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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Desorden, inseguridad y poder policial
En buena medida, nuestra atribulada transición democrática contribuyó a mejorar la calidad de vida y el ejercicio de las libertades, pero los habitantes de la mayoría de nuestras regiones siguen soportando, en el mejor de los casos, tanta violencia como la mayor parte de la población en distintas partes del mundo.
Por Insyde
6 de octubre, 2014
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Por: María Eugenia Suárez de Garay

En México, durante mucho tiempo la cuestión social del orden público, cronológicamente anterior al tema de la seguridad pública, supuso un concepto decimonónico y positivista cuyo objetivo era evitar el desorden y la ruptura del orden político establecido. El orden público se resumía en una ecuación muy simple: “contrastar la conducta de los ciudadanos con la normativa y las costumbres pactadas por la sociedad y protegidas por el Estado. Los contraventores, enemigos del bienestar público, deben ser separados del colectivo y deben ser castigados” (Amadeus Recassens, “Violencia policial y seguridad ciudadana”, Imágenes del control penal, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, 1994).

¿Por qué se vuelve relevante esta definición de orden público en los tiempos lúgubres que vivimos? Porque nos da pistas para comprender las complejas relaciones entre gobierno y sociedad en nuestro contexto, y particularmente el carácter de dichas relaciones, teñidas por el ejercicio de un poder ilegal y arbitrario. Desde esta perspectiva, el mantenimiento del orden se convirtió a lo largo de los años en el principal papel de todo el aparato de control social formal, privilegiando así un modelo de orden público por sobre un modelo profesional.

Compartiendo con el poder político una marcada preocupación por el “delito político” −entendido como cualquier forma de disidencia al régimen político autoritario dominante− las instituciones policiales y de seguridad hicieron de la “persecución del delincuente” el objetivo fundamental de la acción policial. Ciertamente en buena medida, nuestra atribulada transición democrática contribuyó a mejorar la calidad de vida y el ejercicio de las libertades, pero los habitantes de la mayoría de nuestras regiones siguen soportando, en el mejor de los casos, tanta violencia como la mayor parte de la población en distintas partes del mundo.

Sin embargo, desde las consecuencias de la naturalización de ese discurso hegemónico se sigue produciendo la representación de los que son colocados en la categoría de “ilegales”, “delincuentes”, “sospechosos”, “dudosos” y potentes clientes de la policía. Ya sea que se trate de aquellos a quienes se les han violado sus derechos humanos por protestar −como es el caso del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales en razón de las protestas contra la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012, o el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’ muertos y desaparecidos tras el ataque perpetrado por policías municipales registrado el pasado viernes 26 a septiembre− hasta aquellos que, como diría Bauman, han “quedado en la cuneta, los expulsados de la vida social y económica” (La posmodernidad y sus desencantos, Akal, Madrid, 2001:50), entre los que se cuentan los casi 54 millones de pobres que habitan nuestro país.

Digámoslo con todas sus letras, no es tanto “la desviación” que se les atribuye a estos actores sociales lo que parece estar en juego, si no las desigualdades sociales más amplias de poder y autoridad que se expresan en el espacio público y que los hace sujetos de la acción policial. De ahí que en el plano de la práctica se conviertan en las víctimas predilectas de la violencia, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos; y por otro lado, pese a algunos avances que se registran en los procesos de profesionalización de las instituciones de seguridad, muchas de las prácticas arbitrarias que han caracterizado al poder de policía siguen sucediendo, lo que permite constatar así la vigencia de culturas policiales que tienen como uno de sus ejes centrales de funcionamiento el uso indiscriminado de la violencia.

Aun cuando en México han crecido los esfuerzos de la sociedad civil para sujetar a controles democráticos a las instituciones de seguridad, todavía existe una gran resistencia de parte de autoridades y de los cuerpos policiales a todo escrutinio serio respecto a sus actividades. Quizá una de las razones que expliquen el hecho de que estos esfuerzos de la sociedad civil no hayan crecido en intensidad o en influencia como deberían, se deba a dos causas fundamentales: por un lado, la policía en México sigue constituyendo uno de esos peligros que se teme; y por otro lado, la indiferencia o poca atención de la “opinión pública” frente a estos esfuerzos significativos y de participación ciudadana.

La hegemonía del discurso que ha instalado la inseguridad producida por la criminalidad común y organizada como centro de la vida cotidiana aplasta hoy cualquier argumentación que proponga defender los derechos de los ciudadanos a caminar sin ser detenidos por la policía o a no ser golpeados o asesinados si se es sospechoso de haber cometido un robo. Ello ha favorecido esa conocida y preocupante tendencia a la justificación de la “mano dura”, la aprobación de una vigilancia policial desmedida y la reducción drástica de los derechos ciudadanos en nombre de la aclamada seguridad. Los incrementos reales de algunas formas del delito, las actitudes públicas hacia el delito, alentadas por el impacto de las imágenes y episodios violentos que llegan al conocimiento de muchos ciudadanos y los medios de comunicación, conocedores de la atracción que ejerce la violencia al regirse por la máxima periodística “el crimen, vende”, contribuyen significativamente a la cada vez mayor aprobación de ese sentido de justicia al estilo Rambo que sólo puede alcanzarse esquivando los procesos legales y suprimiendo delicadezas tales como la presunción de inocencia, donde sin duda la brutalidad policial o la tortura se convierten en un atajo.

De ahí que la opinión pública cada día parezca menos sensible a la ocurrencia y exhibición de casos de brutalidad policial, salvo casos excesivamente aparatosos, que apagados los reflectores terminan por olvidarse. Antes bien, este tipo de actuación dura de la policía es demandada, en nombre de la seguridad pública, en nombre del conjuro de la inseguridad. Es común que ello se exprese como “saturar de policías las calles” o “policiamiento ostensible”, que no implica otra cosa que desear ciudades ocupadas por fuerzas de seguridad deteniendo a propios y extraños en forma continua e ininterrumpida. Así pues, al surtir efecto el miedo derivativo ese fotograma fijo de la mente que Bauman describe como el sentimiento de ser susceptibles al peligro−, la sensación de inseguridad y vulnerabilidad permanente se convierte en la única certeza del mundo inseguro que habitamos (Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, Paidós, México, 2007).

Por ello se pide a gritos “más policía”, aunque abiertamente se asuma que “ni se le reconoce autoridad, ni se sienten más protegidos por ella”. Pero esto plantea una compleja disyuntiva tanto para los actores políticos y la sociedad civil como para una institución de policía democrática en aras de enfrentar el delito de modo efectivo. Si lo miedos paralizan y la percepción de la violencia y la inseguridad alimentada por los medios de comunicación –principalmente, pero no solamente− abren profundamente la grieta de confianza, credibilidad y legitimidad que debe prevalecer y que hoy no existe entre la ciudadanía y la policía, ¿cómo entonces delinear un cambio positivo en nuestros entornos donde el impacto de la inseguridad, la criminalidad y las violencias no es el más favorable para el impulso de políticas que busquen renovar la convivencia democrática?

 

* María Eugenia Suárez de Garay es Directora de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de Insyde.

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