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El uso ¿legítimo? de la fuerza en la migración
Es importante que los protocolos de actuación del INM incluyan lineamientos claros para el control de multitudes como en el caso de las caravanas de migrantes o manifestaciones de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, que consideren el diálogo y la mediación como primera herramienta de acercamiento.
Por Araceli Avila
14 de septiembre, 2021
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La participación coordinada del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) para frenar los flujos migratorios, disolver las caravanas de migrantes y hacer detenciones ha estado en tela de juicio las últimas semanas. Por una parte porque hay evidencias de un uso desproporcionado de la fuerza y por el otro porque la política migratoria que al inicio del sexenio fue anunciada como humanitaria y de brazos abiertos, ahora ha dirigido su cauce a una política migratoria punitiva que trata de controlar los flujos migratorios a través de la contención y deportación, violando el derecho a la migración y poniendo en riesgo las vidas de las personas solicitantes de protección internacional que son deportadas a sus países de origen.

Las organizaciones de sociedad civil seguimos exigiendo el cese a las detenciones migratorias y evidenciando las múltiples violaciones a derechos que se dan en custodia del INM y en los centros de detención. Pero en esta ocasión nos gustaría concentrarnos en la actuación de agentes de migración que en cumplimiento de la actual política migratoria siguen realizando detenciones y ejerciendo el uso legítimo de la fuerza.

A finales de agosto circuló en redes sociales una grabación donde se observa el momento agentes del INM golpean a un migrante, incluso tumbándolo al suelo y pateándole la cara, mientras uniformados de la GN custodiaban la escena con sus escudos. El INM señaló que dos agentes fueron suspendidos por estos hechos. En otro video se observa cómo agentes de la Guardia Nacional golpearon con sus escudos a un migrante que cargaba a una menor de edad en medio de la lluvia, para impedirle seguir el paso de la caravana. En las siguientes semanas seguimos viendo cómo agentes tanto del INM como de la GN realizan operativos o redadas para desarticular caravanas migratorias y detener a solicitantes de protección internacional. De hecho, como señala Alberto Pradilla, ninguna caravana ha tenido éxito desde enero de 2019.

Como sabemos, el INM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya función es hacer cumplir la política migratoria, la cual, además, es un tema de seguridad nacional en México. Las y los agentes de migración son entonces autoridades del Estado que aún cuando no están facultados para el porte de armas, sí son agentes federales que hacen uso de la fuerza y que deben someterse a los controles de confianza.

Hace años el INM argumentaba que no le correspondía capacitar a sus agentes ni tener protocolos de uso de la fuerza porque no están facultados para el porte de armas, lo que sin duda es una visión limitada de lo que implica el uso legítimo de la fuerza.

Hacia 2014 y luego de la presión de las organizaciones de sociedad civil, el INM presentó un Manual de Operación del Uso de la Fuerza, un protocolo interno con una visión limitada y obsoleta del uso de la fuerza. Primero porque no fue pensado específicamente en las facultades que tiene el Instituto, no brinda certeza sobre la actuación en la atención especializada a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que debe atender (como son las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados y familias migrantes, por mencionar algunos), tampoco indica la actuación para el control de multitudes (en el caso de caravanas migrantes, por ejemplo), no incorpora un modelo de desescalamiento del uso de la fuerza (lo que sería óptimo en el marco de derechos humanos), no especifica cómo debe ser la actuación en los casos en que realiza intervenciones acompañados de otras instancias de seguridad (actualmente se hacen acompañar por la Guardia Nacional), y lo que es más, tienen una sección informativa sobre el uso de armas de fuego, cuando ni siquiera están facultados para la portación de armas. El protocolo sí indica que deberán hacer un reporte escrito del uso de la fuerza cuando las y los agentes hagan uso de ella, pero no señala cómo estos reportes serán usados o analizados para la mejora institucional y la instalación de capacidades en sus agentes.

Desde que fue presentado el Manual de Operación del Uso de la Fuerza del INM, Insyde y otras organizaciones de la sociedad civil hicimos notar sus carencias, pero no hubo interés real del INM por mejorarlo. El manual del INM podría considerarse obsoleto hoy más que nunca tomando en cuenta los avances que se han tenido desde entonces a nivel nacional para la regulación del uso de la fuerza legítima.

La Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza (LNUF) define el uso de la fuerza como “la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables”. Ésta debe regirse con los principios de absoluta necesidad (que sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas), legalidad (se realice con estricto apego a la normativa aplicable), prevención (que los operativos sean planificados y se lleven a cabo minimizando el uso de la fuerza), proporcionalidad (que el nivel de uso de la fuerza sea acorde al nivel de resistencia y el nivel de riesgo, de tal forma que las y los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio diferenciado y progresivo de uso de la fuerza), rendición de cuentas y vigilancia (que existan controles que permitan la evaluación de las acciones del uso de la fuerza).

Seguida de la LNUF, aprobada en 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en 2021 un Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza (PNUF), estableciendo por primera vez lineamientos específicos para regular la actuación de las y los agentes de instituciones de seguridad en materia del uso de la fuerza cuando actúen en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica tanto a las personas representantes de la autoridad como a la población o grupos vulnerables en general en el marco de respeto a los derechos humanos. El mismo protocolo define como agente a cualquier servidor público integrante de las instituciones de seguridad que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza, por lo que el protocolo aplica tanto para agentes del INM como para agentes de la GN. Cabe señalar que el PNUF sí considera la mera presencia de la autoridad como un nivel de uso de la fuerza y un esquema de desescalamiento según la resistencia (cesar el uso de la fuerza una vez controlada la situación que le dio origen).

Que existan estos instrumentos no quiere decir que el INM está exento de generar sus propios lineamientos internos, ya que es indispensable que modernicen la concepción de uso de  la fuerza y, como se planteó antes, deben considerar las características específicas de la población migrante, población en situación de movilidad y solicitantes de protección internacional con quienes interactúan cuando hacen operativos de control migratorio. Además, se debe especificar cómo debe darse la interacción en operativos conjuntos con otras instancias de seguridad, como la Guardia Nacional. En este sentido, desde el 2013 que Insyde llevó a cabo un exhaustivo diagnóstico del INM, se hizo hincapié en la necesidad de que se especifiquen las circunstancias y modalidades para solicitar el apoyo e intervención de los cuerpos de seguridad en las labores de control y detención migratorias, especialmente porque estos portan armas y eso aumenta el riesgo para la integridad de las y los migrantes, especialmente para las familias, mujeres y las niñas, niños y adolescentes.

Es importante que los protocolos de actuación del INM incluyan lineamientos claros para el control de multitudes como en el caso de las caravanas de migrantes o manifestaciones de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, que consideren el diálogo y la mediación como primera herramienta de acercamiento para evitar las trágicas escenas de uso excesivo de la fuerza contra poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que hemos presenciado en las últimas semanas.

Es urgente que el INM transparente los procesos o mecanismos de investigación y sanción para sus agentes -si es que existen- en los casos de un uso desproporcionado de la fuerza y que se establezcan mecanismos externos de supervisión para verificar estos procesos, así como promover el análisis de los reportes del uso de la fuerza para impulsar mejoras en la capacitación de sus agentes y generar mejoras institucionales. Estos mecanismos de supervisión deben promover no sólo la sanción de la mala conducta, sino también incentivos para las buenas prácticas, pero -sobre todo- debe haber procesos de aprendizaje institucional para la no repetición de las malas prácticas.

* Araceli Avila es investigadora en el @InsydeMx.

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