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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Del CISEN al Centro Nacional de Inteligencia
La vigencia de una cultura política autoritaria, la impunidad, el marcado déficit de una cultura de la legalidad en la sociedad civil, y el sistema político presidencialista, constituyen los principales obstáculos para el desarrollo de un verdadero proceso de democratización que se extienda a las áreas de inteligencia.
Por Marcos Pablo Moloeznik
11 de noviembre, 2019
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La comunidad de inteligencia es un reflejo de la sociedad

a la que sirve y de la cual deriva su poder e idiosincrasia.

Dan Raviv y Yossi Melman1

El 30 de noviembre de 2018, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador toma tres decisiones de gran trascendencia para las políticas de seguridad mediante sendas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

  • Crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
  • Firma el acta de defunción del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que sustituye por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
  • Adscribe este último a la SSPC, “(…) como un Órgano Administrativo Desconcentrado que fungirá como un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y fortalecer las instituciones de gobierno”.2

Para el primer mandatario, estas medidas -integradas en lo que denomina “articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz” en su Primer Informe de Gobierno- responden a un cambio de paradigma en seguridad. De ahí la necesaria reflexión sobre el significado y alcances del tránsito del CISEN al CNI que importan dichas acciones al más alto nivel de conducción política.

Sobre la importancia de la inteligencia

La inteligencia existe desde tiempos inmemoriales, tal como se desprende de la obra “El Arte de la Guerra” de Sun-Tzú del siglo V antes de Cristo, que la define como la información anticipada de las disposiciones e intenciones del enemigo. Dicho en otros términos, la inteligencia es el conocimiento anticipado de las capacidades, vulnerabilidades y probables cursos de acción del ambiente externo y su impacto sobre la organización, además de los factores internos que puedan afectar a nuestras propias estructuras. Se trata así de aquella información correcta y confiable, procesada y presentada con suficiente tiempo y oportunidad para poder tomar una decisión de manera racional. De donde sus notas esenciales son tanto la anticipación y la predicción, como el soporte al proceso de toma de decisiones. Para Yehezkel Dror, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ex asesor del gobierno de México, la inteligencia se erige en el requisito principal para una buena formulación de opciones de decisión o, por lo menos, para evitar que sean excesivamente malas.

Derrotero de la inteligencia mexicana

Desde sus inicios, el régimen político autoritario surgido de la Revolución Mexicana cuenta con un aparato de inteligencia de naturaleza represiva que responde a los intereses del presidente en turno. Esto explica la ambigüedad del término seguridad nacional a lo largo de 71 años de vida institucional, funcional a los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo de la Federación, para el control de todo tipo de disidencia por la fuerza, como lo demuestra por ejemplo la historia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) (1947-1985).3 El homicidio del agente Enrique Camarena de la United States Drug Enforcement Administration (DEA) pone fin a la DFS, que es sustituida por la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), en un interregno que se extiende por cuatro años, hasta la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Por lo tanto, es Carlos Salinas de Gortari a quien le corresponde la reconstrucción de una agencia de inteligencia para la seguridad nacional. La misma es de naturaleza civil y se crea como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa, adscrito directamente a su titular, responsable de la ejecución de la política interior del Estado mexicano.

Mientras, el proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático –que da inicio en el año 2000– se limita al advenimiento de gobiernos de alternancia que no quisieron, no pudieron o no supieron desmontar las instituciones, los mecanismos y reglas de juego heredadas del pasado histórico. El CISEN no logra superar la etapa de tránsito que se caracteriza por la recomendación como el principal criterio de ingreso de los aspirantes; la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas; la falta de una evaluación a fondo sobre sus actuaciones y resultados, y el déficit de una “cultura de inteligencia” que se vea reflejado en un mayor interés ciudadano en el tema, así como la necesaria supervisión de los medios de comunicación sobre el CISEN.

Tampoco se evita que el CISEN se continúe utilizando de manera discrecional como instrumento político-partidista, como lo demuestran “el caso del escándalo de corrupción en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el empresario Carlos Ahumada, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entre otros”.4 De ahí que su principal debilidad descanse en su uso como instrumento de la política partidista en lugar de responder a los intereses superiores del Estado y de atender a los riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Si bien el balance de las actuaciones del CISEN es en general negativo, todo Estado-nación que se precie de serlo no puede darse el lujo de prescindir de una comunidad de inteligencia para la seguridad nacional, capaz de prever y anticiparse a los riesgos y amenazas reales y potenciales.

Del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Esta necesidad de contar con información anticipada para dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones, combinada con la desconfianza en un aparato de inteligencia al servicio del régimen en turno, lleva a López Obrador a desaparecer el CISEN que es sustituido por el CNI, adscrito a la SSPC y conservando las funciones que se establecen en la Ley de Seguridad Nacional.

Otro dato significativo es la designación del general de división (retirado) Audomaro Martínez Zapata como director del CNI. Se trata de un claro retroceso de los esfuerzos por desmilitarizar la función de inteligencia para la seguridad nacional, de la mano de las enseñanzas del tratadista estadounidense Sherman Kent, pionero en estudios de inteligencia, quien bregó por la función de inteligencia en manos de civiles. Se trata de una simulación que guarda correspondencia con el reciente nombramiento del general de división (retirado) Luis Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional, para cumplir con el “requisito” de que sea un civil quien ejerza el mando, como si con su pase a retiro abandonara su condición de uniformado. Un militar es militar para siempre, ya que en ambos casos dichos oficiales superiores pasan a formar parte de la primera reserva y conservan sus atributos como tales.

Sin embargo, el asunto crítico que trae aparejado la decisión de incorporar al CNI a la secretaría de despacho responsable de la seguridad pública, reside en la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, dado que son dos dimensiones de la seguridad con diferentes contenidos, alcances y fines. Aquella es una concepción Estado-céntrica cuya finalidad es velar por la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, haciendo frente a los riesgos y amenazas. Mientras que esta última es de naturaleza antropocéntrica, orientada a la preservación de la vida e integridad física de las personas, así como de su patrimonio y bienes, el goce de sus derechos, y la convivencia social mediante el mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.

Los esfuerzos del CNI –ahora en el seno de la SSPC– siguen concentrándose en la seguridad nacional, al elaborar la Agenda de Riesgos 2019, consolidar la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (ESISEN) a la que se reconoce como el “espacio de coordinación interinstitucional para el desarrollo de una doctrina de inteligencia y la difusión de la cultura de Seguridad Nacional”, como se señala en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019. La inserción del CNI en la SSPC trae aparejada una regresión que no contribuye precisamente a la consolidación del proceso de democratización al que legítimamente se aspira en México, a la luz de la confusión entre la inteligencia para la seguridad nacional y la inteligencia orientada a la política criminal del Estado mexicano en un mismo ámbito.

En contraste, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,5 da cuenta de “un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública”, y se compromete a fortalecer las capacidades institucionales para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos: establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado por el gobierno para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.

El pasaje del CISEN al CNI, de la Secretaría de Gobernación a la SSPC, responde a la constatación de Raviv y Melman, de que “cada país forja una estructura de inteligencia a su imagen”. En este caso a imagen de la actual gestión. Una vez más, el lector se encuentra ante un escenario en el que, como dice Ernesto López Portillo “[…] los tomadores de decisiones se recargan en la intuición y no recogen el conocimiento teórico y la evidencia empírica sistematizada. El problema aquí en México es que la gran mayoría de los que toman decisiones de política pública deciden no saber, o saber solo generalidades, repetir supuestos no comprobados”.6

La vigencia de una cultura política autoritaria, de la que no escapa la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la impunidad, el marcado déficit de una cultura de la legalidad en la sociedad civil, y el sistema político presidencialista, constituyen los principales obstáculos para el desarrollo de un verdadero proceso de democratización que se extienda a las áreas de inteligencia. Si bien la reforma del sistema de inteligencia es una de las asignaturas pendientes de los gobiernos de alternancia, el abordaje y tratamiento reservado por la actual gestión se aleja de las recomendaciones de los expertos que apuestan por la construcción de una verdadera comunidad de inteligencia integrada por agencias especializadas que respondan a naturaleza de sus respectivas instituciones, con una masa crítica humana altamente calificada, y bajo la fiscalización ciudadana y el control parlamentario.

López Obrador subordina la inteligencia para la seguridad nacional a la secretaría de despacho responsable de velar por la seguridad pública, a la vez que deja de lado los necesarios mecanismos de control y rendición de cuentas, y designa a un general retirado como cabeza del CNI. Sin embargo, toda democracia debe contar con una comunidad de inteligencia al servicio de los intereses superiores del Estado y de la sociedad a la que se debe y no del poder en turno, acompañada por una clara diferenciación y separación entre la inteligencia para la seguridad nacional y la inteligencia criminal; con perfiles idóneos tanto en la conducción como en el escalón de ejecución; que apueste a la profesionalización de los hombres y mujeres que abrazan la carrera de inteligencia como proyecto personal de vida, y con mecanismos de control y de rendición de cuentas, en el marco del Estado democrático de Derecho. No obstante, todo parece indicar que el derrotero de la actual administración le reserva a la función de inteligencia un horizonte que lo acerca a la tradición autoritaria.

* Marcos Pablo Moloeznik es Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara e Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

 

1 Raviv, Dan y Melman, Yossi (1991). Todo espía un elegido, Planeta, Buenos Aires.

2 Véase Primer Informe de Gobierno 2018-2019, México, Presidencia de la República , 1º de septiembre de 2019. Disponible aquí.

3 Aguayo Quezada, Sergio (1990). “Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana, 1946-1990” en En busca de la seguridad perdida (Aproximaciones a la Seguridad Nacional Mexicana), Siglo XXI Editores, México, pp. 107-145.

4 Martínez Serrano, Alejandro (2014) Tres momentos para entender la seguridad nacional de México; en, Revista de El Colegio de San Luis, vol.4 no.7, San Luis Potosí, enero/junio de 2014. Disponible aquí.

5 Poder Ejecutivo de la Federación (2019) Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible aquí.

6 Véase los Papers presentados ante la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 8 y 9 de enero en Ciudad de México. Mismos que próximamente aparecerán en el Libro Blanco de la Guardia Nacional. Abordaje y análisis de expertos y actores nacionales e internacionales, coordinado por Marcos Pablo Moloeznik y Nauhcatzin Bravo Aguilar, H. Congreso de la Unión, en prensa.

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