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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Del Ejército a la Guardia Nacional
Una asignatura pendiente del proceso de transición a la democracia es la reforma militar, ya que los sucesivos gobiernos de alternancia política optaron por mantener el pacto cívico-militar del régimen político autoritario posrevolucionario, del que deriva el elevado grado de autonomía del instrumento militar mexicano.
Por Marcos Pablo Moloeznik
9 de agosto, 2021
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El juramento de los integrantes de las Fuerzas Armadas de los países de mayor tradición democrática se centra en la defensa de la Constitución o Ley Suprema de la Nación contra los enemigos externos e internos; en contraste, tratándose de Estados totalitarios, el juramento suele ser de obediencia ciega al dictador como el caso de la Wehrmacht, cuyos efectivos juraban fidelidad al führer Adolf Hitler y no al pueblo alemán al que se debían.

En México, una asignatura pendiente del proceso de transición a la democracia es la reforma militar, ya que los sucesivos gobiernos de alternancia política optaron por mantener el pacto cívico-militar del régimen político autoritario posrevolucionario, del que deriva el elevado grado de autonomía del instrumento militar mexicano.

En virtud de dicho acuerdo la tradición de las Fuerzas Armadas mexicanas es de lealtad hacia el Presidente de la República en turno, en su calidad de Comandante Supremo (de ahí la celebración, año con año, del Día de la Lealtad); si a esto se le suma la concepción y práctica de obediencia debida que domina las actuaciones de militares y marinos, el lector puede sacar sus propias conclusiones.

Basta ilustrarlo con dos ejemplos:

a) En la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania) la opinión de un Haupmann (un simple Capitán), si está bien fundamentada, es respetada y tomada en cuenta por sus superiores jerárquicos; incluso, durante su participación en misiones de imposición de la paz como la de Afganistán –en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte–, el oficial subalterno cuenta con la iniciativa y libertad de ejecución bajo la doctrina de órdenes tipo misión.

b) En México si el Director del Colegio del Aire quiere organizar un ciclo de conferencias con profesores de cualquier institución de educación superior externa (como ya ha ocurrido), aunque no traiga aparejado costo alguno debe solicitar autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), e incluso los oficiales retirados se deben incondicionalmente a la institución castrense, es decir, deben pedir permiso a la SEDENA o la Secretaría de Marina (SEMAR) / Armada de México para ejercer el derecho a la libre expresión de sus ideas y no ser acreedores a una sanción; por tanto, siguen siendo milis antes que civis, aun dejando de estar en actividad o en servicio.

Esto explica que los titulares de la SEDENA y la SEMAR suelan confundir Proyecto de Nación con proyecto político del gobierno en turno, con el agravante de que MORENA ni siquiera presentó en su plataforma político-electoral de 2018 propuestas. Efectivamente, en el ejercicio denominado “Foro: Seguridad pública y derechos humanos. Presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República”, auspiciado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y la Universidad de Guadalajara (UdeG), realizado en el Paraninfo de esta última el 16 de mayo de 2018, tres académicos de esta Casa de Estudios –entre los que se encontró un servidor– le cuestionaron al representante de MORENA, Alejandro Gertz Manero, que en dichas materias su partido político solo llevaba a cabo un diagnóstico, pero carecía de propuestas, a lo que respondió con evasivas.

De donde se constató: a) que en la plataforma político-electoral de MORENA no estaba plasmada propuesta alguna (solo se hacía referencia a la figura de la Guardia Nacional como mero enunciado); b) que al INE le cabe una responsabilidad histórica por aceptar un documento que, ante la ausencia de políticas, estrategias y líneas de acción, no reunía las condiciones para ser considerado como plataforma político-electoral, y c) que Alejandro Gertz Manero –al igual que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra– pertenecía a MORENA y, por ende, incumplía con la necesaria imparcialidad que debe garantizar quien se encuentre al frente de la Fiscalía General de la República.

La falta de propuestas en materia de seguridad pública de la actual administración se hace sentir fundamentalmente en los siguientes cinco aspectos: a) la elevada tasa de homicidios dolosos o intencionales, que supera a las de cualquier sexenio de los gobiernos de alternancia política y que da al traste con el sagrado Derecho a la Vida (violencia endémica de conformidad con la Organización Mundial de la Salud); b) con un asunto crítico que ha escalado para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional, que es la pérdida del ejercicio efectivo de la soberanía en probablemente la tercera parte del territorio nacional, de la mano del asentamiento de actores no estatales. Los actos de demostración de fuerza, por ejemplo, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ilustran sobre la renuncia del aparato estatal sobre el control de grandes espacios de la geografía nacional, que dejan a la población en un completo estado de indefensión social; c) la proliferación de armas de alto poder de fuego y letalidad, cuya responsabilidad lejos está de descansar en las espaldas de los fabricantes de armas estadounidenses, sino más bien del Estado mexicano que no es capaz de controlar el contrabando y la comercialización ilícita de medios letales y municiones; d) la desaparición de la Policía Federal –me atrevería a afirmar, la única policía seria que tenía nuestro país, técnicamente hablando– a partir de una decisión presidencial sin sustento ni soportado en estudio técnico alguno y cuyo significado es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha quedado sin un brazo armado, con lo que incluso ha dejado de tener razón de ser, ya que sus funciones podrían ser absorbidas por la Secretaría de Gobernación en el contexto de austeridad republicana enarbolado por la actual gestión, y e) la reciente decisión irracional de denunciar y abandonar el Plan Mérida, en cuya virtud las Fuerzas Armadas mexicanas lograron en los últimos años –con el apoyo de Estados Unidos– dar un salto de modernización en sus componentes cualitativos materiales, tales como sistemas de armas, de comunicaciones y de tecnología, en general.

En este marco, al más alto nivel de conducción política se apuesta toda la política sectorial de seguridad a la creación de la figura de la Guardia Nacional –que si bien la Constitución la concibe bajo el molde civil, recientemente el Presidente hizo pública su dependencia de la SEDENA, al margen de lo establecido por la Carta Magna– y al proceso de militarización de la seguridad pública, mediante el Acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020, que dispone de la Fuerza Armada permanente para “llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en un horizonte temporal que se extiende hasta el 27 de marzo de 2024. Y, dicho sea de paso, en ambos casos se pone el acento en la reacción en detrimento de la prevención social de las violencias y la delincuencia.

A esta delicada responsabilidad de la SEDENA y la SEMAR de velar por la seguridad pública, a la sazón principal preocupación ciudadana, se suma un conjunto inédito de funciones asignadas por el titular del Poder Ejecutivo de la Federación que van desde la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya y las sucursales del Banco del Bienestar, hasta la gestión y administración de aduanas y puertos, y la educación de la marina mercante.

En una ocasión Andrés Manuel López Obrador afirmó que “con la Guardia Nacional ya no será necesario el Ejército”; se trata de un tránsito del Ejército a una fuerza intermedia o de seguridad que ha traído consigo el natural desgaste institucional y humano de los militares y marinos comprometidos en tantas y tan disímiles actividades. En contraste, Geoffrey Till –el pensador naval contemporáneo por excelencia– recomienda a las Armadas (lo que es extensivo al Ejército y Fuerza Aérea) apostar por un “nicho de especialidades”, es decir, ser eficiente y eficaz en un conjunto reducido de misiones y funciones que respondan a su perfil y vocación, y compensar las debilidades a través de la cooperación internacional. La asignación de nuevas e inéditas responsabilidades, por un lado, y el fin del Plan Mérida, por el otro, las aleja de la racionalidad del profesor Till, y les impone una lógica de dispersión con efectos perniciosos que se harán sentir en el corto, mediano y largo plazo.

En conclusión, las Fuerzas Armadas de México se encuentran ante una encrucijada, un punto de inflexión que definirá su futuro: de continuar asumiendo –acríticamente y en el marco de la obediencia debida– misiones y funciones que no son de su propia naturaleza, incluyendo garantizar la seguridad pública, y de confundir proyecto de Nación con proyecto político; antes de la finalización del presente sexenio se las identificará con la actual administración y correrán el riesgo de convertirse en una especie de constabulary o guardia pretoriana que responda a los designios de Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, a someterse tanto al juicio de la historia como a la del pueblo en su condición de soberano.

* Marcos Pablo Moloeznik es Profesor-investigación del Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.

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