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Desafíos en la búsqueda de personas desaparecidas en México
El artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición establece que las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los familiares en las tareas de búsqueda. No obstante, los familiares se ven obligados a encarar las indagaciones del paradero de las personas con sus propios métodos y recursos.
Por Jaqueline Garza Placencia
23 de agosto, 2021
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Si no se habla, si no se escribe y no se cuenta,

se olvida y poco a poco se va tapando bajo el miedo (…).

Como nadie habla de lo que pasó, nada ha pasado.

Entonces si nada ha pasado,

pues sigamos viviendo como si nada”.

Habitante de Trujillo, Colombia, GMH, 2013.

 

 

La desaparición de personas en México lejos de frenarse sigue perpetrándose con mayor crudeza en tiempos de la pandemia. En la estadística oficial, es decir en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 90,673 casos se encuentran en calidad de desaparecidas y no localizadas desde el 15 de marzo de 1964 al 15 de agosto de 2021. Del total, 22,357 son mujeres, 67,802 son hombres y 514 no cuentan con identificación de género. El confinamiento por la emergencia sanitaria ha resultado una condición de extrema adversidad y obliga reconocer que, en circunstancias tan complejas, las tareas de búsqueda deben continuar realizándose frente a complejos desafíos:

1. Garantizar el derecho a la participación de los familiares de las víctimas

El artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición (LGMDFP) establece que las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia permitirán la participación directa de los familiares en las tareas de búsqueda. No obstante, los familiares se ven obligados a encarar las indagaciones del paradero de las personas con sus propios métodos y recursos. Los grupos de búsqueda, conformados comúnmente por mujeres, exploran sinuosos caminos, terrenos baldíos, ranchos, desiertos o ríos en busca de indicios aprendiendo a recuperar fragmentos humanos en condiciones de precariedad e inseguridad.

Las exhumaciones constituyen experiencias dolorosas y complejas por la falta de expertos forenses, la ausencia de tecnología adecuada y por los excesivos procesos burocráticos para restituir los cuerpos localizados. Los familiares también exponen su vida al recorrer terrenos controlados por el crimen organizado, fuerzas de seguridad o delincuentes que en ocasiones actúan con el consentimiento o complicidad de instancias estatales 1. Frente a ello, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de las familias en acciones concretas como: elaborar los análisis de contexto, revisar bases de datos de los SEMEFOS, colaborar con la definición de los probables lugares de hallazgo, asistir a los operativos de excavación y coadyuvar en el diseño de estrategias de búsqueda en vida.

2. Asegurar la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB)

En agosto del 2020, las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentaron el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), como una estrategia de coordinación nacional entre distintas autoridades del país: cementerios, fiscalías, comisiones locales de búsqueda, autoridades diplomáticas, autoridades de seguridad pública, entre otras. En el PHB se establece que la búsqueda está enfocada en localizar a todas las personas ausentes, independiente del delito cometido contra ellas, ya sea por desaparición forzada o cometida por particulares, trata de personas, secuestro, tráfico humano, delincuencia organizada. Asimismo, se contempla una diferencia conceptual y metodológica entre tipos de búsqueda (inmediata, individualizada, por patrones, generalizada, y por familia), con el propósito de brindar claridad sobre qué acciones deben realizarse y qué autoridad es la responsable.

Por limitaciones de espacio es difícil explicar cada uno de los tipos de búsqueda, pero vale mencionar que el protocolo señala que las autoridades no pueden enfocarse solo en un tipo de búsqueda como única alternativa, sino que las personas ausentes pueden localizarse por diversas búsquedas simultáneas. El PHB incorpora, a su vez, la perspectiva de género, la cual constituye una clave fundamental para atender el aumento de niñas y adolescentes desaparecidas 2. Cabe resaltar que la CNB elaboró una versión resumida del PHB, dirigida a los familiares de las víctimas y sus representantes, debido a que el protocolo es un documento extenso de más de 100 hojas el cual ha propiciado confusiones respecto de las reglas y obligaciones de las autoridades. Se espera que esta versión sea una herramienta de apoyo para todas las familias que cotidianamente se enfrentan a lenguajes inentendibles, normas poco aplicadas y autoridades omisas e indiferentes que no saben ni pueden atender los requerimientos de búsqueda.

3. Elaborar análisis de contexto

La prevención del delito demanda el diseño de estrategias basadas en el análisis de contextos que sirvan de marco para comprender cómo suceden los casos de desaparición. Estos análisis tienen el propósito de aportar información respecto de patrones específicos de violaciones a los derechos humanos; razones; lugares de la desaparición; formas de operación de grupos criminales o posibles perpetradores y perfiles de las víctimas susceptibles de relacionarse con otros casos. La ausencia de tal información tiene consecuencias graves porque los criminales quedan impunes y ello representa un incentivo para que el delito siga cometiéndose 3.

4. Reconocer que la búsqueda y la justicia son procesos complementarios

Los procedimientos de búsqueda comprenden acciones aplicables de modo sistemático para obtener información fiable acerca del paradero de una persona ausente, por lo que es obligación del Estado buscar a todas las personas, independientemente de tratarse de una persona no localizada o víctima de algún delito. En la práctica, los diseños de las estrategias y mecanismos de búsqueda han surgido de la contingencia, capacitación y creatividad por parte de los familiares. En algunos casos estos familiares se enfocan en la búsqueda de sus seres queridos dejando de exigir justicia o castigo a los responsables, porque consideran que no existen condiciones debido al exceso de impunidad y corrupción en las instituciones públicas. En contraste, otros colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en dar seguimiento dentro del ámbito judicial, buscando que los delitos sean investigados hasta fincar responsabilidades a quienes cometieron la desaparición. A estas dos visiones se les conocen como: a) enfoque de carácter humanitario y b) de procesos legales o de judicialización.

El primero se fundamenta sobre el derecho humanitario, de modo que las acciones de búsqueda están orientadas a reducir o aliviar el sufrimiento de los familiares. Por esta razón es prioritaria la localización, identificación y restitución de la persona en vida o de su cuerpo. Bajo este enfoque, la investigación judicial es un complemento que debe centrarse en localizar a la persona por encima del castigo a los culpables. La visión de los procesos legales se sustenta en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y las acciones de investigación están dirigidas y organizadas en función de la sanción a los responsables de los crímenes cometidos. No obstante, la judicialización de los casos implica la participación de actores con conocimientos jurídicos especializados, por lo que las familias deben acompañarse de representantes expertos en este tipo de litigios, los cuales pueden demorar largo tiempo hasta obtener una resolución judicial.

A pesar de que tales enfoques han sido vistos como procesos excluyentes, en realidad son complementarios puesto que al encontrar a la persona también se espera obtener información o patrones que permitan identificar a los perpetradores del delito. Por ejemplo, los hallazgos en fosas o sitios de exhumación representan la oportunidad para que un “tesoro”, como las buscadoras llaman a sus seres queridos desaparecidos, sea entregado a su familia. A su vez, el análisis del estado del cuerpo y el sitio donde se encontró son elementos fundamentales que aportan claves para conocer lo sucedido y quién cometió el delito 4.

La búsqueda también debe ser por encontrar mecanismos que hagan más efectivos los trabajos de localización de las personas desaparecidas a partir del diálogo entre instituciones, familiares de las víctimas y la sociedad civil organizada. Por ejemplo, se requiere de espacios institucionalizados que permitan la vigilancia permanente en los avances de la investigación penal y los procesos de localización por parte de las comisiones de búsqueda. Existe la cifra oficial del número de personas localizadas, pero no se cuenta con información pública sobre los resultados de los operativos de búsqueda o de las características de los casos de las personas que han sido encontradas por parte de las autoridades.

Por último, es importante señalar que las acciones de búsqueda también brindan esperanza a las familias e impiden que los casos queden en la impunidad y el olvido. Desde el año 2010, la ONU reconoce el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en diversas regiones del mundo. Cada año en este día, los familiares y solidarios que los acompañan tomarán las calles y redes sociales virtuales para recordar que no hay paz posible para ningún corazón si aún están ausentes 90 673 personas en México.

* Jaqueline Garza Placencia (@garzapj) es profesora-investigadora en El Colegio de Jalisco e Investigadora Asociada al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD).

 

 

 

 

1 Garza, Jaqueline y Arturo Durán. La búsqueda de personas desaparecidas en tiempos de pandemia. Cuadernillo No. 7, Colección, Jalisco ante el Covid – 19: problemas, retos y propuestas. El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 2020.

2 Ibíd.

3 Garza, Jaqueline e Isabel Torres, La desaparición de personas en Jalisco. Colección Grandes problemas de Jalisco. El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 2020.

4 Garza, Jaqueline y Arturo Durán. Ibíd.

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