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Delitos medioambientales, un problema cuya solución no recae solo en las leyes
El compromiso humano de respetar la vida no surge de una ley, sino que es una sumatoria de condiciones que terminan complementándose por la ley, siendo esto último un reconocimiento y acogimiento por parte del Estado.
Por Insyde
29 de julio, 2019
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Por: Carla Monroy Ojeda (@monroycarla)

Los delitos medioambientales tienen un componente sustancial y característico; social y políticamente no tienen el mismo impacto que el resto de los demás delitos. Sin importar que ponen en riesgo ecosistemas enteros, la vida humana y se vinculan con otros delitos, (la delincuencia organizada y las amenazas y homicidios contra activistas) no generan la misma indignación, coraje o reacción que algún delito contra la especie humana. Y no es que haya que enfocarse en indicar que uno es más importante que otro, es entender que ambos son lamentables, que las condiciones que los generan deben provocar igual posibilidad de crítica, análisis y estudio, y repensar su importancia a la prevención de la delincuencia en general.

En México, la discusión y el desarrollo de un marco jurídico-político que salvaguardara este tipo de crímenes comienza hasta los años 70, aproximadamente, con la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y con la inclusión al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Luís Echeverría (Brañes, 2000 en Iglesias, 2014). Sin embargo, los avances seguirán siendo discretos, constantes y continuos, pero no estructurales, ya que se está en una lógica de industrialización, en donde se instrumentaliza tanto al ser humano como todo lo no humano. Es una visión mercantilista, depredadora contraria al manejo sustentable, cuyas prácticas son destructivas impidiendo el acceso a una justicia social y ambiental.

Las políticas actuales se rigen bajo un mercadocentrismo, ya no se diga un antropocentrismo, en donde lo ideal tampoco sería lo segundo, sino políticas que vea todo interconectado, como un todo, y no en función o bajo el servicio del humano. Pensar que: “Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la humanidad en el presente es la preservación de la integridad del planeta como condición necesaria para garantizar la supervivencia de la especie” (Frías, M., et., al. 2009), es uno de los factores que, precisamente, siguen facilitando que los crímenes contra el medio ambiente se presenten, y que su prevención y combate sea tan difícil. El discurso debe evolucionar, la integridad del planeta no está para la vida humana, sino para la vida en general; por ello el problema a comprender es que como humanidad nos veamos como responsables y partícipes de la supervivencia del planeta en su totalidad. Dicho de otra forma, el problema urgente no es sólo que se atenta contra la vida humana, sino contra la vida misma, y que el humano sigue posicionado pensando sólo en sí mismo y en su interés.

A pesar del tardío nacimiento de la legislación ambiental (al menos en México), actualmente se cuenta con vastas leyes al respecto. El reporte de la misión de ONUDC a México 2016 inclusive se refiere como “un buen marco legal e instituciones y mecanismos para su implementación”. No obstante este conveniente contexto jurídico, la solución a un problema no recae exclusivamente en sus leyes; por ejemplo Jackson (en Frías, M., et., al. 2009) “indica que las normas gubernamentales, es decir, las leyes, debieran prevenir las conductas antiambientales y estimular las proecológicas”. En sentido estricto no es así. Simplemente no es posible esperar que a partir de la ley se geste una actitud solidaria y crítica; su efecto como prevención negativa (no transgredir la norma por el temor a la sanción) es limitado. El compromiso humano de respetar la vida no surge de una ley, sino que es una sumatoria de condiciones que terminan complementándose por la ley, siendo esto último un reconocimiento y acogimiento por parte del Estado.

Como se hacía alusión, entre las dependencias del gobierno encargadas de la protección y atención al medio ambiente están la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por mencionar las más conocidas; además de ello existen 11 más, incluyendo la FGR y la Policía Federal. Adicionalmente se pueden enunciar más de una decena de leyes, tratados internacionales, normas, códigos relacionados con el tema. Por ejemplo:

  • Constitución Mexicana (artículo 27)
  • Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
  • Ley General de Vida Silvestre
  • Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
  • Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
  • Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, para la protección ambiental- especies nativas

La legislación mexicana se ha robustecido tratando de que los delitos ambientales desciendan su incidencia. Sin embargo, el efecto de la prevención negativa que se busca tener a través de las leyes no ha sido el esperado. Es decir, que aunque las penas oscilan de entre uno y nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa (según el Código Penal Federal), el tráfico y los delitos ambientales han ido a la alza. “En México, a pesar de que se ha avanzado en la aplicación de la ley en materia de Vida Silvestre, que se ha favorecido un cambio positivo de actitud y de que hoy existe mayor aceptación de la población en general para cumplir con la normativa vigente, no es posible afirmar que se haya terminado el tráfico ilegal” (Patrón y Sosa-Escalante 2010).

Todo esto sin considerar, además, la difícil situación en la que los defensores y activistas del medio ambiente se encuentran. De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), en el 2017 México fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. Y en el período entre el 2010 y el 2018 se registraron 440 agresiones (homicidio, criminalización, amenazas, agresiones físicas), 49 tan solo en 2018 (CEMDA, 2018). Y hasta marzo de este año se habían presentado 15 defensores asesinados, lo que indica una escalada de agresiones contra ellos (Enciso, A., 2019). Todo esto, desafortunadamente no sólo es en México, sino en todo el mundo, que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, de los gobiernos y de la sociedad civil, el problema persiste.

Por ello es que, además del marco jurídico, el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), considera que los retos para lograr efectivamente la aplicación de la ley son superar una legislación inadecuada, remontar la falta de equipo y las limitadas oportunidades de formación, promover el acceso a los nuevos instrumentos de observancia como el acopio y el análisis de datos de inteligencia y el apoyo a la ciencia forense; fortalecer la precaria gobernanza, y trascender una limitada apreciación entre los fiscales y jueces de la gravedad de los delitos (CITES, 2016).

A esto cabría agregar, la urgencia de una mayor de concientización social, así como su propia vulnerabilidad, ya que muchas comunidades se convierten en parte del delito debido a condiciones de pobreza, inequidad social, en sumatoria, de injusticia social.

* Carla Monroy Ojeda es Profesora Investigadora, Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado de Nuevo León.

 

Referencias Bibliográficas:

CITES (2016), Documentos oficiales, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Disponible aquí.

CEMDA, 25 de marzo 2019, En 2018 fueron asesinadas 21 personas.

Frías, M., M. Rodríguez & Corral, V. (2009). Análisis de factores que influyen en el desarrollo de normas ambientales y en la conducta anti- ecológica. En Interamerican Journal of Psychology, pp. 309- 322.

Iglesias, D. (2015). El desarrollo del marco jurídico- político en materia ambiental en México. En De Jure, noviembre- mayo: 63-87

Enciso, A. 26 de marzo, 2019, Defensores ambientales viven una complicada situación: AI, La Jornada, disponible aquí.

UNODC (2016). Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, CITES- INTERPOL-GRUPO BANCO MUNDIAL-UNODC, México

Sosa-Escalante, Javier (2011). Aplicación de la Ley para el combate del Tráfico Ilegal de Vida Silvestre en México: El caso de Charco Cercado. En Therya, diciembre, vol. 2(3): 245-262

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