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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
El rol de la policía en la reducción de la violencia contra las mujeres
La policía mexicana es un espacio históricamente impregnado de características hipermasculinas que han dado cuerpo a instituciones machistas, misóginas y conservadoras.
Por María Eugenia Suárez de Garay
9 de diciembre, 2019
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La violencia contra las mujeres constituye una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves y extendidas en nuestras sociedades. Esa realidad -íntimamente vinculada con las desigualdades sociales por razón de género- permaneció oculta mucho tiempo, pero, en épocas más recientes se observa una mayor sensibilidad social que ha favorecido su visibilidad y atención con miras a su erradicación. El movimiento amplio de mujeres a nivel nacional ha conseguido y lucha constantemente para que este fenómeno, entendido hasta hace pocos años como una cuestión familiar y privada, sea hoy considerado como un importante problema social, de seguridad y político en diversos sectores de la sociedad. Buena parte de sus esfuerzos han estado dirigidos al señalamiento de la responsabilidad directa de los poderes públicos, a quienes compete la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad de todas las personas, y al llamado constante para que asuman la obligación que tienen de dar una respuesta coherente y eficaz al problema. Si revisamos la definición actual del concepto de seguridad pública: -actividad dirigida a la protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y a la estabilidad pública y buen orden ciudadano-, podemos concluir, en consecuencia, que la violencia contra las mujeres tiene que ser un objetivo prioritario para cualquier política pública de seguridad y de la policía.

Si pensamos a la policía como una de las instituciones estatales que interviene de forma más directa en la producción de la seguridad ciudadana, tanto en su dimensión objetiva, mediante la prevención y el control de la delincuencia, como en su dimensión subjetiva en la gestión del miedo y el sentimiento de seguridad, concluiremos en lo relevante que es el rol de la policía tiene en la atención a la violencia contra las mujeres y en su reducción. Como protectora de los derechos y libertades de las y los ciudadanos, a la policía le toca desempeñar un papel fundamental en la protección de las mujeres receptoras de violencia de género por su capacidad de acceso inmediato al lugar de los hechos o por ser la primera institución a donde las víctimas directas o indirectas acuden o llaman para que intervenga en actos de violencia o poco después de que estos han ocurrido. Pero sobre todo, le corresponde ser una protagonista clave en la promoción de una cultura de proximidad y de la prevención que posibilite vertebrar esfuerzos de la sociedad organizada, movilizar la participación ciudadana e involucrar a las comunidades para incidir en la reducción de la violencia de género que viven las mujeres. Por ello, la actuación policial en materia de violencia contra las mujeres debe ir encaminada a la inmediatez y a una actitud de acogida empática, fundada en una formación policial que prioriza la sensibilización y la comprensión densa de este tipo de violencia, así como el conocimiento técnico policial de los mecanismos, procesos y procedimientos policiales para su debida orientación, derivación y atención.

La manera en que la policía responde a la violencia contra las mujeres es fundamental para la libertad de ellas en todo el mundo. La policía está en la primera línea del sistema de justicia penal. Es la institución de control social que se enfrenta en primer lugar al problema. Es el único servicio disponible día y noche, con capacidad para usar la fuerza y terminar con la agresión. Además, es un apoyo fundamental para las instancias de procuración de justicia, que permite garantizar la integridad y seguridad de las mujeres receptoras que han acudido a los servicios de atención. Su actitud y respuesta a este problema puede tener un impacto central en el desarrollo de los acontecimientos, incluso en la prevención de futuros actos violentos. Cuando las mujeres acuden a la policía en busca de ayuda, las y los agentes policiales que responden a su llamado están en una posición privilegiada para ser un referente clave de protección y justicia para ellas. Y en ese sentido, están frente a la posibilidad –y también frente a la decisión- de optar por liberar de la violencia a una mujer investigando plenamente su caso, haciendo valer las leyes u orientándolas y derivándolas adecuadamente para una debida atención frente a la situación que transitan. O pueden decidir profundizar aún más esa violencia, revictimizándolas, al rehusarse a investigar apropiadamente y no poner a su servicio los poderes esenciales de la policía.

La policía tiene una discrecionalidad enorme e irrestricta al tomar estas decisiones, y las mujeres receptoras no cuentan muchas veces con medios confiables para responsabilizar a los agentes. El riesgo aumenta todavía más por el hecho de que, si la policía no responde en forma apropiada, como ocurre con demasiada frecuencia, no hay muchos otros lugares a los que las mujeres quieran o puedan recurrir. Y estas son decisiones que en toda policía se tienen que tomar cientos de veces al día y en momentos críticos de la vida de las mujeres. Pensemos por ejemplo, ¿cuántas de las llamadas que recibe diariamente la policía en nuestro país son llamadas por violencia contra las mujeres? Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019, del total de llamadas reales al 911 (número nacional de emergencia) que asciende a 13,387,386, se han recibido 158,425 vinculadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Aunque no todas estas llamadas derivan necesariamente en una denuncia, sí existe un registro de hechos descritos de violencia ejercida directamente contra mujeres que ya arrojan luz sobre la magnitud del problema.

Lo anterior se agudiza porque la policía mexicana es un espacio histórico e históricamente impregnado y abigarrado de características hipermasculinas que han dado cuerpo a instituciones machistas, misoginas y conservadoras, donde es posible identificar una lógica policial jerárquica y de género que “excluye a las mujeres” o que limita/controla/menosprecia su presencia en los “lugares” propios de su actuar, que termina por colocar en un segundo plano la grave problemática de la violencia contra las mujeres solo por ser mujeres. Por ello, no resulta extraño que cuando las o los agentes policiales se dirigen a la atención de algún caso de violencia contra las mujeres y se le atraviesa otro servicio, -por ejemplo, un robo-, suelan decidir o directamente recibir la llamada de sus superiores para redirigirse a lo que consideran el “verdadero trabajo policial, atender los delitos”, como si los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres no estuvieran tipificados como tales.

Estas formas policiales se expresan como un orden de lo policial que va mucho más allá de ser única y tradicionalmente masculino, para presentarse perturbadoramente institucional y suscrito colectivamente. De ahí que el poder policial orientado a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se convierta en uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta las propias instituciones policiales en su procesos de modernización, porque justo para hacer efectivo dicho poder han de tener que enfrentar y deconstruir esa cultura sexista y de dominación masculina que imposibilita una comprensión y aproximación distinta al problema. Es importante señalar que la complejidad que ello supone, no pasa solo porque las fuerzas policiales en buena parte del país siguen estando conformadas mayoritariamente por hombres. Es más bien la fuerza y vigencia de ese orden de lo policial que sigue seleccionando y socializando a hombres y mujeres bajo estándares obsoletos, entrenados en academias que siguen priorizando una visión y formación militar y luego empleados en los diversos espacio insulares e hipermasculinos de las instituciones policiales cuya historia, estructuras y políticas están sumamente permeadas por prejuicios contra las mujeres.

El carácter generalizado de este problema social indicaría que cuando la sociedad se entera de los actos de violencia contra las mujeres las intervenciones deberían ser eficaces para conseguir reducir la victimización. Ahí en el primer contacto de las mujeres con la institución es que es posible observar claramente la capacidad de respuesta institucional. Uno de los aspectos que más contribuye para el descrédito de la policía es el escepticismo de las mujeres y de la población en general, en su actuación y en su verdadera capacidad para garantizar su seguridad. Otra crítica que se le hace a la policía está relacionada con la falta de interés que normalmente muestran las y los agentes policiales por los casos de violencia contra las mujeres, lo que se justifica con la cultura predominantemente masculina que existe en la policía, que tiende a minimizar estos casos y que convence al sujeto policial de la inutilidad de su intervención porque está cierto que las mujeres receptoras tarde que temprano volverán con el agresor y se desistirán de la denuncia. Es justo en la confluencia de dos de los mitos más comunes que circulan en el imaginario social y que ayudan a ocultar esta violencia que los policías encuentran las razones para la inacción policial: la preocupación por la privacidad de las familias y la creencia de que las agresiones domésticas son conflictos familiares y no verdaderos delitos. Como si la violencia contra las mujeres se diera exclusivamente tras las puertas de un “hogar”.

A partir de diversas investigaciones etnográficas realizadas en diversas instituciones policiales municipales del país, nos es posible afirmar que nuestras policías no logran hacer todavía lo suficiente para proteger a las mujeres contra la violencia. Prevalece una fuerte inercia compuesta de apatía, desintéres, deficiencias y falta de capacidades en su actuación. Se observa dilación en la atención y fracasos en la protección de las víctimas, contribuyendo con ella a su victimización, polivictimización y/o revictimización. Aún más, hoy se les acusa en diversas entidades del país de que sus agentes masculinos son generadores de violencia contra las mujeres. Un dato relevante sobre esto último es el que brinda Aministía Internacional en su Informe Sobrevivir a la Muerte, publicado en 2016, donde de 100 mujeres entrevistadas tras su detención, 33 de ellas denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, policías municipales y policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo y también se señala su fraternización con las personas generadoras de violencia.

La actuación policial en este plano aparece como un reflejo del entorno social en el que viven las mujeres receptoras de violencia y marcan una clara frontera entre lo que es tolerable o no. Esas respuestas suelen tener un efecto determinante sobre los sentimientos de satisfacción ciudadana con la policía y el bienestar personal de las mujeres receptoras de violencia. Por un lado, si la atención policial es positiva eso contribuirá a que las mujeres receptoras de violencia tengan una mejoría en su percepción o confianza, lo que les puede facilitar emprendan acciones legales, aumentar su satisfacción y su predisposición a llamar a la policía en el futuro. Por otro lado, si las respuestas y actitudes son negativas, violentas, ineficaces, ello no solo agudizará la mala percepción que las mujeres y la sociedad tiene sobre la policía, sino que tendrá una incidencia determinante para que las mujeres receptoras de violencia no recurran a ella en momentos de emergencia y menos aun para que denuncien las agresiones vividas en situaciones futuras.

Pese a los importantes avances jurídicos y normativos que se registran en México para abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, hoy las instituciones públicas enfrentan el inmenso desafío de ser el motor para la implementación de las leyes que impulsan la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Tienen pues, la obligación de ejecutar políticas y medidas firmes que permitan implementar estrategias eficaces dirigidas a su prevención, atención y sanción. Están urgidas y llamadas a lograr una respuesta institucional eficaz (debida diligencia y atención de calidad); eficiente (cumplir con el objetivo máximo de proteger la integridad física y psíquica y hacer efectivos los derechos que la ley reconoce a las mujeres); con igualdad (de acceso a la justicia); y sostenible (atención continua y que se mantenga en armonía con otras dinámicas e iniciativas de los entornos específicos). Una respuesta institucional de estas características se orienta a la reducción de los daños, al cambio de mentalidades y de la estructura social que genera este flagelo. Ello supone contar con una amplia oferta de servicios integrales, integrados y profesionales de atención, apoyo y acompañamiento de parte de las instituciones del Estado para que a las mujeres se les garantice el derecho a una vida libre de violencia.

En ese sentido, las instituciones policiales y sus agentes deben contar con mecanismos e instrumentos especializados para brindar servicios policiales -efectivos y diferenciados por niveles de actuación- que respondan y sean pieza clave de un modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres impulsado por el Estado. El no contar con estos mecanismos e instrumentos genera diversos vacíos y problemas en el primer nivel de atención, especialmente en lo que toca a la atención que brinda la policía preventiva municipal en su calidad de primer respondiente, comprendiendo que su llegada al lugar de los hechos es parte de una cadena de intervenciones que pueden incluso continuar con su intervención en procesos de control y seguimiento de órdenes de protección dictadas por el Ministerio Público. Ello nos coloca ante el inmenso desafío de promover en las instituciones policiales cambios de comportamiento y prácticas favorables a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, poniendo énfasis en nuevos criterios de atención que garanticen la no discriminación.

La prolífica poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense Margaret Atwood dice en su libro La maldición de Eva (Lumen, 2006), que los hombres temen que las mujeres se rían de ellos y las mujeres temen que los hombres las asesinen. No le falta razón. La huella de la violencia contra las mujeres no se borra con facilidad. La respuesta policial a la violencia contra las mujeres resulta vital en este sentido, lleva implícito un mensaje que simboliza la condena social a esta violencia. La fuerza de este mensaje depende de la consistencia y uniformidad de esta respuesta. Un mensaje de tolerancia cero puede jugar un papel central en la visibilización de este flagelo. Un mensaje que nos convoque a todas y todos y que nos permita convertir nuestras casas, centros de trabajo y de estudio, las organizaciones sociales y políticas y la calle en lugares seguros y de igualdad ciudadana. Debemos hoy más que nunca visibilizar la magnitud del malestar de las mujeres para dejar de tener miedo y para llamar a los hombres a construir un mundo libre de violencia y de paz. En este proceso nuestra policía no puede estar ausente, ni solo ser espectadora. Las urgimos a sumarse.

* María Eugenia Suárez de Garay  (@marulanda24) es Profesora-investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del Blog Seguridad 180° de @InsydeMx.

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