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Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Detención sin derechos: el acceso a la salud en estaciones migratorias
Solo en lo que va del año, se han dado a conocer cuatro casos de fallecimientos de personas migrantes en custodia del INM que podrían estar vinculados a negligencia y falta de asistencia médica oportuna por parte de las autoridades.
Por Araceli Avila
7 de octubre, 2019
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Olga1, mujer salvadoreña de 36 años, era violentada física y psicológicamente por su exesposo. Cuando el juez revisó su caso, le recomendó que abandonara su hogar y se mudara a un lugar en que pudiera estar a salvo; así, ante la falta de apoyo del gobierno, ella y su hija Magda, de 6 años, salieron del país rumbo a Estados Unidos. Fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en México el 16 de octubre del 2016. Ya en detención migratoria, su pequeña hija enfermó de diarrea, fiebre y gripe, pero las agentes le dijeron que no les importaba e inclusive le negaron papel higiénico extra. Ante la falta de atención médica, la enfermedad de las vías respiratorias de Magda empeoró y un día, mientras esperaban a que les dieran la cena, la niña se desmayó. Aun así, le negaron la atención médica.

Después de que las otras mujeres detenidas exigieran la atención, su hija fue llevada con la doctora de la estación migratoria. Una vez ahí, la doctora hizo una revisión y sin preguntar si la niña sufría alergias ni dar explicaciones del tratamiento a seguir, intentó inyectarla. Olga lo impidió pues su hija es alérgica a la penicilina y exigió que fuera trasladada a un hospital. Los agentes se negaron diciendo que no podían sacarlas de la estación, así que Olga pidió saber qué pasaba con su hija, la respuesta de la doctora fueron un montón de términos médicos y al final, casi a modo de burla, una pregunta: ¿entendiste? Llena de frustración y enojo, Olga preguntó si acaso no tenían empatía, la doctora cortantemente respondió: desgraciadamente. Ese mismo día, ella y su hija fueron puestas en aislamiento en un cuarto que describieron como sucio, frío y poco ventilado. En total, estas mujeres salvadoreñas de 36 y 6 años de edad pasaron 26 días en la estación migratoria operada por el INM conocida como “Las Agujas”, ubicada en Iztapalapa, CDMX.2

Mujer bañando a su hija, Tenosique, Tabasco, 2018. Foto: Joaquín Urrutia Partida.

La Ley de Migración establece en su capítulo VI artículo 109 los derechos de las personas detenidas en las estaciones migratorias. Entre ellos está “recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario” (LM, Artículo 109, Inciso VIII). Sin embargo, básicamente ninguno de los derechos enunciados en la Ley es garantizado. El caso de Olga y su hija es sólo un ejemplo de una de las muchas prácticas institucionalizadas violatorias de derechos que el INM comete contra las personas en detención migratoria.

Solo en lo que va del año, se han dado a conocer cuatro casos de fallecimientos de personas migrantes en custodia del INM que podrían estar vinculados a negligencia y falta de asistencia médica oportuna por parte de las autoridades. El 16 de mayo, el INM reportó la muerte de una niña guatemalteca de 10 años de edad en la estación migratoria de Iztapalapa, aunque en la tarjeta informativa inicial menciona que la pequeña mostraba molestias en la garganta, dos días después, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que había fallecido al caerse de la litera en que dormía con su madre. El 11 de junio, un hombre de 33 años de edad, originario de Guatemala, sufrió un infarto en la camioneta del INM después de su detención en Chiapas y llegó muerto al centro de salud de Viva México. Un mes después, un hombre salvadoreño de 40 años falleció en las instalaciones del INM en Monterrey; según un testigo, la salud del migrante había empeorado notablemente en los últimos cinco días antes de su muerte. El último caso reportado es el de un migrante originario de Haití, quien falleció tras pasar 15 días enfermo y en aislamiento en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Según los testimonios de los migrantes alojados y el comunicado del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, algunas personas escucharon durante toda la noche del 5 y hasta la madrugada del 6 de agosto los gritos y llantos del migrante. Sin embargo, los guardias lo mantuvieron bajo candado sin ningún tipo de asistencia.

La muerte es la consecuencia más contundente de la falta de atención médica para las personas en detención migratoria, pero estas no son producto de circunstancias extraordinarias. En 2017, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), presentó En el umbral del dolor, un informe exhaustivo sobre la atención médica y psicológica dentro de las estaciones migratorias. En él señala que, para todas las estaciones migratorias del país, el INM sólo cuenta con 31 médicos y 5 psicólogos, pero estos se encuentran adscritos solo al 40 por ciento de sus centros de detención, el otro 60 por ciento de las estaciones migratorias no cuenta con médicos. Por otra parte, sólo dos estaciones migratorias, la de Tapachula y la de la Ciudad de México, cuentan con psicólogos adscritos a la plantilla del INM. Las estaciones que no cuentan con médicos ni psicólogos de planta deben generar acuerdos con el sector salud estatal para atender a las y los migrantes. Sin embargo, estos acuerdos incluyen una cláusula la cual señala que, en caso de fuerza mayor, ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento del acuerdo, sin aclarar cuáles podrían ser tales casos (Insyde, 2017, p.25). Adicionalmente, el INM dijo no contar con protocolos o manuales para atender las emergencias médicas dentro de las estaciones. Es decir, si no hay personal médico disponible, son las y los agentes (o en su caso el personal de custodia) quienes deciden discrecionalmente cuándo una persona debe ser llevada a urgencias a un hospital.

A través del Observatorio de Migración, en el periodo 2013-2017, Insyde realizó 299 entrevistas, a personas en detención migratoria que requirieron atención médica. Del total, 194 reportaron que el médico no se encontraba en la estación migratoria y 133 dijeron que no se les proporcionó medicamento porque no había. Si lo leemos de otro modo: dos de cada tres personas que lo requirieron, no contaron con atención médica oportuna. Además de la deficiente atención, se debe considerar el estado de sobrepoblación y, en algunos casos, de hacinamiento de los centros de detención, la falta de enseres de aseo personal disponibles para la población detenida (desde papel higiénico y jabón hasta toallas sanitarias o pañales) y las condiciones de poca higiene. En la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, por ejemplo, el equipo de Insyde pudo corroborar las condiciones de las instalaciones en que permanecen las personas detenidas: las celdas tienen olor a humedad y los sanitarios permanecen sucios, con sarro en todas las paredes y llenos de desechos humanos.

Los hechos presentados en este artículo demuestran que las violaciones a los derechos de las personas en detención migratoria no son hechos aislados. Se trata de prácticas institucionalizadas, es decir, prácticas que si bien no necesariamente son fomentadas por quienes lideran las instituciones, tampoco son sancionadas, por lo que hay un común entendimiento de que así es como ha operado la institución y que es así como puede seguir operando.

En consecuencia, aunque las y los funcionarios y personal adscrito al INM reciban la capacitación mínima en materia de derechos humanos, éstas no son suficientes ya que existen otras condiciones por las que no habría un cambio real, entre otras: falta de incentivos para impulsar buenas prácticas de atención a las personas migrantes; hacer respetar los derechos laborales de quienes laboran en la institución; generar protocolos claros para la ruta a seguir en caso de presentarse una necesidad de atención médica; evitar las dobles jornadas laborales de agentes que realizan las detenciones migratorias y quienes hacen labores de custodia dentro de estos centros; contar con el personal médico y psicológico mínimo para atender las 24 horas cada centro de detención según la capacidad de cada uno; tener procedimientos seguros para que las víctimas de agresiones o violaciones a derechos puedan iniciar una denuncia y, finalmente, contar con sistemas de sanciones administrativas, y en su caso, vincular a proceso penal a las y los agentes que violen los derechos de las personas detenidas.

Esto quiere decir que combatir dichas prácticas requiere un proceso de reestructuración institucional desde la perspectiva de derechos humanos, además de contar con un presupuesto asignado para poder impulsar las remodelación de los espacios y la modernización de los procesos y procedimientos, así como realizar la contratación de personal necesario para cubrir la atención médica en sus centros de detención, o en su caso, garantizar que personal médico adscrito al sector salud estatal se encuentren dentro de las estación migratoria las 24 horas para atender a la población detenida.

En un México peligroso, los migrantes buscan la esperanza de una vida, Tenosique, Tabasco, 2018. Foto: Joaquín Urrutia Partida.

En el discurso oficial se repite que existe intención de respetar los derechos de la población migrante, por lo que es momento de impulsar acciones concretas que permitan un cambio institucional profundo que garantice que el INM cumplirá con su mandato con irrestricto apego de la ley. A la par deben existir metas e indicadores claros de mejora institucional, así como sistemas de monitoreo y evaluación internos y externos que permitan dar cuenta de que los cambios ocurren. Por ejemplo, con la ampliación de permisos de ingreso a las organizaciones de sociedad civil a las estaciones migratorias para recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre el trato que reciben las personas detenidas y las condiciones de las instalaciones. Los cambios no pueden esperar más y demandan, como se ha dicho aquí, que se priorice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas un proceso efectivo de vigilancia y evaluación ciudadana necesario para prevenir y corregir los abusos de poder.

* Araceli Avila (@RegaeneLycaniX) es investigadora en migración y derechos humanos en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (@InsydeMx) y gestora de proyecto de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal (Red SJP).

 

1 Por seguridad, los nombres empleados (Olga y Magda) son ficticios.

2 El testimonio de Olga y Magda ha sido recabado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (@InsydeMx), como parte de su Observatorio de Migración, una plataforma de acceso público que documenta violaciones a derechos y agresiones cometidas contra personas migrantes indocumentadas en México.

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