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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Frente al crimen organizado: desmantelar, pero también prevenir
¿De qué sirve desmantelar a una organización dominante en un territorio si no se hace algo para ejercer control efectivo del puerto o cruce fronterizo por donde entran y salen muchos de los insumos que hacen de dicho territorio un lugar estratégico para que otros grupos cometan nuevos delitos organizados?
Por Pablo Vázquez Camacho
30 de septiembre, 2019
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Descabezar, desmantelar y asegurar son las tres palabras que definen los contornos de la política contra la delincuencia organizada en México. Si bien cada una implica elementos estratégicos y operativos distintos, todas tienen algo en común: son acciones de combate frontal a organizaciones criminales específicas. Ninguna está dirigida contra aquello que hace posible la comisión de ciertos delitos por parte de dichas organizaciones.

Ir tras el líder de una organización altamente jerárquica y compacta; hacer arrestos simultáneos de operadores clave y someterlos a maxi procesos para desaparecer estructuras criminales de manera parcial o total o asegurar sus activos para volverlas inoperantes y desincentivar sus actividades son cosas que se hacen en contra de organizaciones que por alguna razón u otra se tienen en la mira; no son cosas que se hagan para evitar que otros grupos delictivos se reproduzcan al amparo de las mismas “oportunidades de éxito” que sus antecesores.

Por ello, más allá de sus méritos o de la necesidad de afinar su ejecución, sería erróneo pensar que alguna de estas tres estrategias representará por sí misma una solución definitiva y sostenible al problema de la delincuencia organizada de nuestro país. En el mejor de los casos y no es cosa para nada menor, la persecución focalizada, eficaz y reiterada de ciertos tipos de grupos (e.g. los más violentos o los más tóxicos)1 puede establecer límites claros a su comportamiento y reducir los daños asociados a su existencia. En el peor, la apertura de frentes simultáneos, la fragmentación desordenada de organizaciones y la ausencia de planes efectivos de contención frente a los vacíos de poder que puedan generarse tras el desmantelamiento de agrupaciones con un fuerte arraigo territorial, pueden atizar o generar nuevos conflictos, elevando los niveles de daño social.

¿De qué sirve desmantelar a una organización dominante en un territorio si no se hace algo para ejercer control efectivo del puerto o cruce fronterizo por donde entran y salen muchos de los insumos que hacen de dicho territorio un lugar estratégico para que otros grupos cometan nuevos delitos organizados? ¿De qué sirve desmantelar organizaciones si no se hace algo por evitar que se reproduzcan los esquemas de protección política y social que las incubaron y las hicieron crecer y fortalecerse?

Dado el carácter esencialmente parcial de las tres opciones que solemos tener sobre la mesa para hacer frente al “crimen organizado”, resulta necesario comenzar a diseñar políticas que no sólo se dirijan a las personas que se organizan para cometer delitos, sino que también, como sugiere la Prevención Situacional de la Delincuencia Organizada, se orienten a desarticular la estructura de oportunidades que hacen posible que ciertos delitos se comentan de manera organizada.2 En términos generales, esta labor implicaría hacer al menos tres cosas:

  • entender a cabalidad qué recursos, espacios y oportunidades son clave para ejecutar cada uno de los procesos, subprocesos y micro procesos asociados con los distintos crímenes organizados; es decir, analizar lo que en la literatura se conoce como los guiones criminales detrás de cada operación de tráfico, extorsión, secuestro, etc.;
  • hacer un inventario de todas las herramientas con las que cuenta el Estado mexicano – incluyendo por supuesto las penales y todas aquellas que sean producto de esquemas de colaboración con la sociedad y la comunidad internacional – para interrumpir el acceso a esos recursos, espacios y oportunidades por parte de aquellas personas que hipotéticamente pudieran tener interés en explotarlas con fines delictivos, y
  • usar esas herramientas, articulándolas en estrategias integrales de prevención situacional, para interrumpir o elevar al máximo los costos de cometer delitos de forma organizada, procurando recudir al máximo cualquier daño colateral en la sociedad, la economía y el sistema político.

Pensemos en un crimen organizado que involucre el traslado de algún bien ilícito desde la frontera sur hasta algún punto en nuestra frontera con los Estados Unidos. Sin afán de ser exhaustivo y consciente de la necesidad de revisar cada caso a detalle (sobre todo en lo que toca al análisis costo – beneficio), podríamos adoptar medidas como las siguientes para hacerle frente al problema de la delincuencia organizada desde la perspectiva de la prevención situacional:3

Algunos dirán que todo esto no es nuevo y que las acciones planteadas son de uso común. Y en parte tendrán razón. Sin embargo, a excepción de estrategias como las impulsadas recientemente por el gobierno de México para atender el robo de hidrocarburos o el robo al autotransporte de carga, esta forma de abordar el problema de la delincuencia organizada no se ha generalizado, ni desplegado de forma sistemática por lo que ha sido difícil integrar todas las herramientas que los gobiernos tienen a su disposición de manera articulada.

Otros dirán que, no obstante los posibles beneficios de desarrollar estrategias de prevención situacional como las descritas, no podríamos abandonar el combate frontal de organizaciones criminales. Y también tendrán razón. Además de la ineludible obligación legal de sancionar a las personas que cometen delitos, la prevención situacional podría ser un muy buen complemento (o viceversa) de las estrategias punitivas o disuasivas tradicionales, máxime si se trata de incursiones quirúrgicas contra las organizaciones más tóxicas para nuestra sociedad.

En todo caso, lo que no podemos seguir haciendo es limitar nuestras intervenciones al descabezamiento, desmantelamiento y aseguramiento de los bienes de organizaciones criminales y creer que con ello lograremos los cambios de largo plazo que requerimos, sobre todo si esto se hace sin enfocar nuestros esfuerzos de forma correcta. No podemos seguir pretendiendo que un problema tan complejo y con raíces tan profundas a nivel social e institucional pueda resolverse sin atender todas sus aristas y sin que todos los miembros del Estado mexicano asumamos los costos que nos corresponden. El éxito en esta empresa depende de que todos, los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad en general, pongamos de nuestra parte y hagamos lo que nos toca con honestidad y compromiso. Manos a la obra.

* Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE). Actualmente es responsable de un proyecto especial de prevención y reducción de la violencia letal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Las opiniones expresadas en este texto son a título personal y no necesariamente representan las opiniones de las dependencias e instituciones en las que el autor labora o ha laborado.

 

1 Ver: Kleiman, M. (2011), “Surgical Strikes in the Drug Wars: Smarter Policies for Both Sides of the Border”, en Foreign Affairs, Septiembre / Octubre. Disponible aquí.

2 Bullock, K., Clarke, R., and Tilley, N., (2012), Situational Prevention of Organised Crimes, (Nueva York EE.UU.: Routledge).

3 Podríamos adoptar tantas medidas como el número de procesos y subprocesos que integren la operación criminal sujeta a análisis.

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