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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
De cómo la crisis de derechos humanos tocó la puerta del sistema acusatorio
Cada vez que un agente del Estado tortura, tortura la viabilidad del sistema de justicia en su conjunto, produce víctimas incluso donde no las había, y revictimiza a quienes esperan del Estado un castigo legal a sus victimarios. Y tras ocho largos años de gestación, el sistema acusatorio a instalarse a nivel nacional el próximo año corre serios riesgos de fracasar si no se corrige este mal crónico.
Por Insyde
15 de octubre, 2015
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Por: Silvano Cantú (@silvanocantu)

En el tablero de alarmas que es la crisis de derechos humanos en México destaca el rojísimo y siempre encendido foco de la tortura sistemática, generalizada e impune. Con las desapariciones, ella es el abuso que tiene un efecto más corrosivo y estructural en la confianza y el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia, por normalizado que parezca su uso. Cada vez que un agente del Estado tortura, tortura la viabilidad del sistema de justicia en su conjunto, produce víctimas incluso donde no las había, y revictimiza a quienes esperan del Estado un castigo legal a sus victimarios. Quien tortura vuelve irrelevante el proceso penal, y quien no castiga la tortura, reparte licencias de abuso. Tras ocho largos años de gestación, el sistema acusatorio a instalarse a nivel nacional el próximo año corre serios riesgos de fracasar si no se corrige este mal crónico, esta es quizá la última llamada: o se activan todos los mecanismos para garantizar que nadie sea torturado, o se maquilla con tribunales de juicio oral a una momia podrida.

¿Por dónde iniciar el desmantelamiento de los calabozos? Sin duda, cerrando los huecos legales que permiten defraudar la prohibición formal de torturar, y la promesa de castigarla cuando ocurra. La ley no debe dejar un solo resquicio, porque uno bastaría para convertirla en ilusoria, como ha bastado durante casi un cuarto de siglo con un tipo penal federal poroso que exige requisitos de calificación indemostrables para las víctimas, pero tolera márgenes amplísimos de discrecionalidad a los perpetradores (por ejemplo, al no castigar la tortura que se comete con un fin distinto a obtener confesiones –por un afán de control, intimidación o por puro placer– o al excluir de la tortura supuestos “actos legítimos de autoridad”). La idea es que nadie pueda ni esté motivado a torturar, y que la fuerza pública esté controlada por un switch fuera del alcance de la irracionalidad.

Hoy hay 33 tipos penales de este delito en el país, la mayoría diferentes entre sí, prácticamente todos mal diseñados. El Estado mexicano lo sabe y por ello, tras muchos años de exigencias de la sociedad civil y un buen número de recomendaciones y jurisprudencia internacionales, el 10 de julio pasado se reformó la Constitución, facultando al Congreso de la Unión para regular la materia mediante una norma de aplicación nacional que deberá emitirse a más tardar el próximo 10 de enero; a partir de ella, todos los operadores del proceso penal (policías, MP, jueces, víctimas…) deberán entender lo mismo cuando se diga “tortura” de Baja California a Yucatán. También deberán aplicar reglas comunes para la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño producido por la tortura.

Hoy el debate hacia una ley general está abierto. Hace dos semanas un grupo amplio y plural de organizaciones de la sociedad civil presentamos un documento con los puntos irreductibles a incorporar en una legislación general sobre tortura; la semana pasada iniciaron las consultas desde el Ejecutivo Federal (PGR y SEGOB), tomando como referente un anteproyecto de Ley General elaborado por la Procuraduría General de la República.

Hasta ahora, la discusión ha sido mediana en consensos y grande en postergaciones. Los consensos logrados reflejan – como debe ser – el triunfo de los estándares jurídicos más elevados y no la imposición de posturas particulares (más bien por lo último han nacido los disensos). Cuando se trata de derechos humanos la última palabra ya está escrita, la clave está en el artículo 1º constitucional, que obliga al Estado a remitirse a la misma Constitución y a los tratados internacionales, y si la ley es compatible con los estándares, prefiriendo la norma que más proteja los derechos de las personas, la norma será legítima.

Con esa regla en mente, las organizaciones de derechos humanos hemos logrado, por ejemplo, que la PGR dé marcha atrás a la prueba de “quince días de lesión” para demostrar la gravedad de los hechos, así como la ampliación de hasta sesenta días más a las víctimas cuando hubieran acreditado que la prueba por la que se les detuvo fue obtenida mediante tortura, con el fin de que el MP busque pruebas “limpias” en su contra. Claro, hasta no ver el anteproyecto libre de estas figuras excéntricas no dejará de insistirse en el punto, así como en la corrección de otros disensos igualmente importantes. Enuncio algunos de los más preocupantes:

1) Contra el requisito de gravedad y las “mini-torturas”: el estándar más protector de los derechos de las personas en materia de definición de tortura es el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que desestima la prueba de gravedad de los dolores o sufrimientos físicos o psíquicos infligidos contra la víctima para calificar un hecho de tortura como tal. No hay torturas y sub-torturas. Así lo ha recomendado sociedad civil, ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; también el sentido común. Con todo, el Ejecutivo defiende – y defenderá ante el Legislativo, cuando el debate se desplace allá (donde debió haber estado siempre) – que se incluya el elemento de gravedad en el tipo y se le refuerce mediante un juego alambicado de normas adicionales al tipo, cuyo fin es convertir el requisito de gravedad en la gran criba de desechar denuncias hasta que nada sea tortura, por ejemplo:

a) La invención de un delito autónomo de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, que no tiene sustento convencional, que ameritaría una penalidad muy inferior y que, sobre todo, haría que la tortura se adelgace en la estadística oficial;

b) La evaluación de elementos endógenos y exógenos para determinar si hubo tortura o no, que es una distorsión del criterio asentado por la Corte Interamericana en el caso Campesinos Ecologistas sobre modalidades de violación del derecho de integridad personal, que leído en el contexto estricto de la definición convencional de tortura apunta más bien a que se evalúe en cada caso concreto la gravedad de los hechos para determinar la sanción que corresponda. Por decirlo más claro: si la tortura no es grave, sigue siendo tortura, pero si es grave, amerita mayor sanción;

c) El deber de demostrar la gravedad de los hechos a partir de la práctica del Protocolo de Estambul por el perito del Ministerio Público, que en caso de ser impugnado no podrá practicarse de nuevo por un perito solicitado por la víctima sino seis meses después que el anterior (durante los cuales continúa privada de la libertad), lo que desvirtúa el propósito del Protocolo de Estambul y el derecho de las víctimas a invocar a su favor y en todo momento, peritajes independientes;

d) El requisito de demostrar que el sufrimiento psíquico de la tortura tiene efectos somáticos o conduce a la “anulación de la personalidad” de la víctima, lo que – por subjetivo – es prácticamente indemostrable y no debería ser en lo absoluto un criterio para decidir si hubo o no tortura. La definición convencional sólo pide demostrar que hay daño físico o psíquico. Punto.

Adicionalmente, hay diferencias irreductibles entre personas expertas, sociedad civil y gobierno federal por lo que hace a:

2) Fijar la imprescriptibilidad de todo tipo de tortura como medida para combatir la impunidad, y no sólo en la modalidad de crimen de lesa humanidad (lo que ya está garantizado por el derecho internacional);

3) Reconocer explícitamente a las personas que denuncien tortura su derecho a llamar peritos independientes para dictaminar los hechos, incluso en el marco del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que la PGR propone – y cuya creación se saluda con esa salvedad –;

4) Reconocer el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño bajo la modalidad de violación de derechos humanos y no como indemnización “subsidiaria”, figura de la Ley General de Víctimas que procede sólo cuando el delito lo comete un particular contra el cual el MP no puede ejercer la acción penal, y que tiene una serie de restricciones, entre otros, topes económicos.

No se estima que estas demandas sean excesivas: consisten básicamente en que la ley sea compatible con la Constitución. ¿Es mucho pedir? ¿Es tan grande la compulsión de torturar que el Estado no puede garantizar una ley sin trucos ni eufemismos? ¿No nos merecemos un sistema de justicia libre de tortura, en el que los delitos se investiguen científicamente y el debido proceso constitucional no sea una utopía? Debemos tomarlo en serio, hay mucho en juego.

Mientras las denuncias de tortura sigan burbujeando en el hervidero de violencia que agobia nuestra geografía no habrá salida institucional a la crisis de derechos humanos, ya que su incidencia pudre la principal herramienta de las víctimas para acceder a la verdad y la justicia, que es el proceso penal. Se vaticina algo más: de no desmantelar ahora mismo este anti-proceso penal subterráneo de coacción y verdades forzadas, tendremos que anunciar el próximo año que el sistema acusatorio nació muerto.

 

* Silvano Cantú es consultor de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura de @InsydeMx

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