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Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
El rediseño radical de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Es primordial que la persona que dirija la CEAV esté envestida de legitimidad para convocar y alentar la participación de las organizaciones civiles, colectivos de víctimas, expertos y académicos. Especialmente para realizar conjuntamente un diagnóstico integral en el que se identifiquen las ventanas de oportunidad sobre las que se tiene que trabajar para mejorar la operación.
Por Insyde
19 de agosto, 2019
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Por: Antonio Rueda (@AntonioRuedaCa1)

En 2013 México contó con un marco jurídico en la atención a víctimas, hasta ese momento inexistente. Anteriormente, la laguna jurídica generaba inequidad en el trato en los procedimientos penales principalmente, ya que el imputado tiene como una garantía del acceso a un debido proceso el contar con una persona defensora pública en caso de no tener la posibilidad económica de adquirir los servicios particulares de defensa jurídica. No obstante para las víctimas no existía dicha garantía, era invisible en todo el proceso. Además, la reparación del daño resultaba algo sobre lo que los jueces dejaban a salvo derechos para que en otra vía jurídica los hicieran valer las víctimas, complejizando las posibilidades de la reparación.

La Ley General de Víctimas (LGV) es el resultado de diversas reformas constitucionales y es una pieza que embona a la perfección en el engranaje del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). El objetivo es brindar equilibrios procesales y establecer mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas. Modela un sistema de atención a víctimas cuya institución garante es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La encomienda de esta institución implica grandes retos. Para atenderlos se designaron, -con la participación de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas, expertos y académicos-, a siete comisionados con perfiles diversos y expertiz en derechos humanos y penal. La diversidad de los perfiles y visiones respecto a la construcción del modelo de atención a víctimas, ocasionaron desde el principio dificultades en la operación.

En los primeros tres años de vigencia de la LGV, las personas usuarias de los servicios de la CEAV manifestaron diversas inquietudes dado que no había resultados objetivos en la implementación de los dispositivos contemplados en dicho instrumento normativo. Como justificación el entonces comisionado presidente de la CEAV indicó que ello era resultado de la existencia de demasiados candados normativos y lagunas legales, además de que la operación colegiada provocaba que la comunicación entre las áreas internas se diera con dificultades, así como dilación en la toma de decisiones, pues tenían que subirse al Pleno de la CEAV.

En 2016 se realizan diversas reformas a la LGV, entre éstas la de establecer la operación por un comisionado ejecutivo. Después de un proceso en el que participaron las organizaciones civiles, en 2017 se seleccionó por un periodo de cinco años al anterior comisionado presidente de la CEAV, quien propuso incorporar reformas a la LGV que en apariencia propiciarían una mejor operación, mismas que quedaron implementadas en el mismo año de su elección. En el mes de junio del presente año el comisionado ejecutivo de la CEAV renunció al cargo en el marco de diversas inconformidades de las personas usuarias de los servicios, porque se continuaba sin hacer efectivas las disposiciones de la LGV. Es importante indicar que la CEAV en fechas recientes realizó adecuaciones presupuestales ante los requerimientos de austeridad y en consecuencia se redujo en un treinta por ciento el personal. Ante ello, en la carta de renuncia el comisionado acusa que las reducciones presupuestarias no le permitían una operación adecuada.

La gran deuda que tiene la CEAV con las víctimas es que se ha limitado a brindar apoyos y su programa no se sustenta en la construcción de políticas públicas integrales de atención a las víctimas. Hasta 2018 un total de 2570 víctimas recibieron $140,428,870.22 pesos por este concepto. Sin embargo, en el tema de reparación del daño en materia penal realizadas por compensación subsidiaria solo han recibido reparación 477 víctimas, por un monto de $193,610,289.51 pesos. En el tema de compensación por violaciones a los derechos humanos solo 272 personas han sido objeto de reparación por un monto de $225,071,066.50 pesos. Como se puede observar, el número de reparaciones realizadas por la CEAV es mínimo y genera cuellos de botella ante la burocrática forma de atender los casos.

En la actualidad el Comité Interdisciplinario evaluador tiene más de 1,500 casos pendientes de resolver y el tiempo de espera en ese espacio resulta interminable, pues sobrepasa en la mayoría de los casos de los tres años.1 Por lo que se sabe, actualmente la CEAV tiene registradas en el orden federal un aproximado de 24,000 víctimas y en lo local alrededor de 5,000. Sin embargo, hay que agregar que sobre lo local no se cuenta con datos más precisos en el registro federal porque no todas las entidades han enviado sus registros completos, lo que impide tener un claro conocimiento sobre la población a que no le ha brindado la atención integral a nivel estatal.

De los casos reparados resalta la compensación que se ha realizado en 45 casos de funcionarios públicos, en su mayoría servidores que en el ejercicio de la actividad de seguridad pública recibieron un daño y por ello fueron reparadas. Cuestión que debería complementarse con políticas públicas que establezca en la reparación del daño la corresponsabilidad de las dependencias de adscripción donde laboraban estas personas, lo que no pasa hoy.

Es visible en la CEAV un interminable periodo de crisis en la atención a las víctimas que impacta en sus derechos, pues siguen esperando el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Por ello resulta particularmente relevante que el actual proceso de elección de la/el comisionado(a) esté encaminado a elegir a quien resulte el mejor perfil de las personas postuladas y que en los hechos sea capaz de liderar el proceso de transformación de una institución fundamental, dadas las condiciones de violencia, criminalidad y violación a los derechos humanos que vive nuestro país.

Sin duda es primordial que la persona que dirija la CEAV esté envestida de legitimidad para convocar y alentar la participación de las organizaciones civiles, colectivos de víctimas, expertos y académicos. Especialmente para realizar conjuntamente un diagnóstico integral en el que se identifiquen las ventanas de oportunidad sobre las que se tiene que trabajar para mejorar la operación. Asimismo, es urgente realizar reformas legislativas estructurales sobre la LGV que no simplifique, nuevamente, la problemática a realizar pequeñas adecuaciones, sino a la generación de medidas de alto espectro y en todos los rubros.

El aparato estatal debe dejar de ver la atención a víctimas como una carga y abordarla desde la perspectiva de derechos humanos y de género. Como tal es una obligación estatal y un derecho humano de las víctimas. Por ello, tiene una protección reforzada en la que todos los entes de gobierno con posibilidades de realizar acciones en materia de atención deben colaborar en la generación de un sistema eficiente que brinde a las víctimas una atención integral, el cual debe ser coordinado por la CEAV.

En relación a lo anterior, un tema importante a trabajar arduamente es el acercamiento con la entidades federativas. El mayor desafío de este acercamiento debe ser homologar las leyes de atención a víctimas, verificar que se opere por una comisión ejecutiva o ente garante, y que éstas dispongan de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Actualmente existen 25 comisiones ejecutivas estatales, de las cuales por lo menos seis no cuentan con un fondo de atención a víctimas. La mayoría de las que cuentan con el mencionado fondo, éste resulta insuficiente y no cuenta con recursos humanos, financieros y materiales para una operación óptima, lo que deriva en el incumplimiento de la implementación de la LGV en la mayoría de las entidades federativas del país.

Es urgente una transformación radical de esta institución y del funcionamiento del sistema de atención a víctimas. Urgen acciones precisas y contundentes que deriven de un diagnóstico integral que permita echar andar toda la maquinaria estatal poniendo en el centro a la víctima y sus derechos. En ese sentido, resulta imperante que en la próxima elección de la/el comisionado de la CEAV que hará la Cámara de Senadores de la terna que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, se rebase cualquier injerencia política, que sea transparente y con la participación de las víctimas. El perfil de la persona seleccionada para dirigir esta institución debe brindar las certezas sobre la operación futura de esta institución ante los resultados actuales. Ello habrá de contribuir significativamente a que la percepción que tienen las víctimas sobre la actuación de la CEAV cambie y favorezca su participación. La/el comisionado de la CEAV, con su experiencia y capacidades, debe garantizar que la carencia de recursos no siga siendo utilizada como la bandera de la ineficiencia burocrática y que se continúe prestando un servicio que revictimiza por la falta de la debida diligencia y una atención integral en un plazo razonable por parte de sus operadores. Son derechos de las víctimas, a quienes no se les debe continuar negando ni haciendo esperar.

* Consultor independiente, colaborador externo de Instituto para la Seguridad y la Democracia-INSYDE, del Programa Projusticia de USAID y de la Agencia de la GIZ en México.

 

1 Los datos presentados son producto de diversas solicitudes de información realizadas por el autor durante 2018 y 2019 vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

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