El drama de las desapariciones
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El drama de las desapariciones
Ya sea que los mexicanos asocien las desapariciones como acontecimientos ocurridos hace décadas o en los últimos tres sexenios, los datos muestran un país donde sistemáticamente desaparecen sus ciudadanos.
Por Adriana Rico Villanueva
10 de octubre, 2022
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Cien mil son dos palabras pronunciadas en segundos. Que su significado sea mucho o poco depende del contexto; si se refiere a delitos o personas desaparecidas es un número alarmante, ya que las cifras importan y las personas detrás de ellas aún más.

En mayo de este año en la prensa nacional e internacional pudieron leerse notas sobre cien mil personas desaparecidas en México. En ese momento la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias externaron preocupación ante las violaciones a los derechos humanos, injusticia e impunidad que circundan esta problemática. Este Comité y Grupo de Trabajo señala que 97 % de las desapariciones conocidas ocurrieron a partir de 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En la encuesta Desapariciones Forzadas del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México poco más de un tercio indicó que esta problemática tiene 20 años o más, para 31 % en un asunto que tiene entre 10 y 20 años de antigüedad, 24 % considera que ocurre de cinco a diez años y 8 % cree que tiene menos de cinco años.

Ya sea que los mexicanos asocien las desapariciones como acontecimientos ocurridos en décadas del siglo pasado, tal vez vinculadas a cuestiones políticas o bien establezcan que este fenómeno se concentra en los últimos tres sexenios, los datos muestran un país donde sistemáticamente desaparecen sus ciudadanos.

El periódico El País apunta 17.000 reportes de desaparición durante el gobierno de Felipe Calderón; 35.000 en la gestión de Enrique Peña Nieto, y más de 30.000 con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Quién es más propenso a ser víctima de desaparición? En percepción de la población, 38 % considera que son las mujeres en edad adolescentes-jóvenes; 26 % indica que todos podemos ser víctimas de este delito; 14 % cree que el grupo de hombres jóvenes-adultos; 11 % opina que las mujeres jóvenes-adultas, y 9 % que hombres adolescentes-jóvenes.

La impresión de la ciudadanía es de mayor riesgo para las mujeres, lo cual es entendible por el clima de inseguridad para las mujeres en el país; prueba de ello son las cifras de violencia, alertas de género y feminicidios. Sin embargo, Data Cívica refiere -con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda- que 59 % de los registros de personas desaparecidas son hombres. Adicionalmente, mayor porcentaje de hombres no son localizados y mayor número son localizados sin vida.

Los hallazgos por grupo de edad acentúan la complejidad del fenómeno dado que de los desaparecidos hombres, 25.9 % tienen entre 20 y 29 años y 28.8 % pertenece al grupo de 30 a 44 años; de las mujeres 56.1 % están en un rango de 10 a 19 años. Ante esta última cifra y las modificaciones ocurridas en los últimos años para las mujeres, sus desapariciones, origen y destino es imprescindible analizar este tema con perspectiva de género.

Aunque los motivos de las desapariciones pueden ser distintos para hombres o mujeres, es innegable que ambos son vulnerables, ambos están en riesgo. Y cómo no estarlo cuando se vive en el país con más desapariciones en América Latina y de mayor incidencia en el mundo.

Los niños tampoco están exentos. Amnistía Internacional ha apuntado que diariamente desaparecen siete menores reclutados por grupos de narcotráfico, estos grupos son señalados como los principales responsables de causar una desaparición. Autoridades estatales, federales, la policía, la guardia nacional y ejército también son señalados por la población, de acuerdo con la encuesta del COPUVM, misma que refiere que las motivaciones detrás de las desapariciones son la trata de personas (45 %), 12 % reclutamiento para el crimen organizado, 11 % secuestro y 7 % reclutamiento para actividades relacionadas con la droga (cosecha, venta y distribución), etc.

Al reparar en las causantes de la desaparición y en el instante que comienza la incertidumbre para las familias es inevitable pensar en los momentos opuestos: el reencuentro y en la sanción que recibirá el responsable. A pesar de la cifra de desaparecidos, en el Informe 2021/2022 La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, Amnistía Internacional alertaba la impunidad en el país porque a enero de 2022, solo 35 sentencias condenatorias se habían emitido por el delito de desapariciones forzadas.

Con respecto a este tema Michelle Bachelet, en su momento alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó “el prolongado patrón de impunidad” y exhortó a unir esfuerzos para dar a las víctimas verdad y justicia. No obstante, la confianza en las autoridades es un punto endeble, ya que no solo se desconfía de la efectividad de las autoridades e instituciones para realizar su trabajo en la investigación y sentencia, también existe desconfianza desde que inicia el proceso de denuncia, lo cual dificulta tener datos confiables: los colectivos dudan de las cifras de desaparecidos proporcionados por las autoridades, incluso la misma comisionada de la ONU comentó que el número podría ser mayor debido a que no todos los casos se informan a las autoridades.

En la encuesta del COPUVM 36 % considera que las familias no denuncian una desaparición porque desconfían de las autoridades, 30 % por temor a la delincuencia (a quien adjudican en mayor porcentaje la responsabilidad de las desapariciones), 19 % porque las autoridades no resuelven y 11 % por temor a las autoridades. Ya sea por incredulidad ante la incompetencia o por desconfianza, el desaliento para denunciar está tan asociado a grupos delincuenciales como a las autoridades e instituciones responsables de brindar y garantizar seguridad pública a la población.

Por lo anterior, no sorprende que el desempeño de las autoridades sea ampliamente cuestionado: 86 % estima que estas son ineficientes o muy ineficientes para reaccionar rápidamente ante una denuncia; 76 % tampoco considera que haya castigo para los responsables; 64 % considera que el gobierno lo está haciendo mal o muy mal haciendo leyes que atiendan el tema… En resumen, 8 de cada 10 no considera que se tenga una estrategia para combatir la creciente situación de desapariciones en un país donde 79 % se siente muy o algo vulnerable de ser víctima de este hecho.

* Adriana Rico Villanueva (@CopUVM) socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México.

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