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Fortaleciendo policías: mejora en puestas a disposición en Cuauhtémoc, Chihuahua
En México, la mayoría de las instituciones policiales detienen gran cantidad de personas, pero estas se liberan al poco tiempo por diferentes circunstancias, reforzando el concepto de “puerta giratoria” y por consecuencia la percepción de impunidad e inseguridad en la población.
Por Alejandro de la Peña Gómez
15 de marzo, 2021
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A lo largo del país encontramos instituciones policiales que utilizan como índice principal de desempeño la cantidad de puestas a disposición ante el Ministerio Público del fuero común que realizan, pero desconocen su nivel de eficacia en las siguientes etapas del proceso. Es decir, detienen gran cantidad de personas, pero estas se liberan al poco tiempo por diferentes circunstancias, reforzando el concepto de “puerta giratoria” y por consecuencia la percepción de impunidad e inseguridad en su población. Chihuahua es uno de los estados que cuenta con el cien por ciento de avance de su armonización normativa al Sistema de Justicia Penal (SJP), y según el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-Mex), tiene un valor de impunidad de 61.11935, clasificado dentro de un índice de impunidad alto.

En el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el tercer municipio más poblado del estado con 180,638 habitantes (INEGI 2020), el INSYDE realizó un proyecto durante los 12 meses del 2020 con el cofinanciamiento del 90 % por parte del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y el 10 % de la Fiscalía General del Estado para el fortalecimiento del destacamento de la Policía Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Fiscalía General del Estado de la Zona Occidente (FGE-ZO) en cuanto a la puesta a disposición de personas detenidas en flagrancia.

La primera etapa consistió en realizar un diagnóstico para el cual se tuvo acceso a presenciar, sin intervenir, la dinámica entre policías y ministerios públicos en las puestas a disposición, también se realizaron grupos de enfoque y entrevistas con policías preventivos estatales, policías de investigación, mandos y titulares de las dependencias; además se estudió una muestra representativa de las carpetas de investigación de la Unidad de Narcomenudeo y Extorsión de la Fiscalía Zona Occidente del 2019 y las acumuladas durante el primer trimestre de 2020 del delito contra la salud con personas en flagrancia realizadas por la CES y la AEI. Se intervino esta Unidad debido a que por razones de estrategia oficial la Policía Estatal se dedica principalmente a la atención a ese delito dentro de la zona urbana del municipio.

Entre los hallazgos encontrados se destacó el hecho que la CES carece de manuales propios o procedimientos complementarios formalizados a los protocolos nacionales ajustados a su estructura orgánica.  El despliegue o presencia policial por parte de la CES en la tercera ciudad más poblada del estado, no cuenta con un diagnóstico que permita identificar la cantidad óptima de policías requeridos y tampoco las actividades de prevención y control del delito a enfocarse. Se detectó que el significado de prevención para los policías entrevistados se basa en un concepto limitado solo en dos vertientes: 1) la presencia policial inhibe la actividad delictiva y 2) la detención de narcomenudistas disminuye la incidencia delictiva. La escasa labor de inteligencia en las detenciones refleja que lo anterior no ocurre, en todo caso únicamente retrasa la comisión del delito.

El destacamento de la CES opera desde un hotel de la localidad, porque no cuenta con instalaciones propias,  y su estado de fuerza (30 integrantes promedio durante el año del estudio) se afecta en función a necesidades de otras regiones del estado, estas condiciones de infraestructura, equipo y presencia se encuentran en niveles críticos. La ausencia de espacios personales para desempeñar su labor, así como la de descanso, sin dormitorios individuales, entre otros muchos factores, generan un mayor estrés laboral, peligroso ante las condiciones de violencia en las que se desenvuelven.

También se encontró que la AEI realiza patrullaje preventivo, cada policía de investigación dentro de su turno aporta tiempo a realizar este patrullaje, realizando 11 de cada 100 detenciones en flagrancia de presuntos narcomenudistas. Sin embargo, reconociéndose su aporte a la vigilancia preventiva, su limitado número de integrantes (50), no le permite hacer una contribución sustancial en este tema y además provoca que descuide la investigación.

En cuanto a las detenciones y el patrón del perfil de los detenidos por la policía, en la mayoría de los casos fueron detenidos portando la droga que consumen, de acuerdo con los exámenes toxicológicos de las carpetas. Si bien las cantidades de droga por las que se les detuvo exceden la portación individual, es difícil determinar con las herramientas y evidencias disponibles que se trate de narcomenudistas, por lo que la mayoría son liberados bajo reservas de ley.

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de detención está relacionado con el tiempo de traslado al Ministerio Público. Silva y Padilla (2019 y 2020) y el World Justice Project (2020) han dado cuenta para el caso de México que mientras más se extienda el tiempo de traslado mayor será la probabilidad de que la persona detenida sufra tortura. En el caso de Cuauhtémoc se observó que las irregularidades al respecto son pocas. El 98.2 % de los traslados al Ministerio Público duran entre 1 y 3 horas, y únicamente el 1.8% de los casos excedieron las tres horas, que es el tiempo límite que las autoridades de la Fiscalía consideran que la detención es legal. Otra observación positiva, fue que a partir de enero del 2020 los integrantes de la CES y AEI realizaban el registro de la detención en la plataforma del Registro Nacional de Detenciones con el objetivo de familiarizarse con el procedimiento, no obstante, que no era obligatorio sino hasta el 1ro de abril del mismo año.

Ahora bien, las jornadas y dinámica de la observación externa permitió la normalización de nuestra presencia, por ello se pudieron detectar áreas de oportunidad de aplicación simple con potencial de impacto importante. Una de ellas fue la falta de herramientas técnicas que permitieran a las instituciones policiales y la Fiscalía evaluar de mejor manera su desempeño y estandarizar el intercambio de información mediante un instrumento de medición que fuera más allá del simple conteo de detenciones, sino que además se pudiera intercambiar información sobre la eficacia y estado del proceso judicial de las mismas.

La segunda etapa del proyecto consistió en diseñar un protocolo de actuación que atendiera las deficiencias detectadas y esto debía ser trabajado en conjunto con las dependencias, para darle sentido de pertenencia se creó una mesa de trabajo entre INSYDE, FGE-ZO, CES, AEI y FICOSEC. Este lineamiento tiene como objetivo el proveer una guía de actuación basado en las mejores prácticas para reducir los riesgos individuales y por consecuencia los institucionales en materia civil, administrativa y penal que las prácticas policiales conllevan.

A pesar de las restricciones sanitarias a razón de la contingencia por el SAR-COV-2, se pudo diseñar este protocolo en un periodo de 3 meses, seguido de otra fase igual de prueba. Este lineamiento contiene políticas de actuación específicas para mejorar las intervenciones policiales, el trato y traslado de los detenidos, uso de la fuerza, del llenado del Informe Policial Homologado. (IPH), del registro y análisis de la información. Sin lugar a dudas, la creación de este protocolo y de otros protocolos de actuación policial desde lo local crea un sentido de pertenencia y de congruencia a las actividades reales de las y los policías que los utilizan.

Es importante señalar que en la aplicación de la reciente normatividad nacional sobre el uso de la fuerza las instituciones se encontraban en un estado limitado en cuanto a conocimiento conceptual, alcance y aplicación. Por ende, el apartado del uso de la fuerza es una guía para la aplicación de esta, su documentación, sistematización y aprovechamiento de la información en el marco de la ley y ajustada a sus estructuras orgánicas, de aplicarlas, estarán en condiciones de cumplir con su primer informe público sobre el uso de la fuerza a finales del 2021.

Otro tema de reconocimiento es la aceptación de este ejercicio activo de participación ciudadana por parte de las instituciones, ya que posterior al cierre del proyecto de acompañamiento, la Fiscalía de la Zona Occidente de Chihuahua ha tomado el protocolo como instrumento propio, comenzando las gestiones jurídicas para formalizarlo a nivel estatal, paralelamente continúa capacitando a las instituciones estatales y  municipales de su zona en estas prácticas con el propósito de que se realice un estudio de impacto a mediados del 2021 bajo los mismos parámetros.

Si bien las condiciones del entorno político-electoral de este 2021 en Chihuahua presentan un riesgo latente para la continuidad de cualquier implementación de mejora institucional, la participación ciudadana activa constante generada por parte de actores como FICOSEC, además de la voluntad política de los titulares de las dependencias en turno,  se convierte en estímulo por ser un contrapeso para alejar a las instituciones de seguridad de los efectos de las transiciones gubernamentales para no detener el avance de la reforma policial.

* Alejandro de la Peña Gómez (@alejandrodlPG) es investigador en INSYDE, fue funcionario público en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y fungió como responsable de la primera Certificación Policial Ciudadana.

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