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Por Insyde
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El derecho a saber de las personas privadas de la libertad
El desconocimiento de las personas privadas de la libertad y de sus familias de sus derechos básicos y de los medios a su alcance para exigirlos contribuye a que se toleren prácticas como el cobro de piso o la prevalencia de personas al interior sin una sentencia condenatoria.
Por Insyde
26 de agosto, 2019
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Por: Paola Lilí García Alanís (@Paola_lili)

En México, particularmente en las regiones con mayores condiciones de marginación, los centros penitenciarios son espacios en donde se ejercen múltiples violaciones a derechos humanos, que debido al contexto y a los vacíos legales, se invisibilizan e incluso se llegan a legitimar. En los últimos años, algunas organizaciones de la Sociedad Civil como Documenta A.C. y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han denunciado los abusos que se cometen en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y han pugnado por mejores condiciones de vida para las y los internos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe anual de 2018 identificó que las principales problemáticas que afectan al sistema penitenciario a nivel nacional son: a) la falta de separación entre procesados y sentenciados, b) las deficientes condiciones materiales y de higiene, c) la deficiente atención a los derechos a la protección de la salud y a la alimentación, d) la presencia de condiciones de autogobierno al interior de los establecimientos penitenciarios, y e) el hacinamiento y la sobrepoblación (CNDH, 2018).

Una de las omisiones más recurrentes hacia las personas privadas de la libertad, es el derecho de acceso a información sobre sus procesos penales. De acuerdo con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es común que las personas en prisión tengan desconocimiento de temas tan esenciales como la situación jurídica por la que atraviesan, el acceso a sus propios expedientes, notificaciones para procesos y trámites que les competen e incluso los mecanismos para ejercer sus derechos cotidianos (como el contacto con familiares, la comunicación vía telefónica y por correspondencia). Estas omisiones les posicionan en una condición de mayor indefensión ante abusos por parte de las autoridades y de otros grupos al interior de las prisiones.

El derecho de acceso a la información ha sido considerado como un derecho humano y regulado tanto en tratados internacionales, como a nivel nacional. En el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III se establece que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos” (DOF, 2019). Por otra parte, en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fracción V, se establece que toda persona privada de la libertad en un centro penitenciario deberá ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación, esto incluye que a las personas con alguna discapacidad o que necesiten algún traductor o intérprete se le brinden los medios necesarios para su comprensión (DOF, 2016).

En la práctica, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país es de 8,412, de las cuales 7,728 pertenecen al fuero común y 684 al fuero federal y, en cuanto al género, 286 son mujeres y 8,126 hombre (CNDH, 2018). Una de las constantes en los centros penitenciarios es la falta de información sobre los derechos que les asisten, que se relaciona directamente con la falta de intérpretes, traductores y defensores que hablen su lengua.

Sin embargo, esta situación no se limita a este grupo poblacional; una constante en los centros penitenciarios es que las personas que han sido sentenciadas no tengan conocimiento de las razones que las llevaron a prisión o del seguimiento de sus casos. Fue el caso de una mujer detenida en un operativo en Tapachula que compartió su testimonio y que decidió mantener el anonimato:

Yo pregunté que cuál era el delito por el que se me había sentenciado y el juez me dijo que no tenía ningún delito en mi expediente, que me habían sentenciado por lo que habían puesto de Fiscalía. Fue cuando yo me metí a huelga de hambre, pasaron los meses y no veía ninguna solución. (Mujer, 37 años).

Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2016) indican que el 43.4 % de las personas privadas de la libertad en México que se encontraban en ese momento en proceso de ser sentenciadas, habían permanecido recluidas en al menos un centro penitenciario durante más de dos años. Esta situación indica que estas personas estaban cumpliendo con una pena, aún sin haber sido declaradas culpables.

Por otra parte, la misma encuesta ha reflejado que los actos de corrupción son algo normalizado al interior de los centros de detención, ya que el 66.4% de las personas entrevistadas manifestó haber pagado por exentar el pase de lista y el 35.1% por tener acceso a agua potable. De este porcentaje el 87.4% del total de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior del centro penitenciario fueron entregados a los custodios.

Existe un vínculo directo entre el derecho de acceso a la información y el ejercicio de otros derechos políticos, económicos y sociales al interior de los centros de detención. El desconocimiento de las personas privadas de la libertad y de sus familias de sus derechos básicos y de los medios a su alcance para exigirlos contribuye a que se toleren prácticas como el cobro de piso o la prevalencia de personas al interior sin una sentencia condenatoria.

Resulta urgente que el Estado mexicano genere mecanismos para que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su derecho de acceso a la información, ya que este será la llave para el ejercicio de otros derechos humanos, como lo es el conocimiento sobre sus procedimientos penales y sentencias, pero también sobre otros derechos básicos como el derecho a la salud, a la higiene, al trabajo, a la educación y a su integridad personal.

* Paola Lilí García Alanís es Directora de Desarrollo Institucional en la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública A.C. e integrante de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal.

 

Referencias bibliográficas

CNDH. (2018). Informe anual de actividades 2018. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

DOF. (2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. México: Diario Oficial de la Federación.

DOF. (2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de la Federación.

ENPOL. (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. México: INEGI.

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