personas tener un espacio propio, se pueden incrementar las fricciones cotidianas, gritos, agresiones y violencias en las relaciones familiares e interpersonales dentro del hogar.

Se observan a la vez otros riesgos para la salud de las personas LGBTTTIQ durante la pandemia: maltratos del personal médico, dificultad para movilizarse a las clínicas y hospitales, reducción de profesionales sanitarios, cierre de instalaciones y carencia de medicamentos específicos para patologías crónicas o tratamientos especializados (hormonas, acompañamiento psicológico, retrovirales o exámenes médicos, que han sido bloqueados por la pandemia).

Es latente un rechazo social, político y religioso que permea el ámbito familiar y se expresa en fobia a la diversidad sexual, haciendo de este un lugar no siempre seguro y amoroso para las personas LGBTTTIQ. Con frecuencia, el espacio privado es el primer espacio de violencia –de acuerdo con la encuesta sobre discriminación (ENDOSIG, 2018), las familias ejercen distintas formas de violencia a través del silencio, los señalamientos y la sanción a las formas de ser, que afectan las posibilidades de un adecuado desarrollo personal- a la vez, la convivencia cotidiana intensificada y en espacios físicos limitados genera una supervisión constante, que les expone u obliga a expresar abiertamente su orientación sexual o la autodeterminación de su identidad de género, sin estar preparados para ello. Este tipo de situaciones genera tensiones conflictivas que pueden derivar en la exclusión, el rechazo, la agresión y hasta la expulsión de los hogares, dejándoles en una situación de extrema vulnerabilidad emocional, económica y social, y sin contar con apoyos institucionales o redes solidarias a las que acudir en estos momentos de crisis.

La violencia en contra de las identidades de la disidencia sexual se ha recrudecido en estos últimos años, y a pesar de que en este período de contingencia no ha habido denuncias formales de estas agresiones, existen señalamientos cotidianos que alertan al respecto. La pandemia del Coronavirus ha venido a develar una serie de problemáticas y desigualdades que el Estado no ha querido reconocer ni atender; impactos diferenciados que evidencian prejuicios, falta de conocimiento, insensibilidad y omisión ante violencias por razón de género y de orientación sexual.

Datos de la misma encuesta de discriminación señalan que el 52.6% de los padres de familia rechazan la orientación sexual y la identidad de género de sus hijos cuándo ésta no corresponde al imaginario heterosexual. Ante estas circunstancias, muchos hogares en tiempos de pandemia son una especie de caja de cristal, sutil, delicada y fácil de romper, carente de muros sólidos de respeto, confianza y aceptación. Existe en ellos la costumbre de “no hablar del tema” cuando de diversidad sexual se trata, lo que provoca un inadecuado manejo de emociones que impide la resolución pacífica de las diferencias y la valoración de la diversidad.

El confinamiento ha obligado a las personas a tomar distancia física de los vínculos afectivos más cercanos; esto resulta especialmente complejo para aquellos que no tienen otras redes de apoyo. A esto se debe el éxito de la virtualidad como refugio en donde pueden encontrar validación y reconocimiento. La carencia de lazos emocionales genera en las personas LGBTTTIQ sensaciones de soledad, depresión y desesperanza, que pueden manifestarse en condiciones de desequilibrio emocional, impulsos de autolesión e ideaciones suicidas, por insatisfacción personal, presión y culpa, como respuesta a una sociedad que constantemente moraliza y sanciona, y que ve como enfermedad o pecado las expresiones de la diversidad sexual.

La pandemia resultó un cristal para observar las distintas caras de nuestra sociedad; ha hecho visibles desigualdades que han de analizarse en clave interseccional, pues surgen a partir de elementos diferenciales que atraviesan la identidad de las personas y provocan accesos diferenciados a oportunidades, servicios y derechos. Este mes se conmemoran los disturbios de Stonewall (1969), que marcaron el inicio del movimiento por la liberación homosexual. Después de 50 años, resulta relevante señalar las deudas pendientes que el Estado y la sociedad mexicana tiene con los grupos de la disidencia sexual; carencias presentes en la forma en cómo enfrentamos la pandemia: falta de acceso a servicios de salud de calidad y con disponibilidad, sin estigma ni discriminación; imposibilidad de acceder a trabajos dignos, formales, bien pagados y acordes a sus intereses y capacidades; escasez de espacios incluyentes y respetuosos, seguros y amigables, y -sobre todo- la posibilidad de vivir una vida libre de exclusión y violencia, con bienestar y dignidad. La orientación y la identidad sexual no son asuntos exclusivos de las personas LGBTTTIQ; es responsabilidad común construir espacios de convivencia y relación respetuosa de la diversidad en toda su expresión: sexual, de género, social, étnica, racial, cultural, política, económica, religiosa… para garantizar que ninguna persona sufra de violencia, acoso, agresión o riesgo por ser o pensar diferente.

* Paola Lazo Corvera (@PaoLazoCorvera) es Doctora en Estudios Científico-Sociales por el ITESO. Profesora universitaria, activista e investigadora independiente. Forma parte del Consejo Directivo del CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).

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