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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Economía, justicia o seguridad: ¿qué faltó en México?
¿Acaso se creyó de manera ingenua que al centrar la discusión del proyecto nacional en una segunda generación de reformas económicas de gran calado, tendría como consecuencia inmediata la generación de un clima propicio para la inversión y los negocios, y se pensó que nuestros problemas de corrupción, crimen a todos sus niveles, violencia y poca efectividad del estado de derecho, se atomizarían e incluso se volverían ínfimos, ante esta avalancha de expectativas positivas del futuro económico del país?
Por Insyde
26 de enero, 2015
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Por: Rubén Guzmán Sánchez (@GuzmanRun)

¿Qué debe ser primero: el crecimiento-desarrollo económico o la justicia-seguridad-estado de derecho? Es una pregunta que en distintos matices y alcances se ha debatido en los grandes ensayos nacionales: cómo gestionar el desarrollo en una trayectoria sucesiva y “ordenada”. A partir de esta interpretación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en varios países en desarrollo (aspirantes a la “modernización” e integración en la cultura occidental y sus valores) grupos o élites gobernantes proyectaron sendas líneas modernizadoras que dibujaban ciclos de industrialización y un nivel de apertura económica en primera instancia y, sólo posteriormente, un fortalecimiento de ciertas condiciones democráticas.

Es interesante que tales grupos en el poder siempre se preocuparon por asegurar el “orden” desde una perspectiva de seguridad del régimen y su proyecto. En tal sentido, la justicia y la seguridad estuvieron en función de dar garantía a esos procesos de “modernización” económica, que en muchos casos fueron protagonizados por los propios amigos de los personajes del poder, dando lugar a lo que muchos han llamado “capitalismo de cuates” (crony capitalism) y en términos más objetivos: economías monopolizadas y mercados poco democráticos y transparentes. En cierta medida, esto fue lo que sucedió en México a partir de la convergencia histórica entre dos grandes puntos de inflexión (oportunidades) que se tuvieron entre las décadas de los ochenta y noventa: una apertura democrática limitada (trunca para muchos) y la integración abrupta de México en las corrientes globales de la economía internacional.

Al mismo tiempo que el “viejo régimen” se desgastó (pues no pudo prolongar la trayectoria de éxito económico y bienestar que se tuvo hasta finales de los años 60) nuevos planteamientos sobre racionalidad y eficacia económica surgieron en el mundo, lo que se catalizó en México con la llegada de un “grupo joven” a los espacios de toma de decisiones en el propio régimen en desgaste. Sin embargo, este grupo supuestamente “reformista” optó por proponer grandes decisiones estructurales que vendrían a detonar la integración de México en los mecanismos de comercio y economía mundial (GATT-OMC, FMI, OCDE, etc.), así como en los flujos de integración económica regional de la época (el TLCAN fue la mayor apuesta); pero al mismo tiempo dejó intacta o aplazó para “el futuro” una real propuesta para reformar el Estado: los mandatos, alcances y rendición de cuentas de los niveles de gobierno, la práctica institucional –donde se asimiló la corrupción-, la justicia, la seguridad, las libertades democráticas, es decir, el estado de derecho en los términos más amplios.

Pese a lo anterior, esas reformas fueron implementadas y sus resultados han sido motivo de sendos debates desde los sectores empresarial, académico, gubernamental, de activismo social, etc. Se dice que el país logró garantizar “esa plena inserción” en la economía mundial y se ha vuelto una potencia exportadora, dentro de las 15 primeras economías en el mundo. Lo cierto es que a 20 años de esas medidas, después de un balance en el que finalmente se reconoció que el país no está mejor en términos de distribución de la riqueza; crecimiento económico promedio (mediocre para nuestro potencial); oportunidades para muchos actores económicos (pequeños y medianos) de participar en condiciones equitativas en el mercado; distribución racional de los competidores (alta concentración monopólica); costo (alto) de servicios básicos para la competitividad y conectividad mundial en relación al tamaño de nuestra economía; calidad de los empleos creados; niveles de transparencia (inexistentes) en sectores claves de la economía y de la inversión en desarrollo (como PEMEX y CFE); calidad (ínfima) de educación (secuestrada por intereses gremiales y políticos), y condiciones de seguridad (ciclos agudos de crimen y violencia), se reconoce que algo hizo falta.

¿Qué fue eso que faltó? ¿Qué es lo que no complementó o incluso lo que truncó la apuesta positiva en esos cambios estructurales? Tal pregunta es la que suponemos se hizo la más reciente clase política en el país a partir de lo que consensuaron en una hoja de ruta conocida como “Pacto por México”, una serie de reformas de “segunda generación” identificadas como medidas de “hilo negro” para revertir el estancamiento y desempeño raquítico de la economía nacional. Los proyectos quedaron aprobados en discusiones récord en el Poder Legislativo: primero la reforma laboral, luego la educativa, la de telecomunicaciones, la hacendaria, la financiera y finalmente la reforma energética. Sin embargo una vez más, el debate sobre la reforma del Estado, imaginada en medidas profundas para combatir la corrupción, fortalecer las instituciones federales y locales (y dentro de éstas primordialmente las de justicia y seguridad), consolidar reales esquemas de contrapesos, transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno (con mecanismos ciudadanos-neutrales fuertes y empoderados), todo ello se ignoró en tal hoja de ruta que supuestamente contenía el mejor esbozo del país imaginado.

¿Acaso se creyó de manera ingenua que automáticamente, como ley de causa-efecto, el centrar la discusión del proyecto nacional sólo en una segunda generación de reformas económicas de gran calado, tendría como consecuencia inmediata la generación de un clima propicio, no únicamente desde fuera donde el país se percibiría como nuevo espacio global para la inversión y los negocios, sino que se pensó que nuestros problemas de corrupción, crimen a todos sus niveles, violencia y poca efectividad del estado de derecho, se atomizarían e incluso se volverían ínfimos, ante esta avalancha de expectativas positivas del futuro económico del país? ¿Acaso no hubo la suficiente visión de Estado, convicción colectiva (por encima de intereses de grupo), calidad de liderazgos respecto de los tiempos y se actuó, una vez más, con un atisbo patrimonialista de conservación de privilegios de poder, mientras se abrieron algunos causes de democratización económica? ¿Se retornó a las miradas de algunos regímenes de los años setenta y ochenta en el mundo (bajo una justificación aparentemente teórica) del desarrollo como una sucesión de etapas (y que necesita de una élite poderosa para conducirlo) de tal manera que se identificó el momento para una ampliación de los cambios económicos, pero no para una profundización o real ejercicio de responsabilidades democráticas desde las instituciones, como desde la ciudadanía?

Después de varios acontecimientos que nos han desdibujado el castillo de Babel: Tlatlaya; Ayotzinapa (pacto entre crimen organizado y élites políticas locales); casos de corrupción en el más alto nivel del poder Ejecutivo federal, como en los gobiernos estatales y municipales; el resurgimiento de la conflictividad en Michoacán y Guerrero que vislumbran cierto fracaso en su pacificación; la estrepitosa caída en los precios del petróleo y, recientemente, la develación de un caso (que puede ser emblemático) de gran corrupción en Pemex, ya se habla en el mundo de un “Momento mexicano” difuminado, efímero y ahora perdido en la liquidez de nuestros tiempos.

“No se da cuenta que no se ha dado cuenta” planteó un análisis reciente de The Economist (El pantano mexicano, 23-enero-2015) respecto de la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto ante dichos acontecimientos. No obstante, varios grupos de la comunidad internacional y nacional ya se han dado cuenta. Por ejemplo, el Banco Mundial ha advertido que si el crimen y la violencia aumentan en México (y América Latina) se tornará menos fácil de conducir y se convertirá en un lastre para la inversión y el crecimiento económico a mediano y largo plazos. Así según este organismo, el crecimiento en 2015 será de 3.3%, menor al previsto por el gobierno (3.7%), mientras que el Fondo Monetario Internacional lo proyecta en un 3.2%.

A su vez, el Grupo de Economistas Asociados (GEA) ha planteado que la violencia vivida en el país en los últimos años ha tenido un impacto negativo en la actividad económica de 0.5% y su costo suma 910,000 millones de pesos, lo que representa 6% del Producto Interno Bruto (El Economista, 12- Dic-2014). Por ejemplo si en el año 2013 hubo 7 millones de personas víctimas de la delincuencia, según este centro, eso representó una pérdida para el gobierno de 15,000 pesos por caso, además de las pérdidas individuales, de inversión (que se calculan en 193,000 millones de pesos) y de plazas laborales (490,000 millones de pesos), por mencionar algunas. La violencia y el descontrol político aumentan la percepción de riesgo, desaceleran la inversión nacional y extranjera y dan lugar a un mercado doméstico y un sector exportador con somnolencia.

Así que podemos retomar nuestra pregunta inicial. ¿Qué debe ser primero: el crecimiento-desarrollo económico o la justicia-seguridad-estado de derecho? A partir de los argumentos anteriores, una respuesta podría partir de que en el empuje hacia el desarrollo, algo primordial es asegurar un Estado con instituciones fuertes, que gestionen y estimulen condiciones propicias de crecimiento económico, desde una perspectiva justa, democrática, transparente y en condiciones de seguridad. Eso parece ser ya un consenso global, en la nueva agenda post 2015 del desarrollo mundial en las Naciones Unidas, se ha considerado que el Desarrollo no se puede procurar, alentar ni sostener si no se asegura o garantiza el acceso equitativo a las leyes, derechos y medidas institucionales que garanticen la justicia a los ciudadanos en sus dimensiones económica, política y social. De esta manera un nuevo objetivo global de desarrollo propone: “promover sociedades que den acceso a la justicia a todos sus ciudadanos y que cuenten con instituciones efectivas y con rendición de cuentas”.

¿Puede haber desarrollo sin justicia y seguridad? Seguramente habrá quienes piensen que sí, y que la justicia es algo que puede posponerse, porque para que haya desarrollo primero hay que impulsar el crecimiento económico. Pero en el México de hoy una condición –imprescindible ya- para que se dé el crecimiento de manera sostenible, es un ambiente de justicia, con derechos y libertades individuales, es difícil que haya inversión económica si no hay procesos justos de competencia y adjudicación en el mercado; como también es difícil que haya buenos niveles educativos y formación de capital humano, en un entorno de inseguridad y de violencia.

2015 es un año emblemático para la evaluación del desarrollo internacional (el plazo para el cumplimiento o no de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y en vísperas de que en México empiecen a ejercerse como política pública la nueva generación de reformas, no sabemos qué rumbo tomará el país, lo cierto es que hasta el momento ha faltado altura –acorde a las circunstancias- en nuestros liderazgos gubernamentales, políticos e incluso del resto de la sociedad, sobre la calidad de país que queremos, no en 5 o 10 años, sino en el futuro. En esta aparente encrucijada es tiempo de catalizar aprendizajes del pasado, tomar conciencia colectiva y darle dirección a la brújula: a partir de ahora Desarrollo, Justicia y Seguridad deberían estar en la misma altitud y latitud.

 

* Rubén Guzmán Sánchez es internacionalista e investigador en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde A. C. [email protected]

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