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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Crucificados por la Frontera
La política migratoria de México ha presentado su peor cara a partir de la puesta en marcha del denominado Plan Frontera Sur (PFS). Se ha permitido que los operativos por parte del INM acompañados de otras instancias policiales (Policía Federal, Policía Estatal y Municipal) se incrementen y se realicen de forma violenta, vulnerando los derechos de las personas migrantes y orillando a este sector a tomar rutas más inseguras y violentas para tratar de alcanzar el tan nombrado “American Dream”.
Por Insyde
20 de julio, 2015
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Por: Por Jorge A. Andrade

En mayo de 2014, la organización civil Sin Fronteras publicó el informe La Ruta del Encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales, entre los datos señalados se destacan las “32 estaciones migratorias (que existen en México), 15 estancias provisionales tipo A previstas para una estancia máxima de 48 horas y 12 estancias tipo B para una estadía máxima de siete días”. Las estancias migratorias que tienen una mayor capacidad de ocupación son: Tapachula, Chiapas (960); Acayucan, Veracruz (836) y Ciudad de México (430).

En este sentido, es preocupante el incremento de estaciones migratorias y operativos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) a lo largo y ancho del país que ha tenido como su principal objetivo el detener los flujos migratorios en tránsito que tratan de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. La política migratoria de México ha presentado su peor cara a partir de la puesta en marcha del denominado Plan Frontera Sur (PFS), el cual comenzó sus operaciones a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, el 8 de julio de 2014.

Dicho decreto ha permitido que los operativos por parte del INM acompañados de otras instancias policiales (Policía Federal, Policía Estatal y Municipal) se incrementen y se realicen de forma violenta, vulnerando los derechos de las personas migrantes y orillando a este sector a tomar rutas más inseguras y violentas para tratar de alcanzar el tan nombrado “American Dream”.

De acuerdo a las cifras emitidas por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el periodo de enero a mayo de 2014 se detuvieron a 43,867 personas, mientras que en el mismo periodo en 2015 la cifra de detenidos se incrementó a 80,693. Con el número de detenciones podemos afirmar que el estado mexicano implementa una política que criminaliza a las y los migrantes. Asimismo, y de acuerdo a los datos expuestos en relación a la capacidad de las estaciones migratorias y el número de detenciones desde que se implemento el PFS, el hacinamiento en estaciones migratorias conlleva una serie de violaciones a derechos humanos en los que se ven afectados derechos como la libertad personal, la seguridad física, la salud, alimentación, restricciones de comunicación, atención consular, así como el derecho a no sufrir tratos crueles y degradantes. De acuerdo a los trabajos que se realizan desde el Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante de Insyde, se han constatado las agresiones físicas, verbales y psicológicas a las que se enfrentan las personas migrantes durante su tránsito en México.

mujeres agredidas1

hombres agredidos

Fuente: Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante, entrevistas realizadas en estación migratoria de Iztapalapa en 2014 Se realizaron 44 entrevistas a mujeres, 97 a hombres.

Las diversas situaciones a las que se enfrentan los migrantes en México es alarmante, cada vez más sus derechos son vulnerados y violados; las autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen extorsionando y robando a los migrantes a quienes amenazan de entregarlos a migración si no les dan el dinero que les piden, los municipales les cobran entre 300 y 500 pesos, mientras que los policías federales o agentes de migración les llegan a cobrar una cuota de hasta de 1,500 pesos por dejarlos pasar.

Si bien es cierto que las mayores detenciones se realizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, entidades del norte no están exentas, Coahuila, Monterrey, Sonora y Tamaulipas también presentan incremento a las detenciones y agresiones a las personas migrantes.

La política migratoria implementada por México conlleva a una serie de reflexiones entre las que destacan, en términos conceptuales, que el país se ha convertido en una gran frontera más allá del Suchiate, el Usumacinta o el  Bravo; la frontera polifónica que se mencionaba en la década de los 90 se ha convertido en una frontera de securitización que con el afán de resguardar los territorios de los “indeseados” pasan sobre los derechos de las personas, incrementando los sistemas de seguridad tecnológica y humana, rebasando la independencia de los estados nación bajo el argumento de la seguridad nacional. Los datos son contundentes, los migrantes, independientemente de qué nacionalidad sean, están expuestos a ser crucificados por el control gubernamental a lo largo y ancho del país, asegurados por los clavos del crimen organizado.

* Jorge Andrade es investigador de la Dirección de Migración y Derechos Humanos de Insyde.

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