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Cuatro claves para entender por qué la Guardia Nacional no debería tener funciones en materia migratoria
Ni su preparación, entrenamiento o equipamiento responde a la actuación que deberían asumir en el auxilio del INM en la gestión migratoria, con poblaciones que no les genera ningún peligro o amenaza.
Por Laura Díaz de León
31 de agosto, 2020
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En enero fuimos testigos de trágicas imágenes donde la Guardia Nacional (GN) hace uso excesivo de la fuerza para detener a personas migrantes en México, incluso contra niñas y niños y, aunque ya no es una noticia que encabece los diarios del país, esto no significa que las detenciones arbitrarias contra esta población hayan cesado. Incluso, podemos esperar que conforme las medidas aplicadas por la pandemia permitan la movilidad, miles de personas serán obligadas a migrar ante contextos de pobreza y desempleo en sus países de origen, y el número de detenciones aumentará. Por ello es necesario hacer un recuento de por qué la Guardia Nacional no debería tener funciones en materia migratoria.

Contexto

Este cuerpo de seguridad creado el 26 de marzo de 2019 mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” como una institución de seguridad pública y de carácter civil, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, además del reclutamiento de civiles, la GN está conformada por policías navales, militares y federales. Según el artículo SEXTO transitorio del Decreto, la formación, el régimen disciplinario, ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones “podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”. Por ello, su entrenamiento ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina.

Así, aunque su carácter se supone civil, su entrenamiento y conformación es principalmente militar y, como señala el Observatorio de la Guardia Nacional, no hay intención de homologar las disposiciones aplicables con las de los cuerpos de seguridad de carácter civil.

Dentro de las facultades que se le otorgaron a la GN se incluyen las de control y verificación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), así como resguardar las estaciones migratorias y a las personas detenidas en ellas.

Ya que las funciones de la Policía Federal fueron transferidas a la Guardia Nacional, no debemos perder de vista que la Ley de Migración, según el Artículo 96 y el Art. 70 de su Reglamento, establecen que la Policía Federal (Guardia Nacional) no podrá realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. Únicamente podrá actuar a solicitud expresa del Instituto. Así mismo, en los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la GN.

¿Por qué la Guardia Nacional no debería tener funciones en materia migratoria?

1. La migración debe ser gestionada desde una perspectiva de seguridad ciudadana

En mayo del 2005, se emitió un acuerdo por el que se reconoce al INM como Instancia de Seguridad Nacional, en el marco de la Ley General de Población y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que facultaba al Instituto a proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija. En contraposición, cuando se expidió la Ley de Migración en 2011, se estableció como uno de sus principios rectores que, en ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. De esta manera, se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de varios marcos legales, incluyendo la Ley General de Población, pero siguió y sigue vigente el reconocimiento del Instituto como instancia de Seguridad Nacional, lo cual implica una gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de amenaza al interés nacional.

El involucramiento de la Guardia Nacional (y antes de la Policía Federal) en funciones migratorias, refuerza el endurecimiento de las medidas y aumenta el riesgo de las personas migrantes de sufrir desde abusos de autoridad, hasta violaciones graves a sus derechos humanos. La política migratoria y la ejecución de la misma desde una percepción de la migración como un tema de seguridad, obliga a los funcionarios responsables, agentes del INM e integrantes de la Guardia Nacional a centrarse en la protección del Estado, en lugar de enfocarse en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en territorio nacional, como lo define el Art. 1º. de la Constitución, en concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Urge que la perspectiva cambie a una de seguridad ciudadana, en la que la persona sea el centro de la protección del Estado y pueda gozar de sus derechos fundamentales y de la protección de su dignidad.

2. No hay claridad sobre el uso de la fuerza en la gestión migratoria

Como hemos visto, la gestión migratoria depende principalmente del Instituto Nacional de Migración y, como auxiliar, la Guardia Nacional. Pero ¿cómo se utiliza la fuerza en esta gestión si cada uno de estos actores se rige por diferentes directrices? Por un lado, el Instituto Nacional de Migración cuenta con un manual de uso de la fuerza de reciente creación que, después de una revisión por parte de algunas organizaciones, consideramos que no responde a las necesidades específicas en las situaciones concretas a las que se enfrentan en la cotidianidad los agentes en terreno. Por otro lado, la Guardia Nacional se rige por la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, por lo cual ésta debe ceñirse a sus lineamientos, inclusive cuando los niveles de uso de la fuerza sean los iniciales, como la Presencia de autoridad y la Persuasión o disuasión verbal. Así mismo, debe respetar los principios de absoluta necesidad, legalidad y proporcionalidad. Es decir, responder a las preguntas de si determinado uso de la fuerza es la última alternativa para mantener el orden y la paz públicas, si se realizó con estricto apego a la constitución, leyes y tratados internacionales; y, si el nivel de fuerza utilizado corresponde al nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido. Por último, siempre que la Guardia Nacional utilice la fuerza, aún en funciones migratorias, deberá rendir un reporte pormenorizado que incluya el nombre del agente, sus datos, nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones para utilizar ese nivel de la fuerza. De esta manera, se posibilita el registro pero, sobre todo, el control y supervisión del uso de la fuerza para la debida rendición de cuentas de la Guardia Nacional, impidiendo o restringiendo hechos como los que pudimos atestiguar en la detención de familias con niñas y niños.

3. La GN ejecuta detenciones arbitrarias y no hace un registro apropiado de las detenciones

En la Ley de la Guardia Nacional se establece, como parte de los deberes de su personal, el abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales, inscribir las detenciones de manera inmediata en el Registro Nacional de Detenciones, y velar por la vida e integridad de las personas detenidas. Sin embargo, y como abordamos desde INSYDE en el artículo “Con las Fuerzas Armadas, ¿ya no nos preocupamos?”, la GN en los hechos no realiza a cabalidad el registro de la detención, por el contrario, son las policías municipales (quienes muchas veces ni siquiera están presentes en el momento de la detención) quienes hacen el registro, llenado de IPH y puesta a disposición.

Por si fuera poco, recordemos que la GN no está facultada para realizar de manera independiente las detenciones migratorias, a pesar de lo cual, diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han documentado un sinnúmero de detenciones por parte de la Guardia Nacional de personas migrantes en situación irregular, sin la presencia del INM.

Por otro lado, se exhibe una laguna en la Ley de Migración y su Reglamento porque en la descripción del proceso de control migratorio o en el de la presentación de extranjeros no se hace referencia al momento de la detención de las personas, es decir, cuando se les priva de la libertad por no poder acreditar su estancia regular en el país y se ponen a disposición del Instituto para su ingreso a las estaciones migratorias. Por lo tanto, no establece los lineamientos ni las regulaciones para realizar dichas detenciones con estricto apego a los marcos normativos nacionales e internacionales de derechos humanos, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

4. Cuando la GN detiene a una persona migrante que ha sido víctima de un delito y la pone a disposición del INM incumple sus obligaciones y viola los derechos de las y los migrantes

En cuarto lugar, vale la pena atender el tema de la competencia, funciones y obligaciones de la GN en el caso de víctimas de delito. Por un lado, la Ley de la Guardia Nacional establece que su obligación es proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para lo cual deberá, entre otras acciones:

a) Prestar protección y auxilio inmediato

b) Procurar que reciban atención médica o psicológica, cuando sea necesaria;

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en riesgo su integridad física o psicológica, en el ámbito de su competencia.

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Migración determina que si una persona extranjera en situación migratoria irregular es posible víctima de delito, deberá ser trasladada a las instalaciones del Instituto, con el fin de analizar y resolver su situación migratoria y la autoridad migratoria procederá en consecuencia.

Se presenta, entonces, una disyuntiva. Si la Guardia Nacional “rescata” a migrantes en situación irregular de un secuestro, por poner un ejemplo desgraciadamente recurrente, ¿debe prestar protección y auxilio inmediato, procurar su atención médica o psicológica, o ponerlo a disposición del INM para que se hagan cargo? El principio pro persona debe imperar en las decisiones de las autoridades, por lo tanto, debe ser prioritario atender la integridad física y psicológica, antes que resolver el tema de su situación migratoria.

Los diversos informes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales, además de lo presentado anteriormente, nos permite concluir que la Guardia Nacional no está preparada ni debería asumir funciones migratorias. Ni su preparación, entrenamiento, o equipamiento responde a la actuación que deberían asumir en el auxilio del INM en la gestión migratoria, con poblaciones que no les genera ningún peligro o amenaza.

* Laura Díaz de León (@cocolica) es Psicóloga, latinoamericanista y estudiosa de la migración, preocupada y ocupada en la protección de la dignidad humana. Es parte del equipo fundador de INSYDE y actualmente es directora ejecutiva del Instituto.

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