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Evaluar a las instituciones y no sólo a sus policías
Ocho años después, tras cientos de millones de pesos invertidos, decenas de miles de policías dados de baja y decenas de miles más que no aprobaron el examen pero que aún siguen en funciones, la policía en México sigue siendo una de las instituciones consideradas más corruptas y que menos confianza merece de los mexicanos.
Por Insyde
20 de junio, 2016
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Por: Alejandro Espriú Guerra

Un policía que recién termina su formación en la academia y se presenta en la institución policial por primera vez para recibir como bienvenida de sus nuevos compañeros la frase “olvídate de todo lo que te enseñaron, la verdadera escuela está en la calle”.

Un policía que tras años de servicio y dedicación ve a compañeros recién incorporados ascender continuamente por su ‘cercanía’ con los mandos.

Una agente que es víctima de acoso sexual por parte de sus mandos y no encuentra dentro de la institución un medio para canalizar y resolver su situación.

Un policía que sale a un operativo para, una vez herido, darse cuenta de que su chaleco antibalas no contaba con la vigencia o medidas adecuadas de protección.

Policías que encuentran en sus superiores a perfiles que no cumplen con los requerimientos de ingreso establecidos en las leyes y reglamentos vigentes.

Agentes que por su función y condiciones enfrentan situaciones extremas de estrés y que no disponen de servicios psicológicos o de protección legal, como tampoco de prestaciones laborales básicas.

Un policía que es sometido a medidas disciplinarias de manera arbitraria, por no ser del agrado de su superior.

Un agente que no sabe cómo proceder frente a hechos delictivos que impliquen hacer uso de la fuerza y que, ante su falta de conocimiento, prefiere hacer ‘lo que puede con lo que tiene’.

No, no son situaciones imaginarias. Estos, todos ellos, son casos de los que nos enteramos de manera cotidiana quienes conocemos y trabajamos de cerca con instituciones policiales. El peor enemigo y más grande desafío de la policía está al interior de la misma policía. La existencia y acumulación de vacíos institucionales prevalece como una constante que trastoca todas las terminales de la función policial y acaba por minar la confianza y percepción de seguridad que tienen los ciudadanos.

Las prácticas informales; los enormes tramos de poder que no se someten a ningún tipo de control; la toma de decisiones que surge de la mera intuición de los mandos y se consolida en lo oscurito; la experiencia empírica heredada que se antepone a la formalización de procedimientos y, en general, la operación de una cultura policial que basa su dinámica en la adopción y adaptación de reglas no escritas –normalmente al servicio de aquellos que ostentan el poder dentro de la institución– figuran entre las verdaderas claves de la descomposición de la policía.

A principios de los años setenta, en el marco del trabajo de la Comisión Knapp –integrada para investigar los casos de corrupción en Nueva York– la teoría de las ‘manzanas podridas’ comenzó a obtener notoriedad. Dicha teoría, que concibe a la participación activa de los agentes en ‘acciones desviadas’ como un fenómeno que afecta a sólo unos cuantos, se centra en factores psicológicos o conductuales y parte de la premisa que, al eliminarse las ‘manzanas echadas a perder’, el resto del grupo se mantiene íntegro. El énfasis está puesto sobre el control o expulsión de los agentes identificados como corruptos o deshonestos.

Para finales de los noventa, la literatura especializada comenzó a proponer un análisis distinto, enfocado no sólo en la dinámica del fenómeno y sus sujetos sino también en la estructura y cultura que lo alimentan y hacen posible. Esta nueva teoría, llamada del ‘barril podrido’, coloca en el centro de la discusión a la policía como organización, enfatizando el hecho de que los arreglos y dinámicas institucionales influyen irremediablemente sobre el comportamiento individual de sus agentes, ya sea promoviendo, conteniendo o desincentivando ciertas conductas o prácticas específicas.

Conforme ha avanzado el tiempo y el entendimiento del actuar policial, el análisis se ha ido complejizando hasta llegar incluso a un tercer nivel de enfoque, el de ‘huerto podrido’, que incorpora elementos del sistema de seguridad y justicia en su conjunto. Hoy en día, la coincidencia entre especialistas internacionales afirma que no existe análisis completo y mucho menos la posibilidad de una verdadera reforma policial si no se abordan a profundidad las deficiencias institucionales. En otras palabras, si no se examina y repara al barril, las condiciones que éste guarda seguirán echando a perder las manzanas que contiene, sin importar cuantas y qué tan seguido se saquen.

A la gran mayoría de los funcionarios de nuestro país les ha costado trabajo entender esta lección, aun siendo resultado de la experiencia acumulada en otras partes del mundo. ‘Nadie experimenta en cabeza ajena’ parece ser una máxima tatuada en el subconsciente de nuestras autoridades.

En 2008, el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Legalidad –firmado como resultado del alto grado de condena social a la inseguridad que azotaba a nuestro país en aquel momento– incorporó como una de sus cláusulas más notorias la evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales a través de organismos certificados. Gran expectativa generó esta propuesta. Sin embargo, ocho años después, tras cientos de millones de pesos invertidos, decenas de miles de policías dados de baja y decenas de miles más que no aprobaron el examen pero que aún siguen en funciones, la policía en México sigue siendo una de las instituciones consideradas más corruptas y que menos confianza merece de los mexicanos (sólo 1 de cada 3 confían en ella según la última encuesta –ENVIPE del INEGI).

Si bien la evaluación integral del desempeño individual es un factor de enorme valía para diagnosticar las condiciones del estado de fuerza de una policía, de poco sirve para transformarla si no se incorporan mecanismos que evalúen el ámbito institucional, generando procesos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Aunque con importantes insuficiencias en los medios de ejecución, hoy en día el debate en torno al Mando Único/Mixto ha impulsado al Congreso de la Unión a dar un paso hacia adelante y abordar la necesidad de evaluar y certificar a las instituciones y no sólo a sus policías, a fin de garantizar que las primeras cuenten con capacidades organizacionales suficientes para hacer frente a las amenazas actuales. Parece que, aunque tarde y de malas, hemos llegado parcialmente a la agenda de discusión de algunos de los países más avanzados en materia de reforma a la policía.

A pesar de las resistencias e incomodidades que ello puede y ha propiciado, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos apostado desde hace años por el enfoque institucional. Para quienes colaboramos en el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la Reforma Policial Democrática sólo es posible si se consolida un sistema de pesos y contrapesos que permita a las instituciones policiales formalizar sus procesos y rendir cuenta de ello. Por eso, como resultado de un premio que Insyde obtuvo en 2007 por parte de la Fundación MacArthur, este Instituto diseñó y puso en marcha una metodología de Certificación Policial Ciudadana que ayuda a las instituciones policiales a regular sus procedimientos operativos bajo estándares predeterminados para después someterse a la revisión externa de los ciudadanos y constatar públicamente que así lo hizo.

La Certificación ayuda a eliminar o contener los vacíos institucionales y mejora las condiciones de la policía para actuar respetando la ley y los derechos humanos, para usar la fuerza de manera legítima y para incorporar a su cultura organizacional la transparencia y la rendición de cuentas. La experiencia internacional confirma que las policías que mejor sirven y protegen a sus ciudadanos son aquellas que disponen de prácticas estandarizadas abiertas al escrutinio público. Porque esa debe ser la meta y no menos: Que nuestras instituciones policiales cuenten con miembros íntegros que las hagan valer y respetar, pero que los policías también sepan que tienen el respaldo de instituciones sólidas que los incentivan y protegen, motivándolos a desempeñarse adecuadamente en beneficio de la sociedad.

Próximamente, Insyde dará noticias importantes respecto al potencial que este tipo de procesos guarda en beneficio de las policías, las comunidades a las que sirven y a la mejora de la relación entre ambas partes.

 

* Alejandro Espriú Guerra es Director de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención de @InsydeMx.

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