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En la rejilla de prácticas
Los tribunales mediáticos se solazan en presentar imágenes de personas imputadas tras una malla metálica, dando a la audiencia de los medios la percepción de que ya cumple una condena; falsa percepción de justicia al tratarse de una diligencia en un proceso judicial y no una resolución judicial o sentencia inculpatoria.
Por Insyde
13 de mayo, 2014
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Por: Sergio Leñero Reveles (@Guachachi)

Los juzgados del sistema penal mexicano cuentan con un lugar físico que se dedica específicamente a apercibir a las personas imputadas de los autos o notificaciones del proceso judicial al que son vinculadas. Se trata de la rejilla de prácticas.

En el sistema penal inquisitorio-mixto (que se encuentra en transición desde 2008 con la implementación del sistema penal acusatorio) la rejilla de prácticas tiene la finalidad de cubrir las diligencias del proceso judicial que requieren que la persona imputada esté presente en la audiencia, y ha sido fuente de información predilecta de numerosos y sonados casos judiciales que trascienden en portadas y notas en los medios de comunicación.

Como consumidores de información y noticias, continuamente leemos cómo la nota policial, la judicial, la nota roja en México utiliza a la rejilla de prácticas como muletilla en encabezados o en el cuerpo de las notas informativas: “En la rejilla de prácticas”, “a la rejilla de prácticas”, “tras la rejilla de prácticas”, “presentan en la rejilla de prácticas”.

Lugar común es el uso de tales expresiones para señalar que una persona imputada ha sido notificada de un auto judicial o vinculada en una audiencia procesal. Los tribunales mediáticos se solazan en presentar imágenes de estas personas imputadas tras una malla metálica, dando a la audiencia de los medios la percepción de que ya cumple una condena; falsa percepción de justicia al tratarse de una diligencia en un proceso judicial y no una resolución judicial o sentencia inculpatoria.

Actualmente, con la implementación del sistema penal acusatorio y la garantía de los derechos humanos en la justicia penal, la fuente de información gráfica -que ha representado para periodistas y medios de comunicación la presencia irrestricta en las diligencias que se llevan a cabo en la rejilla de prácticas de los juzgados del país- experimenta una transición o cambio debido a que el nuevo sistema penal se basa en la garantía de los derechos humanos tanto de víctimas como de personas imputadas, a lo que le otorga facultades a los jueces para determinar el acceso o la negativa de acceso de las y los periodistas a las diligencias con cámaras fotográficas, de video o grabadoras de audio.

Lo anterior se pone de manifiesto con los recientes tres casos judiciales de figuras políticas que han ocupado bastante tinta en los impresos, minutos en las pantallas de televisión y gran presencia en Internet: el caso de Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, y Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes.

Sin ahondar en el proceso judicial, en el caso de Elba Esther Gordillo la publicidad de su detención y proceso ha sido mayúscula, se ha dado amplia cobertura mediática al juicio y a su privación de la libertad. Medios de comunicación han dado seguimiento puntual a cada una de las diligencias y elaboran una detallada cobertura noticiosa cuando la imputada se presenta en la rejilla de prácticas. Así, el Estado ha volcado su aparato de comunicación para difundir el juicio sin que, al parecer, se hallan ponderado debidamente los derechos de la imputada frente al derecho a la información de la sociedad; se desconoce públicamente el criterio que tomó el juez sobre la presencia de cámaras de video y fotográficas en el proceso.

En sentido contrario, en el caso de Andrés Granier Melo la jueza Taissia Cruz Parcero fijó un criterio claro desde la primera audiencia, al determinar que “para impedir que una persona inculpada sea identificada como culpable antes del juicio, es improcedente permitir videograbaciones o la toma de impresiones fotográficas”. Incluso el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado de prensa en el que expone ampliamente sobre la determinación de no permitir la entrada de grabadoras de audio, video y cámaras fotográficas: “Este juzgado federal reconoce que la prensa está legitimada para realizar la cobertura noticiosa de procedimientos judiciales relacionados con la comisión de delitos, en particular, por el interés social que existe cuando en estos se ven involucrados servidores públicos (…) El principio de publicidad que rige en el proceso penal debe armonizarse con otros principios como el de presunción de inocencia”.

Por su parte, el reciente caso del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue cubierto por los medios de comunicación cuando estuvo en la rejilla de prácticas para rendir su declaración preparatoria. Actualmente Reynoso Femat sigue su proceso en libertad tras pagar una fianza, sin embargo, de igual manera, se desconoce públicamente si hubo algún criterio para permitir el levantamiento de imagen de medios de comunicación.

Estos tres casos ejemplifican el proceder discrecional de las y los impartidores de justicia frente al derecho a la información, a los medios de comunicación y la cobertura de la prensa en el manejo informativo judicial. En el primer ejemplo fue la máxima exposición mediática sin regulación; en el segundo, una clara determinación negativa en el acceso de los medios de comunicación a las audiencias, y el tercero denota la ausencia de criterios por parte de una autoridad judicial.

El sabor de boca que deja la forma de hacer pública la información por parte de las autoridades judiciales es el del uso político/mediático de la justicia; no hay claridad respecto a los criterios para determinar cuál es la información de interés público y el cómo se debe informar al respecto, con marcadas diferencias en las formas. Cabe destacar que con el recientemente aprobado y vigente desde marzo de 2014 Código Nacional de Procedimientos Penales, se cierra por completo la posibilidad de que periodistas graben las audiencias públicas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 55, 58 y 113.

Finalmente -como en la mayoría de las coberturas noticiosas de los procesos penales-, surge la cuestión de la ética y la regulación para los medios de comunicación que publican las imágenes de las personas sujetas a proceso por la autoridad judicial: cuáles son y qué se obtiene de los valores informativo-simbólico y económico/político-tangible de exhibir a las personas imputadas en la rejilla de prácticas.

 

* Sergio Leñero Reveles es director de Comunicación y coordina el Proyecto Violencia y Medios de Insyde.

 

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