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El acoso sexual en las filas de las instituciones policiales
En México 1.4 millones de mujeres sufren acoso sexual en su trabajo, aunque el 99.7% de estos delitos no se denuncia por desconocimiento de los protocolos (cuando existen), los lentos procesos, la ineficacia de los mecanismos de denuncia y el miedo a las represalias.
Por Insyde
2 de febrero, 2015
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Por: Laura Muñoz Ramírez

El acoso sexual vulnera los derechos personales de las mujeres, representa un mecanismo de control en el que las mujeres son cosificadas, se centra como un ejercicio de poder que atenta contra su dignidad, vulnerándolas psicológicamente y produciendo una espiral de violencia.

El acoso sexual es una constante, se presenta en todos los escenarios de interacción social, con mayor frecuencia en espacios laborales, principalmente en aquellos donde privan estructuras jerárquicas y personal masculino. Siendo la Policía uno de ellos, se justifican estas prácticas como conductas “normales” de la cultura policial; sin embargo, representan para las mujeres una más de las dificultades en su acceso y proceso de apropiación de éste espacio.

Dentro de las corporaciones policiales se identifican principalmente dos tipos de acoso: el acoso vertical que ocurre entre personas de igual jerarquía, y el acoso horizontal, cuando ocurre de un mando a un subordinado. Un estudio realizado en 2010 por el Grupo de Investigación sobre Mujeres Policías (GIMP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), arrojó que las mujeres con responsabilidades operativas son quienes se encuentran en mayor riesgo, ya que son quienes reportan mayores experiencias, como más comunes “los primeros tipos de acoso”, chistes y piropos de contenido sexual y miradas lascivas.

En el acoso horizontal (mando a subordinadas) es más frecuente el chantaje, las presiones físicas y psíquicas, las insinuaciones, incluso el intento de violación; cabe mencionar que las prácticas de acoso sexual se legitiman socialmente, es decir, se llegan a “normalizar” en medida de acercamiento físico, aunque no se pueden tipificar como graves o menos graves, ya que cualquier tipo de ellas ponen en riesgo a la víctima de manera agravada. Las respuestas de las mujeres con responsabilidades operativas en las corporaciones policiales frente a sus agresores son más pasivas y tardías o se llegan a dar hasta que existe algún contacto físico, mientras que las mujeres en puestos de mando tienden a actuar desde los primeros indicios.

En México se tiene la cifra de 1.4 millones de mujeres que sufren acoso sexual en su ámbito laboral; sin embargo se debe enfatizar que el 99.7% de estos delitos no se denuncia, por lo que no se tienen cifras o datos contundentes. Más aún, no hay especificidad de ámbitos laborales y por lo tanto no se conoce el número de denuncias, sanciones o el seguimiento de casos reportados al interior de las instituciones de seguridad, identificando una clara falta de análisis del propio sistema que debiera combatir este tipo de delitos.

Se identifican como causas de la baja denuncia en las instituciones de seguridad el desconocimiento de los protocolos (cuando existen), los lentos procesos y los mecanismos de denuncia nulos o ineficaces, además de un síntoma común en las mujeres que sufren este tipo de abuso, que es el miedo a las represalias.

Las mujeres que denuncian viven revictimización y posterior a la denuncia se enfrentan a constantes situaciones de “castigo” como la reducción de salarios, insultos, acuartelamientos injustificados, menosprecio, cambios de horarios, transferencias sin previo aviso, mismas que afectan directamente su situación laboral y personal, evidenciando que la violencia contra las mujeres no es un tema estudiado y tratado dentro de las instituciones de policía como un problema prioritario de discriminación y violencia.

Desde el 30 de marzo del 2012 se publicó en el Diario oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública, mencionándose además como un tema prioritario para el gobierno del Distrito Federal; sin embargo, tan solo en julio del año pasado frente a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer se presentó una denuncia pública sobre actos de acoso sexual, hostigamiento laboral y discriminación a mujeres dentro de la Policía Federal. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el retumbo no ha logrado mover a la grandes esferas (al menos en acciones) ya que sólo hubo algunas peticiones de que se legisle la situación y por supuesto la lamentación de los legisladores de la existencia de estos delitos en dependencias públicas, pese a que en el mismo evento se mencionó que “sendos casos se estaban atendiendo”.

La urgencia de políticas laborales dentro de las instituciones policiales que exhorten a prever y cesar las prácticas discriminatorias como el acoso sexual deben conllevar todo un trabajo de investigación que contemple diagnóstico, análisis, seguimiento, estadísticas con cifras confiables, que permitan la creación de protocolos eficaces para el embate interno. Es necesario además una constante difusión y sensibilización sobre el tema a todo el personal, dotar a las mujeres de capacitación que ayuden a identificar el acoso sexual y herramientas de acción para la ejecución de dichos protocolos, así como la evaluación de la efectividad y la rendición de cuentas, pero principalmente algo que ha faltado a la institución policial: el compromiso y responsabilidad total para erradicar la violencia de género en sus propias filas sin prerrogativa.

Mientras esto sucede, es necesario retomar una de las recientes consignas feministas y procurar que se entienda desde dos ámbitos: por los hombres como una resignificación de su propia masculinidad y la negación hacía la “normalidad” de un carácter erótico y de atracción sexual en sus acciones, y por las mujeres, como un ejercicio de apropiación de su ser y empoderamiento. NO es NO.

 

* Laura Muñoz Ramírez es investigadora de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de Insyde.

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